Crónica de un carcelazo anunciado

El viernes de la semana pasada ha sido tal vez el peor día en la vida del alcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas. Y de paso se convirtió en una de las fechas de más ingrata recordación para su familia, una de las dinastías políticas de mayor tradición en Colombia. El impacto fue tal que solo una hora después de que acabó la audiencia en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, el alcalde Moreno salió de la sala.

Samuel finalmente les dio la cara a las cámaras de los periodistas sobre las seis de la tarde, cuando ya se sabía que el Inpec no lo iba a recluir en La Picota, como inicialmente había pedido el juez de control de garantías, sino en la Estación de Carabineros ubicada en inmediaciones del Parque Nacional. Un sitio no solo con unos alrededores muy agradables, sino, curiosamente, muy cercano a la casa de su madre, María Eugenia Rojas, en Teusaquillo. Con Samuel ya son dos los nietos del general Gustavo Rojas Pinilla en la cárcel por el carrusel de la contratación de Bogotá. El otro es su hermano, el senador Iván Moreno.

Hasta el último momento de la audiencia se mantuvo el suspenso sobre la decisión del juez. Entre otras cosas, por el debate que se ha dado en las últimas semanas en el país sobre la conveniencia o no de detener a los acusados antes de que se surta el juicio. En teoría, en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, si la persona no es un peligro para la sociedad, solo debe ser encarcelada cuando sea condenada. Sin embargo, a Moreno le cayó todo el peso de la justicia, como les ha ocurrido no solo a los otros funcionarios del Distrito implicados en el carrusel de la contratación, como el contralor distrital y la directora del IDU, sino también al exministro Andrés Felipe Arias hace unas semanas y al exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno.

El juez Jorge Polidoro Bernal no ahorró adjetivos para explicar por qué lo mandaba a la cárcel. Dijo que Samuel Moreno representaba "un peligro para la sociedad" porque las conductas en las que habría incurrido son "delitos de cuello blanco" por la cuantía, la gravedad y porque "se trata de personas preparadas y poderosas". Y aunque con un solo argumento bastaba para mandarlo a la cárcel, el juez agregó que Moreno sí podría obstruir la justicia, pues aunque estaba suspendido, seguía siendo alcalde con capacidad para influir en subalternos y contratistas.

Y cuando dijo la frase definitiva -"el juzgado ordena la detención"- de inmediato, varias personas, sobre todo mujeres que en el transcurso de la semana habían asistido con trajes grises acompañando a la esposa del alcalde, rompieron en llanto.

La defensa de Moreno pidió un recurso de reposición, y la audiencia se extendió dos horas más. El abogado volvió a insistir en que se trata de "un montaje" y confirmó que sí hubo un perjuicio a la comunidad, pero, según él, lo causaron los Nule y no Samuel Moreno. Y concluyó con una frase que, por decir lo menos, es difícil de probar: "Es el único funcionario en el país que ha recuperado la plata que los Nule se robaron. No se deje confundir, señor juez".

El juez se tomó una hora para pensarlo y cuando regresó, se ratificó. En lo único en que cambió su posición fue sobre el sitio de reclusión, pues ya no insistió en La Picota, sino "donde lo disponga el Inpec".

Así concluyó uno de los más importantes capítulos del llamado carrusel de la contratación en Bogotá y uno de los escándalos de corrupción más sonados de las últimas décadas en Colombia. No es fácil calcular lo que ha costado: la Fiscalía, en este solo caso, habló de que la ciudad perdió más de 200.000 millones de pesos. Sin embargo, aquí solo se están evaluando tres contratos de los más de 200 frentes de obra que se abrieron en la administración Moreno en la capital del país por un total de 3,5 billones de pesos.

Las pruebas

La audiencia de imputación de cargos de Samuel Moreno se llevó a cabo dos meses después de lo previsto por la fiscal general, Viviane Morales, que la había anunciado desde el pasado 21 de junio. Sin embargo, no faltaron las sorpresas.

En primer lugar, sin previo aviso, el alcalde volvió a cambiar de abogado. Y llama la atención porque, en teoría, se había aplazado la audiencia para que su anterior defensor, el exmagistrado Jorge Arenas, pudiera empaparse del caso. "Arenas al final no le quiso recibir el caso", dijo una fuente cercana al proceso. En su lugar apareció Mauricio Alarcón.

En segundo lugar, el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Ricardo González, solo le imputó tres delitos y no cuatro, como lo había anunciado la fiscal Morales hace tres meses. En ese entonces se había incluido el de prevaricato por omisión, pues la Fiscalía pensaba que el alcalde no hizo nada para evitar la cesión del contrato de TransMilenio de la 26 de los Nule a Conalvías, a pesar de un rosario de irregularidades. "La investigación y un análisis más juicioso de la evidencia mostraron que no había elementos para sustentar ese cargo en el juicio", explicó el fiscal González a SEMANA.

Y en tercer lugar, a pesar de que una de las pruebas más explosivas en este escándalo ha sido la grabación en la que el contratista Miguel Nule y el excongresista y lobbista Germán Olano hablan del pago de 'mordidas' de 8 por ciento a los hermanos Moreno por dos contratos de mantenimiento de malla vial, esa evidencia no salió a relucir en ninguno de los tres días de audiencia. Tal vez eso tiene que ver con que la Fiscalía en esta fase destapó sus primeras cartas, pero se supone que guarda las pruebas más fuertes para el juicio que debe comenzar en unos tres meses.

También llama la atención que en total son solo tres los contratos que tienen al alcalde Samuel Moreno hoy en la cárcel y ad portas de una condena. El primero es uno de los tramos de la troncal de TransMilenio de la 26, que le fue otorgado a un consorcio de los primos Nule por 315.000 millones de pesos, así como la cesión que se hizo del mismo contrato a Conalvías, que hizo aumentar el costo a 467.000 millones de pesos. Y los otros dos son contratos de mantenimiento de la malla vial por 187.400 millones de pesos, que se ganaron consorcios en los que estaban empresas de los Nule.

¿Por qué solo son tres contratos los que se investigan? ¿Por qué en los tres están los primos Nule? ¿Será que la molestia de los primos Nule fue determinante para que se llegara a investigar este escándalo? ¿Sin ellos tal vez no habría pruebas para llevar al alcalde a la cárcel?

Los Nule recibieron el contrato de TransMilenio el 28 de diciembre de 2007, pero la obra solo comenzó seis meses después, en junio de 2008, porque no tenían todos los diseños ni se había comprado siquiera la mitad de los predios. En enero de 2010 se conoció que la obra tenía un monumental retraso y no se iba a entregar en julio de ese año, como estaba previsto. Aún hoy no está terminada.

En cuanto a los contratos de la malla vial, el Distrito los repartió en diciembre de 2008. El alcalde decidió destinar 700.000 millones para repavimentación de las calles, y para eso dividió la ciudad en seis zonas. Los Nule, en consorcio con empresas del contratista Julio Gómez, se quedaron con dos de ellas para hacer reparcheo de calles en el centro y el sur de Bogotá.

El primero de los delitos que le imputaron es el de interés indebido en celebración de contratos y se refiere a la 'mordida' que supuestamente le dieron a Samuel Moreno en los dos contratos de malla vial mencionados. En este punto el fiscal subrayó que se "cobraban comisiones de entre el 8 y el 10 por ciento" y explicó que se creó una comisión de éxito diseñada "por un abogado muy cercano" -en declaraciones de los Nule se ha identificado como Álvaro Dávila- para garantizar la adjudicación de los dos contratos de malla vial. De ser cierto lo del pago de la 'mordida', serían 10.800 millones de pesos para los hermanos Moreno. Una cifra nada despreciable. Y menos si se tiene en cuenta que esos contratos apenas equivalían al 5 por ciento del total contratado en vías en la capital.

En este punto, el fiscal entregó al juez una evidencia que puede resultar contundente para probar el pago de coimas: los giros que SEMANA reveló hace unos meses, hechos por empresas de los Nule a Emilio Tapia y a Julio Gómez. A cada uno de ellos se les giró 2.500 millones de pesos, que luego, como lo dijo el juez, irían para Samuel e Iván Moreno (ver facsímil).

En el episodio de los giros hay ciertas coincidencias llamativas. Además del monto, tanto Gómez como Tapia adujeron que eran el pago de contratos, uno por transporte de material y otro por mano de obra. Es decir, ninguno de los dos por algo tangible que hoy se pueda corroborar. Y ambos le dijeron a SEMANA que esos contratos estaban mal hechos o no resultaron, y que devolvieron esa plata.

En cuanto al segundo delito, el de peculado por apropiación en favor de terceros, que se da cuando un funcionario coge para sí o para un tercero bienes del Estado, el fiscal González hizo énfasis en que en la cesión del contrato de TransMilenio de la calle 26 a Conalvías se configuró un peculado de 218.438 millones de pesos, pues no se les cobró a los Nule la multa y se les dieron nuevos anticipos a los de Conalvías, que recibieron la obra después. El fiscal mostró todo tipo de irregularidades en esta cesión y mostró un video en el que el alcalde aseguraba, tiempo atrás, que Conalvías tenía músculo financiero para asumir ese enredado contrato. "Y no fue así -le dijo el fiscal a Moreno-. Usted, señor alcalde, se apropió de esos recursos a favor de otras personas".

Y el tercer delito, el de concusión, que es en el que incurre un funcionario cuando induce a alguien a dar o prometer una utilidad, en este caso particular tiene que ver, según expuso el fiscal, con la supuesta petición que le hizo Samuel Moreno a los Nule de 5.000 millones de pesos en la sala VIP del aeropuerto El Dorado, en mayo de 2010, para rebajarles la multa de 69.000 millones de pesos que debían pagar por las irregularidades en la ejecución del contrato para construir la troncal de TransMilenio.

El fiscal mostró todo tipo de pruebas: desde informes del CTI en los que se demuestra una inexplicable generosidad en la entrega de anticipos y poca rigurosidad en el lleno de los requisitos legales, así como todo tipo de modificaciones sin sustento, como la reducción del patrimonio para los proponentes o la variación de los puntajes para la escogencia del ganador del contrato.

El juez de garantías, al acoger el pedido de medida de aseguramiento, le jaló las orejas a Moreno, pues, dijo, "es inaceptable que el alcalde no hiciera seguimiento al cumplimiento de las obras y que no tomara determinaciones que pusieran fin a las irregularidades, pese a las advertencias de la interventora desde junio de 2009".

La gente en general recibió la decisión del juez de garantías con beneplácito por el daño que, por acción o por omisión, se le ha hecho a la ciudad. Pero un sector importante de la rama judicial sigue pensando que la detención preventiva se está aplicando en una forma laxa que no corresponde al espíritu de la norma. Y para ellos, el argumento de que este tipo de personajes son un peligro para la sociedad, a pesar de los odios que hayan podido sembrar, suena absurdo.

A la Fiscalía, de todas maneras, le quedaba difícil no enviar a Samuel Moreno tras las rejas, si se tiene en cuenta que hasta ahora todos los implicados en el carrusel de la contratación han ido a la cárcel antes de ser juzgados.

Historia de una dinastía

Para la casa Moreno Rojas el trago amargo del viernes pasado solo se compara con lo ocurrido hace poco más de cincuenta años, el 2 de abril de 1959, cuando el Congreso de la República condenó al general Gustavo Rojas Pinilla a la pérdida permanente de sus derechos políticos pues lo declararon indigno por mala conducta en el ejercicio del cargo de presidente de la República.

Entre otras cosas, lo señalaban de haber multiplicado su patrimonio, y el de su familia, sin explicación durante el periodo que ejerció como jefe de Estado. El representante investigador de entonces, Emiliano Guzmán, como lo recordó hace unos meses El Espectador, sostuvo que la declaración de renta del primer mandatario y su esposa en 1952 mostró un patrimonio bruto de 194.500 pesos y para 1956 aumentó a 6.220.000 pesos. Además sus tres hijos, Gustavo, María Eugenia y Carlos, no tenían patrimonio en 1952, y cuatro años después figuraron con 1.888.394 pesos. Cifras considerables para la época.

El general, el único que además llegó al poder en Colombia en el siglo XX por medio de un golpe de Estado, nunca dio su brazo a torcer, y en octubre de 1967, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le devolvió sus derechos políticos. Tres años después se convirtió en el candidato de la Anapo a la Presidencia de la República, con los efectos sobre la historia del país que son bien conocidos por todos.

El caso de su nieto Samuel Moreno está por ahora en la fase de los dolorosos. Estará detenido, por lo menos, hasta el juicio. Ya no podrá volver a ocupar la alcaldía, a pesar de que la suspensión que le impuso la Procuraduría se vencía en noviembre.Y los delitos por los que lo acusan le pueden dar, según le dijo una fuente de la Fiscalía a SEMANA, unos 15 años de cárcel. El hoy alcalde tal vez espera que la historia lo reivindique como alguna vez lo hizo con su abuelo.