Críticos del proceso de paz... No solo es Uribe

En medio de cierto optimismo que existe en el país por el inicio del proceso de paz, no se ha registrado que el nivel de escepticismo, e incluso de oposición al mismo, no es insignificante. Según la más reciente encuesta de Ipsos-Napoleón Franco, así como el 77 por ciento de los colombianos está a favor del diálogo entre el gobierno y la guerrilla, el 23 por ciento no lo comparte. Y eso en un país de 47 millones de habitantes, representa a varios millones de personas.

Y tal vez más significativo es el hecho de que los que apoyan con entusiasmo el proceso se oponen a muchas de las concesiones que habría que dar para que tenga éxito. Por ejemplo, a la pregunta de si estarían de acuerdo en que los líderes de la guerrilla participen en política, el 72 por ciento se opone. A la pregunta de si estarían dispuestos a que los jefes subversivos no paguen penas de cárcel, el 78 por ciento está en contra. Y frente a la posibilidad de que los guerrilleros que están encarcelados en el exterior sean liberados, el 80 por ciento no está de acuerdo.

Aunque la liberación de Simón Trinidad, que está preso en Estados Unidos, puede ser una petición simbólica de las Farc, las otras dos concesiones seguramente serán el eje de las exigencias reales de esa guerrilla para dejar las armas. La participación en política se da por descontada. Y en cuanto a no ir a prisión, aunque el presidente Santos aseguró que no habría impunidad, cárcel no habrá. Probablemente se inventarán fórmulas jurídicas que no correspondan técnicamente a un indulto, pero que en la práctica no requieran quedar tras las rejas.

Las cifras anteriores hacen pensar que a los colombianos les gusta la paz en abstracto pero no tienen claro que hay que tragarse uno que otro sapo para llegar a ella. Y el hecho de que desde ahora el 23 por ciento del país esté en contra del proceso significa que la labor que tiene el presidente para lograr un consenso no va a ser fácil.

Otra conclusión es que es simplista creer que los críticos se limitan a Álvaro Uribe, Fernando Londoño, José Obdulio Gaviria y su grupo. En ese 23 por ciento no solo está la extrema derecha, sino también representantes de la izquierda como las ONG de derechos humanos. Por otra parte están las víctimas que no se han sentido incluidas y que no están dispuestas a perdonar tan fácil. En cuanto a los militares, hasta ahora solo los retirados sacan la cara, pero conocedores del estrato castrense aseguran que hay un buen número de escépticos que se quedan callados por disciplina militar. Esto sin mencionar a terratenientes y ganaderos que simplemente temen un reverzaso en la relativa tranquilidad que han vivido en los últimos años. Y si en la población en general alrededor de una cuarta parte tiene temores, en el sector empresarial, particularmente en Antioquia, ese porcentaje es mucho más alto.

Es difícil enumerar a todos estos críticos pero es ilustrativo mencionar algunos ejemplos. Desde la derecha se han esgrimido varios argumentos que se oponen al diálogo. Por ejemplo, un grupo, encabezado por exmilitares, considera que sentarse a la mesa con las Farc es mancillar la dignidad del Estado. En palabras del excomandante del Ejército, el general retirado Harold Bedoya, "negociar de tú a tú afecta la moral no solo del Ejército sino de todos los colombianos". En esa misma línea están columnistas como Rafael Nieto Loaiza para quien el solo diálogo per se ya es una ventaja para las Farc y el presidente de la Asociación colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), Jaime Ruiz, quien sostiene que "la excesiva generosidad del Estado en este proceso, constituiría una gran muestra de debilidad que sería hábilmente explotada por los terroristas".

Pero también hay otros sectores preocupados, no por las condiciones en las que se llega al diálogo, sino por lo que se va a negociar. Y el coco de los puntos que se pusieron sobre la mesa tiene nombre propio: reforma agraria. Uno de los más vehementes opositores a ese punto de la negociación es el presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie. Para él, detrás de esa solicitud se esconde el interés de las Farc de hacer una reforma expropiatoria. Al respecto, el gobierno ha declarado en forma categórica que las propiedades agrícolas adquiridas legítima y legalmente no serán tocadas y que la equidad se buscará a través de la restitución y la titulación de baldíos. Y otro columnista, Jaime Jaramillo Panesso, considera que la guerrilla lo que oculta es un interés por "lo que está debajo del humus", es decir, por los recursos minerales. "Las Farc van tras la medalla de oro en esta olimpíada por la paz. Nada de medallas de hojalata. Ni siquiera de plomo", escribió recientemente.

Y en el mismo espectro ideológico pero con distinto argumento, curiosamente están los que consideran que no se debe perdonar a quienes han cometido delitos graves. Es el caso del senador Juan Carlos Vélez, para quien no se deben conceder derechos políticos a los que han cometido crímenes atroces. Es una paradoja porque en ese aspecto los argumentos de la derecha se encuentran con las demandas de sectores de izquierda y de algunas ONG de derechos humanos.

Una situación similar ya se había presentado en la discusión del marco legal para la paz y del fortalecimiento del fuero militar de los agentes del Estado. Los pronunciamientos de José Miguel Vivanco, director de la ONG Human Rights Watch, quien fue uno de los más acérrimos críticos de Uribe coincidieron con este último. Ahora, esa ONG ha reiterado su preocupación en que delitos graves queden impunes. Y fue más lejos: "Este tipo de dificultades están conspirando contra el éxito de este proceso", dijo Vivanco.

La lista continúa. En consonancia con una preocupación por la verdad, Clara Rojas, directora de la Fundación País Libre, dijo que el proceso comenzaba sin bases firmes. Se refería al hecho de que la guerrilla de las Farc ha negado que en su poder haya algún secuestrado, pues según una directriz de ese grupo guerrillero, desde febrero abandonó esa práctica como método de financiación de la guerra. Y otro sector, entre los que se encuentran varios columnistas, han esgrimido que el gobierno no debe negociar asuntos trascendentales para el país con un grupo que solo representa una minoría.

Y aunque en términos generales la comunidad internacional ha recibido muy bien la iniciativa de paz, también hay algunas excepciones, por ejemplo, la jefa de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Ileana Ros-Lehtinen. La republicana criticó que el proceso empezara "sin condiciones previas" y calificó de "alarmante" la presencia de Cuba en la negociación.

Lo paradójico de todo lo anterior es que ese nivel de oposición desempeña un papel constructivo en un proceso de paz serio. Si Juan Manuel Santos estuviera respaldado por el 90 por ciento del país, las Farc podrían entender que lo que se negocie depende exclusivamente de la voluntad del presidente. Eso no es así. Con casi 10 millones de colombianos liderados por Álvaro Uribe respirándole en la nuca, a la guerrilla le queda totalmente claro que para él la cosa es bastante más complicada. A Andrés Pastrana lo eligieron en 1998 para hacer la paz y su mandato era ese. A Álvaro Uribe lo eligieron en 2002 para hacer la guerra y eso hizo. Pero a Santos lo eligieron para hacer la guerra y está haciendo la paz, lo cual ha requerido algunos ajustes. Las Farc tienen que entender que obtener un consenso dentro del establecimiento en esas circunstancias no va a ser tan automático.