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Crisanto: ¿Campesino o secuestrador?
Unos no entienden cómo el hombre que se encargó de Emmanuel pueda estar tras las rejas y otros de las Farc no.
27 de abril de 2013
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La vida de José Crisanto Gómez no ha parado de dar vueltas desde cuando la guerrilla le dejó al pequeño Emmanuel – el hijo de Clara Rojas– en su casa. Estuvo cuatro años en la cárcel a la espera de un juicio; escribió El hijo de la selva, el libro en el que cuenta su versión de la historia del niño nacido en cautiverio, que después se reencuentra con su madre; fue absuelto y puesto en libertad por un juzgado de Villavicencio; su esposa lo abandonó y lo dejó a cargo de siete hijos; a finales del año pasado viajó a España a la premier de la película Operación E, un polémico filme basado en su historia, que estuvo a punto de ser censurado en Colombia; y ahora se enfrenta a una pena de 33 años de cárcel, después de que el Tribunal Superior de Villavicencio lo halló culpable de los delitos de rebelión, secuestro extorsivo agravado, falso testimonio y fraude procesal.
La historia comienza una tarde de enero de 2005, cuando una pareja de guerrilleros, sin muchas explicaciones, dejó a un bebé de menos de un año en su casa en El Retorno, Guaviare. El menor tenía lesiones en rostro y pies, causadas por la picadura del pito (leishmaniasis), y varias fracturas en el brazo izquierdo.
El bebé era Emmanuel, pero, según su versión, Gómez no sabía de quién se trataba. No obstante se resignó a cuidarlo bajo la amenaza constante de la guerrilla, que solo una vez apareció para preguntar por el niño y llevarle víveres.
Seis meses después, José Crisanto cambió de domicilio, salió con su familia de la vereda La Paz hacia el casco urbano del municipio El Retorno, después de que un guerrillero lo alertó de que su vida corría peligro. Allí, el niño fue llevado a un hospital en donde los médicos advirtieron que estaba muy enfermo y la defensora de Familia del hospital de San José del Guaviare intervino para que el ICBF se hiciera cargo. Pasaron los meses y José Crisanto no volvió a preguntar por Emmanuel hasta noviembre de 2007.
A mediados de diciembre de ese año las Farc quisieron hacer un gesto político cuando anunciaron la liberación de varios secuestrados. Sin embargo después de dos semanas el grupo guerrillero no había soltado a nadie. El 31 de ese mes explicaron que la pactada liberación de Clara Rojas, Consuelo González y de Emmanuel, de quien el país ya había escuchado hablar en un libro del periodista Jorge Enrique Botero, se había retrasado por la presión del Ejército.
Para el presidente Álvaro Uribe la demora hacía parte de una artimaña, porque tenía una información de que existía la posibilidad de que las Farc no tuvieran en su poder a Emmanuel, pues el niño se encontraba bajo la custodia del ICBF. Con el paso de los días, se comprobaron las sospechas.
En una jugada política maestra, el gobierno ubicó al niño, quien estaba registrado con el nombre de Juan David Gómez Tapiero, desde junio de 2005, en un hogar sustituto. Días después, tras la liberación de Clara Rojas, comprobó su parentesco y logró reunirlos.
Fue entonces cuando el mundo se enteró de la existencia de José Crisanto Gómez. El hombre, de 39 años, apareció ante la prensa como el campesino que lo había cuidado, pero que había tenido que abandonarlo en un hospital por falta de recursos. Días antes, Gómez había buscado ayuda porque la guerrilla le estaba reclamando al niño y él ya no lo tenía.
Acudió a la Defensoría de San José del Guaviare y, según él, solo entonces se enteró de que el niño que había cuidado todo el tiempo era el hijo de Clara Rojas, cuya ubicación se había convertido en la apuesta más importante del ajedrez político que entonces jugaban las Farc y el gobierno.
Las sospechas sobre el supuesto campesino y su posible relación con las Farc se urdieron desde entonces. Gómez mostraba no solo inteligencia sino un nivel de cultura ajeno a la hoja de vida que reclamaba. Esa fue una de las razones que arrojaron un manto de duda sobre él, pues ¿cómo se explica que un campesino que vivía en la selva más recóndita pudiera argumentar con tanta lucidez?
Fue a parar a la cárcel sospechoso de rebelión y coautoría del secuestro. Allí estuvo cuatro años a la espera de que le resolvieran su situación jurídica. Mientras tanto escribió el libro El hijo de la selva, que apareció publicado en las librerías en 2010. Dos años después, el juzgado cuarto penal de Villavicencio lo absolvió en primera instancia.
Para entonces la historia de José Crisanto había cobrado interés para el director de cine Miguel Courtois, quien llevó a la pantalla grande su versión de la historia. La película Operación E le da un protagonismo heroico al campesino, lo cual provocó un durísimo debate en Colombia y estuvo a punto de ser censurada por petición de Clara Rojas con el argumento de que la imagen de su hijo podría verse afectada.
En España, mientras tanto, Gómez era una celebridad y posaba para los fotógrafos al lado de Luis Tosar, uno de los actores más cotizados de ese país, quien lo interpreta en la película. Después de ese pantallazo, volvió a su vida de padre separado con muchos hijos a cargo en Duitama.
Fue allí donde la semana pasada se enteró de que el Tribunal Superior de Villavicencio le impuso una pena por la que podría pasar el resto de sus días en la cárcel. La dura sentencia revocó la decisión de primera instancia. El tribunal lo responsabilizó de uno de los delitos más graves del sistema penal colombiano: secuestro extorsivo agravado.
En criterio de los magistrados que revisaron su caso, Gómez mintió al país y aunque no era “integrante de las filas insurgentes de las Farc en ninguna orden de batalla ni por prueba testimonial”, como dice la sentencia, incurrió en rebelión. Es decir, aunque José Crisanto nunca cargó un fusil, ni vistió uniforme, es culpable de colaborar con la guerrilla, y aunque no pidió dinero por el rescate del niño, es culpable de secuestro extorsivo a pesar de que la calificación de la Fiscalía solo fue por secuestro simple.
El proceso
Gómez ha sostenido que una vez recibió el niño enfermo comenzó su drama porque no tenía con qué curarlo. Según cuenta, llevó al nuevo miembro de la familia al hospital junto con uno de sus hijos que también estaba enfermo. Pero allí le pidieron los papeles del niño, entonces se hizo pasar por un tío abuelo para sacarle el registro civil, no obstante, tuvo que dejarlo a cargo del ICBF por sugerencia de una defensora de familia.
Pero las versiones de otros testigos lo contradicen. La dueña de la pensión El Puerto, a donde llegó José Crisanto y su familia, aseguró que a pesar de que el niño había llegado en muy malas condiciones, él no había querido llevarlo al médico. Es más, que a veces salía de la residencia con sus otros hijos y dejaban al niño solo y sin comida.
Fue por eso que ella acudió a las trabajadoras de un hogar infantil de El Retorno para que intervinieran. Con Policía sacaron al niño y lo llevaron al hospital. Son esos testimonios, los de la dueña del hostal y las trabajadoras del hogar infantil, los que le quitan veracidad a la versión generosa y humanitaria de José Crisanto.
En criterio de la Fiscalía, la indiferencia con la que fue tratado Emmanuel dejaba la impresión de que su prioridad no era salvar la vida del menor. El defensor de Familia Juan Alberto Cuta Cadena, quien ordenó quitarle el niño y entregarlo a un hogar de paso, fue degollado en un potrero a la salida del ICBF de San José del Guaviare a los pocos días de decretar la medida. La muerte era la muestra de que para la guerrilla el niño era muy importante.
Para los comicios de octubre de 2007, Gómez participó en política. Fue candidato al Concejo de El Retiro con el movimiento Viva Colombia. Para la Fiscalía este dato es perturbador, pues si estaba amenazado, ¿por qué aspiraba a una curul en un municipio que pertenecía a una zona considerada un fortín de la guerrilla? “Se le vio pasear, dedicarse a la ingesta de licor y participar activamente en campañas políticas”, reza la providencia.
Solo hasta noviembre de 2007, José Crisanto volvió a averiguar por el niño. Intentó recuperarlo en el ICBF, según documentos que obran en el proceso. Ese cambio repentino, pues ya habían pasado más de dos años desde que había perdido al niño, más que una reacción humanitaria, deja la impresión de que la guerrilla lo estaba presionando para que lo recuperara. El susto no era para menos. Después de varias llamadas por radioteléfono en las que los comandantes le advertían que encontrara al niño como fuera, se fue con su familia para San José del Guaviare.
El 30 de diciembre se presentó en la Defensoría y contó la historia del misterioso niño. El funcionario que lo escuchó contactó a las autoridades en Bogotá. Ahí comenzaron las sospechas de que podría tratarse del niño que la guerrilla había prometido liberar junto a Clara Rojas. A los pocos días el país supo que Juan David Gómez Tapiero era Emmanuel.
Para los entes judiciales es claro que José Crisanto sí sabía quién era el niño pues la guerrilla no iba a dejar su tesoro más preciado en manos de un desconocido. Eso explica, según la Fiscalía, por qué no lo quería llevar al hospital.
¿Exabrupto judicial?
Toda esta telenovela puede dar para dos interpretaciones totalmente diferentes: la de la película, que muestra a un campesino heroico que arriesgó su vida, le quitó el pan de la boca a sus hijos por salvar a un niño ajeno. O la de la Fiscalía, la de un militante de las Farc, frío y calculador, que participó en uno de los delitos más atroces, el secuestro de un niño indefenso. La realidad, sin embargo, puede estar en ninguno de esos dos extremos.
Toda esta telenovela puede dar para dos interpretaciones totalmente diferentes: la de la película, que muestra a un campesino heroico que arriesgó su vida, le quitó el pan de la boca a sus hijos por salvar a un niño ajeno. O la de la Fiscalía, la de un militante de las Farc, frío y calculador, que participó en uno de los delitos más atroces, el secuestro de un niño indefenso. La realidad, sin embargo, puede estar en ninguno de esos dos extremos.
Campesino la verdad no parece. Su forma de hablar es la de un demagogo curtido. En las zonas controladas por la guerrilla no es inusual encontrar personajes como él que simpatizan con las ideas de la guerrilla.
Pero afirmar que por ser cultos son guerrilleros, sin que haya ninguna prueba de acciones armadas, podría abrir un precedente de que todo el que vive en una de esas zonas es cómplice. Esto conceptualmente es posible, pero jurídicamente no es demostrable. Al igual que ha ocurrido con otros personajes atrapados en el fuego cruzado, su historia no es blanca ni negra, sino que está llena de grises.
A José Crisanto lo condenan por cuatro delitos: rebelión, fraude procesal, falsedad en testimonio y secuestro. Sobre el primero hay una gran controversia, pues en el expediente no existe una sola evidencia que lo vincule como miembro orgánico de las Farc, situación que incluso reconoce el Ministerio Público dentro del proceso.
La Fiscalía logró probar que no era el padre abnegado que sacrificó todo por salvar a un niño ajeno, que era un hombre al que le gustaba el trago y que era un líder de la vereda que incluso, mientras tenía el niño en su poder, casi llega a ser concejal. De sus diferentes versiones llenas de incongruencias la Fiscalía concluye que es un mentiroso. Él mismo confiesa en su declaración que utilizó información falsa para sacar el registro civil del niño, lo que constituye la falsedad en documento y el fraude procesal.
Para los abogados que lo defienden José Crisanto no es más que un instrumento de la guerrilla, la directa responsable del secuestro del niño. En otras palabras, que si era simpatizante de las Farc, era un simple peón que está siendo juzgado como si fuera un cabecilla. En derecho esta teoría está consagrada como autoría mediata dentro de un aparato organizado de poder, lo que significa que la mayor responsabilidad recae sobre el que da la orden y no sobre el que la ejecuta.
En Colombia se ha recurrido a esta tesis en casos como el del coronel Alfonso Plazas Vega por los hechos del Palacio de Justicia. De él no se tiene ninguna prueba de que haya participado directamente en una atrocidad, pero se le responsabiliza por tener un puesto de mando en la organización en que esto sucedió. Con esta teoría, José Crisanto no sería culpable de delitos que otros ordenaron y su responsabilidad penal se limitaría a la falsedad de los papeles con que sacó el registro civil del niño. El mismo ha reconocido este delito.
“Es muy difícil para una persona que no ha sufrido el conflicto entender cómo se vive en los territorios donde la ley que impera es la de las Farc, donde el campesino tiene que someterse”, afirma. Esta teoría no es absurda, y como el derecho da para toda clase de interpretaciones se podría incluso llegar a echar mano de teorías también convincentes que lo exonerarían. Una de ellas sería la del “miedo insuperable”, según la cual una persona que actúa bajo constreñimiento por su seguridad personal no es culpable de delitos cometidos en esas circunstancias.
De hecho en la primera providencia, el juez le otorgó la libertad porque consideró que este actuó bajo la coacción de las Farc. Teniendo en cuenta que al defensor del Pueblo que le quitó a él el niño y lo entregó al Bienestar Familiar lo degollaron las Farc, un miedo de esta naturaleza no es infundado. Esto permite especular que la situación de José Crisanto puede ser intermedia entre los dos extremos. Él puede haber sido un simpatizante de las Farc, quien después de haber perdido el niño fue amenazado de muerte.
El caso de José Crisanto pone de relieve una absurda paradoja: mientras quienes usaron la motosierra para descuartizar a sus víctimas solo pagaron ocho años de cárcel en el proceso de Justicia y Paz, quien le dio tetero a un niño secuestrado podría pasar más de tres décadas en la cárcel.
En un momento en que las Farc discuten un acuerdo con el gobierno para terminar el conflicto, la condena de Gómez abre el debate sobre la aplicación de la Justicia en este proceso. Para muchos es difícil de entender cómo justificar que José Crisanto Gómez pase 33 años tras las rejas, mientras que Iván Márquez y sus compañeros que ordenaron el secuestro podrían, según el fiscal Eduardo Monteleagre, recibir penas alternativas que signifiquen cero cárcel.
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