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| 3/31/2012 12:00:00 AM

Crónica de un desfalco anunciado: amenaza a las pensiones de los maestros

Ni el alto gobierno, ni la Procuraduría, ni la Contraloría han podido frenar a un juez de un pueblo de Córdoba cuyos polémicos fallos están poniendo en jaque la plata de las pensiones de los maestros de todo el país. El hueco puede llegar a ser de 400.000 millones de pesos.

En este momento, mientras el país entra en una especie de pausa por la Semana Santa, se está dando uno de los más arduos forcejeos que se recuerde en la historia de Colombia para tratar de salvar 246.000 millones de pesos. Ese dinero es reclamado por un carrusel de pensiones del cual hasta ahora no se tenía noticia, que está saqueando, literalmente, las mesadas pensionales de los maestros de todo el país.

En otras ocasiones lo que ha sucedido es que Colombia se entera cuando ya la plata se ha perdido. En este caso, la plata está embargada en una cuenta del Banco BBVA. Pendiendo de un hilo. Y el pulso se debe dirimir de un momento a otro. En teoría, el banco ya debería haber girado ese dinero para atender la orden de un juez de Planeta Rica (Córdoba), pero en la práctica toda la cúpula del Estado se ha volcado para evitar que el saqueo sea consumado.

Sin embargo, la gran paradoja es que ni el procurador general ni la contralora general a punta de controles de advertencia y hasta de denuncias penales, ni mucho menos el alto gobierno -ministro de Hacienda, altos consejeros de Palacio- ha logrado ponerle freno a Ángel Darío Aycardi Galeano, el juez de este municipio de 50.000 habitantes de las sabanas de Córdoba. En otras palabras, casi todo el poder del Estado no ha logrado hacer entrar en razón a un juez de un pueblo.

Tal vez el único organismo al que no se le ha visto mayor actividad es precisamente el que podría haber sido más eficaz. Se trata del Consejo Superior de la Judicatura, el encargado de disciplinar a los jueces, que en un abrir y cerrar de ojos podría resolver el lío.

Lo más aberrante de esta historia es que parece copiada de otros tres desfalcos que sacudieron al país. Primero fue el caso de Foncolpuertos, que comenzó en 1991 y ha costado 2,3 billones de pesos. Después, el de Cajanal, que empezó con una tutela en 2002 y le costó al erario 600.000 millones de pesos. Y más recientemente, el caso de Telecom, que fue liquidada en 2003 y le empezaron a aparecer tutelas a finales de 2008 de trabajadores que alegaban que no podían ser liquidados porque tenían fuero sindical. Ya se han perdido 140.000 millones.

El modus operandi en todos los casos es el mismo. En todos participan abogados corruptos que les piden a los exempleados que les den poder para hacer el trámite ante los juzgados. Les dicen que se van a ganar unos buenos millones y los abogados sacan su tajada. En el caso de Foncolpuertos utilizaron actas de conciliación falsas. Y en el de Cajanal hicieron una fraudulenta reliquidación de pensiones, en las cuales se disparaba la mesada pensional. Cuentan con la ayuda de funcionarios de juzgado o de los propios jueces. Una vez el juez da la orden de embargo o de pago, este se hace efectivo. Y después, cuando el tribunal o la Corte revocan la decisión, es imposible recuperar el dinero porque los beneficiarios se declaran insolventes.

En el caso de los dineros de las mesadas de los maestros que maneja La Previsora la historia se repite, pero con variantes. En este caso ya no utilizan la tutela sino que recurrieron al proceso ejecutivo laboral. Es decir, los 'maestros' van con una resolución firmada por un secretario de Educación y esa resolución es prácticamente un cheque en blanco pues van con ella al juzgado y el juez ordena el pago.

¿Esos 'maestros' que reclaman esos reajustes en sus pensiones se los merecen o no? La Previsora asegura que el 99 por ciento de los casos no tiene derecho al reajuste pensional que están pidiendo. Pero más allá hay otros problemas. El más protuberante es que una ley de 2005 exige que para que se haga efectivo el pago de esa pensión, la resolución del secretario tiene que tener el visto bueno de La Previsora y ninguna de estas lo tiene. Otro detalle es que las resoluciones nunca fueron firmadas por secretarios de Educación titulares, sino por José Miguel Chica, que fue secretario encargado unos días en 2007.

Las órdenes de pago de esas resoluciones comenzaron a aparecer tímidamente en julio de 2010. En ese entonces exigían 2.000 millones de pesos. Hasta ese momento, parecía un caso aislado. Pero en realidad estaban midiendo el aceite a la estrategia pues, a partir del año pasado, se disparó el número de procesos ejecutivos tanto en el juzgado promiscuo de Planeta Rica como en el civil de Lorica, y en diciembre, en otro de Chinú, todos en Córdoba. Hoy, en total, son 450 las resoluciones y en ellas los reclamos suman 400.000 millones de pesos.

Parte de ese monto son los 246.000 millones de pesos embargados en una cuenta que tiene La Previsora en el BBVA, a través de la cual paga la mesada pensional de buena parte de los 130.000 maestros pensionados de todo el país. En otras palabras, lo que el juez de Planeta Rica está pidiendo para reajustar la pensión de 130 supuestos 'docentes' pensionados, equivale a la mesada mensual de miles de maestros que de verdad sí se la ganaron.

Y es que La Previsora se dedicó a llamar uno por uno a los 'docentes' cuyos nombres aparecen en las resoluciones. Según sus cuentas, lograron ubicar por teléfono a 250 y la mitad se mostraron sorprendidos: "Yo no le he dado poder a esos abogados", decía uno de ellos. Otros 40 contestaron que no eran ni habían sido docentes. De hecho, una veintena de los maestros suplantados interpuso una queja el 11 de octubre de 2011 ante la Procuraduría contra uno de los abogados, Jaime Agámez Pineda, argumentando que nunca le dieron poder para que los representara. ¿Quién se está quedando, entonces, con la plata que los jueces ordenan pagar?

Ese es el otro capítulo de este cartel: el papel que desempeñan los abogados y los encargados de ponerles 'tatequieto' a sus excesos. En Montería es vox pópuli que existe un selecto grupo de litigantes dedicados a desfalcar al erario. En el caso del carrusel de Telecom, por ejemplo, fue también en juzgados de Montería y otros pueblos de Córdoba donde se pusieron las primeras tutelas. No obstante, el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba ha declarado la preclusión de las investigaciones contra algunos de ellos.

Curiosamente, a uno de los abogados supuestamente implicados, Heliodoro Agámez Pineda -hermano del otro mencionado-, le robaron en su casa, a principios de marzo, 700 millones de pesos en efectivo. Heliodoro dijo que esa plata era producto de su trabajo, pues según explicó "representa a profesores que han entablado demandas contra la Nación". Para recuperar el dinero puso un aviso de prensa en El Meridiano de Córdoba ofreciendo 100 millones de pesos de recompensa. ¿Por qué tenía esa cantidad de efectivo en su casa? ¿Qué tan cuestionable es que un particular ofrezca este tipo de recompensas?

El otro gran interrogante en todo este caso recae sobre el Consejo Superior de la Judicatura. Mientras el procurador Alejandro Ordóñez y la contralora Sandra Morelli se movieron de inmediato para salvar los recursos públicos y hoy tienen, de momento, taponado el desangre, el Consejo de la Judicatura ha reaccionado a paso de tortuga. La Previsora pidió intervenir a ese tribunal el 24 de enero de este año en una carta dirigida a Henry Villarraga, entonces presidente de la Sala Disciplinaria, y en otra del 29 de febrero dirigida a Angelino Lizcano, pero, hasta donde SEMANA pudo constatar, no se les dio el trámite adecuado y hoy solo están abiertas investigaciones preliminares. El viernes estaba un magistrado auxiliar recogiendo pruebas en Córdoba.

Si el Consejo de la Judicatura se hubiera movido con la celeridad que el caso requería, posiblemente esos 246.000 millones del erario no estarían a punto de perderse.
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