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| 3/24/2015 6:01:00 PM

El paquete de medidas para sacar de la crisis a la Justicia

Tras largas reuniones entre altas cortes, organismos de control y Gobierno, hubo consenso en medidas para sortear el 'caso Pretelt' y reformar a la Rama. Semana.com revela un primer documento.

El inédito caso del magistrado Jorge Pretelt, que sus colegas toman como una afrenta para la rama judicial, tuvo un efecto insospechado. Lo que el Gobierno no ha logrado en al menos dos intentos de consensuar ampliamente una reforma judicial, se logró en un puente festivo con apoyo de la cúpula de la rama, organismos de control y los ministros de Gobierno y de Justicia.

Semana.com tuvo acceso a un primer documento -en análisis todavía- que habla de una serie de “propuestas de acción” con las que se busca superar el bochornoso episodio en el que Pretelt fue acusado de supuesta manipulación de decisiones judiciales a cambio de sobornos, sin contar con un presunto tráfico de influencias de interesados en influir en esas determinaciones.

El magistrado, en un acto nunca visto en un funcionario de su nivel, agravó la situación al parapetarse en su presunción de inocencia. “No voy a renunciar a la Corte Constitucional; si renuncio, nos vamos todos”, les advirtió además sus compañeros de estrado, a los que les invariablemente les cayó también el agua sucia.

El documento esboza medidas como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), que los actores políticos dejen de tener influencia en la escogencia de magistrados y viceversa, y la creación de un Tribunal de Aforados que reemplace la inoperante Comisión de Acusaciones. Esto sería planteado en un proyecto de ley al Congreso.

Es en este marco que el texto -cuya palabra más repetida es crisis- recoge una serie de medidas y consideraciones, que en lo mediato piden premura en las investigaciones, “impedir que se amplifique el escándalo”, impedir que se haga pólice el tema y que no haya “fórmulas estridentes” para conjurar algo “que no tiene nada que ver con la institucionalidad misma del poder judicial”.

Reforma estructural

Si bien pese a los pedidos de premura, esto evidentemente se tomará su tiempo, hay otras medidas que hablan de la “voluntad concurrente” de llevar a cabo “reformas a la Justicia”.

En primera instancia de habla del “equilibrio de poderes” en clara referencia al desbarajuste institucional que se inició con la figura de la reelección, inaugurada por Álvaro Uribe. Algo que su reelecto sucesor, Juan Manuel Santos, busca en una reforma que se ya negocia en el Legislativo.

“Hay que proteger a las Cortes y al sistema judicial frente a sus contactos con la política, bien por la eliminación de la participación de actores políticos en la selección de os magistrados o por la vía de participación de los jueces en la designación de los altos funcionarios del Estado con representación política”, reza el documento.

Se propone que los magistrados de la Corte Constitucional sean designados por el Gobierno, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, sin que tenga juego el Senado, como ha sido hasta ahora. También se pide que los togados del Consejo de Estado y la Corte Suprema sean designados de un tribunal al otro, a partir de un concurso de méritos que también “deberá extenderse a otros jueces”. Las funciones electorales de las Cortes deberían suprimirse.

Se plantea también que exista un Tribunal de Aforados que reemplace a la Comisión de Acusaciones, integrado por “verdaderos notables, que acuse a los aforados directamente ante el Congreso y de allí se desprendan los juicios de responsabilidad política o de naturaleza penal ente la Corte Suprema de Justicia”.

La eliminación del CSJ, una aspiración de larga data, también se tocó y se formuló un “cuerpo colegiado de dirección y una gerencia” que buscará administrar eficazmente los recursos administrativos, físicos y financieros. En cuanto a la Sala Disciplinaria del CSJ, se expone la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por magistrados “de las más altas condiciones” cuyo origen no tenga que ver con la “milimetría política”.

De los tribunales existentes y los nuevos que ya se describieron se proscribiría la polémica ‘puerta giratoria’: magistrado que se haya desempeñado en alguno de ellos, no podrá volver a acceder a un cargo similar dentro de los ocho años siguientes de su elección.

Sería más estricto también el régimen de inhabilidades de los togados salientes para evitar que influencien a sus antiguos subalternos (que eventualmente ascienden a magistrados titulares). Así también para los exmagistrados respecto de las cortes a las que sirvieron.

Al paquete todavía le faltaría una versión final en su redacción y que sea presentado al Legislativo, donde corre el riesgo -de siempre- de que se le cuelguen 'micos'. La cuestión, aun no respondida, es cómo blindar esta ambiciosa iniciativa.
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