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| 9/8/2012 12:00:00 AM

Crisis carcelaria: muerte en los patios

Los brotes de la que podría convertirse en una epidemia en las cárceles empezaron a notarse. Ya no se trata solo de hacinamiento. Este año han muerto 84 presos por problemas de salud y no hay quien los atienda.

Mientras en el Congreso hay fiebre de cárcel, en los centros penitenciarios los presos se mueren, literalmente, de enfermos. En el legislativo se ha hablado de crear prisión perpetua para violadores, de meter a la cárcel a los conductores borrachos, a quien le arroja ácido en la cara a otra persona y hasta a quien discrimine. En los últimos diez años se crearon 12 nuevos delitos y se incrementaron las penas para otros 24.

Pero mientras en el papel la solución a los problemas parece ser la mano dura, la realidad es que las cárceles no dan abasto. El hacinamiento llega al 48 por ciento. Las cárceles que maneja el Inpec tienen capacidad para recibir 75.676 presos, pero tienen que albergar a 112.000. El problema empeora con la precaria situación de salud. Este año han muerto 84 internos, 409 tienen sida, 138 padecen tuberculosis y 69 están enfermos de cáncer.

La situación se está saliendo de madre. La defensora del pueblo de Quindío, Piedad Correal, interpuso el pasado enero una acción de tutela pidiendo mejorar las condiciones de los internos de la cárcel San Bernardo, de Armenia. La Corte Suprema de Justicia, cuando falló esa tutela en marzo, exhortó al Congreso para que legisle previendo los costos de seguir incrementando la población carcelaria. La funcionaria Correal hizo su solicitud después de una visita el 26 de diciembre de 2011. Encontró que "a raíz del hacinamiento se están generando enfermedades y brotes de violencia, situación que se agudiza durante los días de visita, cuando por la presencia de los visitantes la población penal aumenta casi en un 200 por ciento, pudiendo percibir, además, el aumento de temperatura en cada una de las celdas y patios, así como la existencia de olores fuertes y nauseabundos que han generado inconformidad general en la población reclusa".

Su descripción, pese a referirse al caso puntual de la cárcel de Armenia, no dista mucho de lo que ocurre en otras prisiones. Fuera de que no hay cama para tanta gente, la sanidad se está volviendo una bomba de tiempo. La situación de Bellavista, en Medellín, ilustra el problema. Esta cárcel tiene capacidad para 2.424 internos y alberga a 7.825. Es la segunda con mayor hacinamiento en el país, después de la de Riohacha, que tiene capacidad para 100 internos y alberga a 445. Desde finales del año pasado, el expersonero de Medellín Jairo Herrán Vargas alertó que en Bellavista "la entrega de medicamentos presenta un mes de retraso. Los internos que tienen enfermedades crónicas como diabetes, tiroides, presión alta o baja, asma, VIH y tuberculosis, pasan varios días sin su medicamento de control, poniendo en peligro su vida". Cuando apenas comenzaba este año, el propio director de la cárcel, mayor Fabián Ríos, dio cuenta de un problema mayor. Ya no faltaba solo la medicina para los enfermos crónicos, sino también aspirinas, gasas y jeringas, necesarios para atender cualquier malestar menor.

Este caso no era aislado. En junio el Inpec envió un informe al entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y lo puso al tanto de que la EPS Caprecom incumplía con el 29 por ciento del recurso humano, con el 33 por ciento de medicamentos y con el 50 por ciento de los insumos necesarios para atender a los enfermos de las cárceles. Hablaba de serias dificultades en Tumaco, Girón, Yopal, Jamundí y Cómbita. De 142 penales que están a cargo del Inpec apenas 32 tienen una eficiente atención en salud. En el resto hay médicos que van escasas horas al día. Con base en ese informe, el propio instituto carcelario pidió decretar emergencia sanitaria. Esguerra aceptó, vino su relevo y la medida se embolató.

Pero la salud de los internos no da espera. La realidad descrita por el mayor Ríos vaticinaba lo peor. Y así está ocurriendo. En lo que va de este año en Bellavista han muerto 11 presos (en todo el año pasado murieron 13) y una mujer que estaba de visita. De todos estos casos, cinco se presentaron en una misma semana. La racha se inició el 24 de agosto, cuando el preso Alexánder Martínez (35 años) murió después de sufrir una inflamación de su hígado. Dos días después, murió José López (55 años) por una infección en la sangre. El 30 de agosto falleció Pedro Serna (72 años), después de insoportables dolores de estómago. Y el domingo 2 de septiembre corrió igual suerte Francisco Giraldo (51 años), quien sufrió fuertes dolores de cabeza antes de morir. Ese mismo día, Leticia Zapata (24 años) visitaba a su novio. Se indispuso y murió allá, dentro del penal, sin recibir atención médica.

Caprecom tiene una tarea titánica. Resolver el lío de la salud dentro de las cárceles no es fácil. Pero las movidas se están haciendo, según ha explicado el viceministro de Salud, Carlos Mario Ramírez. Por un lado, las 22 penitenciarías más grandes del país ya tienen convenios con hospitales para que atiendan a los enfermos. Y, como no todas pueden tener médicos permanentes, la nueva medida es que solamente en las cárceles que tienen más de 3.500 hay un profesional día y noche. En las demás la visita del médico es corta, entre ocho y 14 horas al día, pero tienen convenios con hospitales y clínicas externas.

Los remedios a la crisis parecen meros paliativos. Todavía no se notan a la vista respuestas de peso. Soluciones como decretar pico y placa para el ingreso de visitas, que fue la ofrecida por el Ministerio de Justicia a la cárcel La Modelo de Bogotá, que tiene capacidad para 3.000 internos y alberga a 7.500, puede que no resuelva definitivamente el hacinamiento. Y las brigadas de salud que inició el Inpec después de notarse serios brotes de la crisis son apenas una respuesta provisional. El lío no es menor y siempre tiende a crecer. Sin embargo, el país sigue sediento de medidas que pongan un castigo severo a quienes rompan las normas. El exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional Rodrigo Uprimny resume la paradoja así: "Resulta políticamente popular promover esas iniciativas de endurecimiento punitivo. Y en eso consiste lo que la sociología jurídica ha llamado el 'populismo punitivo': creer (y hacer creer) que el incremento de las penas es la forma apropiada de enfrentar problemas sociales complejos". Pero la realidad es que en las cárceles de Colombia se está creando un problema de calado mayor.
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