Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2015/08/26 12:20

¿Debería la comunidad internacional intervenir en la crisis de la frontera?

El alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, demandará ante CIDH y CPI al presidente Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. El contralor Edgardo Maya también hizo un llamado a la comunidad internacional.

Alcade de Cúcuta, Donamaris Ramírez, demandará al presidente Nicolás Maduro ante la CIDH y la CPI. Foto: EFE y Cortesía de la Alcaldía de Cúcuta

Mientras el presidente Juan Manuel Santos y la canciller María Ángela Holguín consideran que la mejor forma de solucionar la crisis humanitaria que ha traído el cierre de la frontera colombo-venezolana es el diálogo, otras personas creen que se deberían tomar otras medidas.

Donamaris Ramírez, alcalde de Cúcuta, es uno de ellos. Desde cuando el presidente venezolano decretó el estado de excepción, el viernes pasado, en cinco municipios del estado de Táchira, la capital norsantandereana ha recibido más de 1.100 colombianos que han salido del país vecino como si fueran unos delincuentes.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no les da la opción siquiera de cambiarse de ropa para salir de la casa. No les importa si comen, si dejan sus hijos. Pareciera que el único afán es sacarlos del país, según contaron algunos de los deportados a Semana.com.

Basado en esa dramática situación el alcalde de Cúcuta instaurará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por delitos de lesa humanidad.

Para Ramírez, Maduro ha atropellado a los connacionales deportados y ha ejercido una violencia física y psicológica que pareciera no tener límites.

"No podemos seguir permitiendo que Nicolás Maduro siga atropellando y destruyendo vidas (...) En lo que él está haciendo hay secuestro temporal, violación psíquica, presiones, atropellos a la integridad de los niños, desplazamiento forzado. Ha cometido una serie de delitos de lesa humanidad, de violación de los derechos humanos y de orden penal (...) La gente que está atravesando el río lo atraviesa con temor. Esto es un éxodo que hace decenas de años no se veía en el mundo", manifestó el alcalde.

La decisión tomada por Ramírez no surge porque sí. El gobierno de Nicolás Maduro no ha dado muestras de querer ceder y sigue firme en su decisión de expulsar de su país a los connacionales indocumentados y acabar con lo que él llama el ‘paramilitarismo colombiano’.

Tal vez por eso mismo el contralor general, Edgardo Maya, también hizo un llamado este viernes para que la comunidad internacional asuma un papel conciliador en esta situación.

“Es necesario que en Colombia todos nos unamos al rechazo de este maltrato y que la comunidad internacional asuma su papel de conciliación para exigir de Venezuela un buen comportamiento”, dijo Maya.

El funcionario ha rechazado de forma vehemente la “forma salvaje” como se están violando los derechos humanos de los colombianos en la frontera con Venezuela, y ha reiterado que no se puede seguir permitiendo que maltraten a los connacionales.

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