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| 8/29/2015 10:00:00 PM

¿Qué pretende Nicolás Maduro?

Con su ofensiva anticolombiana, el presidente venezolano busca bajar el costo político de la crisis económica y la inseguridad rampante, y prevenir un ‘voto castigo’ el 6 de diciembre.

Nicolás Maduro está contra las cuerdas. En cuatro meses irá a elecciones para la Asamblea Nacional, que la oposición considera una gran oportunidad para debilitarlo. En cualquier país del mundo, bajo unas condiciones como las que hoy afectan a Venezuela, el gobierno tendría todas las de perder en una batalla en las urnas. El país tiene el récord de la mayor inflación del planeta –cercana a 200 por ciento, aunque no existen cifras precisas– y una de las más altas tasas de inseguridad –62 homicidios por 100.000 habitantes, diez veces más que el promedio mundial–, y la imagen del presidente ha caído a niveles del 20 por ciento, lo cual es apenas lógico en un escenario tan sombrío en materia económica y de seguridad. La oposición comienza la campaña con una ventaja de 25 por ciento, según Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis.

No será la primera vez que el chavismo va a elecciones en condiciones precarias. Cuando comenzó la campaña por el referendo para revocar a Hugo Chávez en 2006, con una combinación de habilidad política y suerte el oficialismo logró cambiar las tendencias iniciales y al final obtuvo la victoria. Los precios del petróleo facilitaron un incremento del gasto gubernamental y la multiplicación de misiones de educación y salud en favor de los más pobres, con el apoyo de médicos cubanos. Chávez logró aprobar su discurso de “no regresar al pasado”.

Las condiciones de ahora son más adversas para Maduro. Para empezar, no está Chávez con su carisma caudillista y su comunicación popular. Y el mercado petrolero, del cual dependen los ingresos fiscales de la Nación, está en su peor momento y con perspectivas a la baja. En los últimos años el gobierno ha incrementado la intervención en la economía: total control de cambios, cuatro precios diferentes para el dólar, regulación en la oferta y cotización de los productos de primera necesidad. Lo cual, a su vez, genera distorsiones, escasez y contrabando. En los centros de análisis económico mundial se dice que si Venezuela no hace un ajuste y libera unos controles podría tener problemas para cumplir pagos de deuda en 2016. Y ajuste es, precisamente, lo contrario a lo que hacía Chávez en épocas de campaña. Y lo último que quiere hacer Maduro ahora.

El cierre de la frontera con Colombia, ordenado por el presidente venezolano el 21 de agosto, tiene claramente que ver con esta coyuntura. Le permite a Maduro construir un discurso sin el cual no tendría mucho que ofrecer, ni qué explicar. Asegura que la frontera abierta permite el contrabando de productos venezolanos hacia Colombia y que por esa vía se está esfumando la comida y se está escapando la gasolina que necesitan los venezolanos. En otras palabras, que los golpes a los bolsillos de los ciudadanos no se deben al despilfarro, ni a la corrupción, ni al exceso de controles que ha impuesto el gobierno. Son culpa de los colombianos. El cierre del puente Francisco de Paula Santander no es otra cosa que una medida para defender a los venezolanos, víctimas de una guerra económica que viene del exterior.

También, pretende mostrar que la presencia de “paramilitares” colombianos es la causa del incremento de la criminalidad y la violencia. Como en el caso de la economía, el angustioso crecimiento del crimen se debe a medidas que ha tomado el chavismo. Decisiones que, en aras de evitar el uso arbitrario de la fuerza, han debilitado desde hace años la capacidad de acción de la Policía en las ciudades. El tratamiento con mano amistosa de los ‘malandros’ ha facilitado su reproducción en las calles de Caracas y de otros centros urbanos.

La revolución bolivariana ha sido recurrente en buscar enemigos externos para lograr cohesión interna. Estados Unidos, Guyana y Colombia han sido los principales blancos. En la actual crisis fronteriza, Maduro y compañía cuentan con que los problemas sí existen, así tengan una magnitud y una naturaleza diferente a las que ellos quieren darle. En lo que se refiere al contrabando, una práctica muy anterior a la llegada del chavismo al poder, la situación se ha agravado porque los incentivos para el comercio ilegal han crecido. Los productos regulados –y con precios fijos, algunos subsidiados– son tan baratos en Venezuela que es muy rentable comprarlos allí y venderlos en Colombia. La gasolina cuesta en el lado venezolano el equivalente a 15 centavos de dólar por galón. Las ganancias de este comercio –legal o ilegalmente– son tan grandes que sencillamente lo hacen imparable. El exdirector de la Dian Juan Roberto Ortega decía que las utilidades de este negocio son mayores a las del narcotráfico.

La inseguridad se favorece, también, con la frontera. Guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y delincuentes comunes delinquen en un lado y se refugian en el otro. Así ha ocurrido desde hace décadas, y desde los años noventa –incluso con presidentes como Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera– han generado conflicto entre Bogotá y Caracas.

Pero ambos fenómenos, al contrario de lo que dice Nicolás Maduro, son binacionales y no tienen origen –ni podrían tenerlo– en un solo lado de la frontera. Contrabandistas hay también en Venezuela: los llaman bachaqueros. Bandas también hay allá: algunos consideran –versión no confirmada– que el incidente que prendió la mecha de la crisis actual –en la que resultaron heridos tres tenientes de la Guardia Nacional– era una confrontación entre grupos que se disputan el contrabando. Y la corrupción de los cuerpos de seguridad venezolanos ha sido ampliamente reportada por la prensa internacional.

Lo que falta ver es si la distorsión con que Maduro intenta presentar el problema le servirá desde el punto de vista electoral. Por un lado, hay venezolanos que se van a comer el cuento. Es decir, que van a creer que el origen de la escasez es que se llevan los elementos para Colombia. Y que le pueden atribuir a Maduro una intención de actuar en favor de los menos beneficiados. Que la “Operación para la Liberación y Protección del Pueblo”, en territorios limítrofes, es necesaria.

Pero la crisis también tiene un costo para Maduro. El discurso xenófobo les cae mal a los votantes que están vinculados con migrantes colombianos –cuyo número exacto no se sabe, pero se estima entre 1,5 y 4 millones– o que tienen lazos en el otro lado de la frontera. Esas imágenes que retratan la crisis humanitaria, de colombianos cargando colchones y neveras para atravesar el río y regresar a su país, no solamente han causado indignación en Colombia: también en varios sectores de Venezuela que van más allá de la oposición. En los estados limítrofes –donde la oposición tiene fuerza electoral, en especial Táchira y Zulia– la actitud amigable hacia los colombianos es preferible.

¿Cuál efecto es mayor? Luis Vicente León considera que la respuesta es favorable a Maduro porque, más allá de si gana más votos de los que pierde, o viceversa, el discurso es provechoso. Le da una explicación para la crisis que, de otra manera, no tendría. Y debilita, en consecuencia, el uso que la oposición pueda darle a la mala gestión gubernamental frente a los dos temas que más le preocupan al electorado, la economía y la inseguridad.

Es casi seguro que el presidente venezolano no bajará su tono ni cambiará su política antes del 6 de diciembre, día de las elecciones. Es uno de los pocos recursos que le queda para enfrentar el momento crítico por el que atraviesa Venezuela y donde el descontento ciudadano puede jugarle una mala pasada en las urnas.

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