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| 11/24/2012 12:00:00 AM

Crónica: Luto en San Andrés

Adoloridos e indignados los isleños se rehúsan a aceptar que perdieron parte del mar que les ha pertenecido desde antes de ser parte de Colombia. Soplan ansias de emancipación. Crónica de SEMANA desde San Andrés.

El lunes 19 de noviembre fue un día de lamentación en San Andrés. Desde las 7 de la mañana las iglesias bautistas convocaron a su gente a rezar. Luego, en los parques públicos, donde instalaron pantallas gigantes, en las oficinas y en las casas los isleños se aglomeraron expectantes para conocer el fallo de la Corte Internacional de La Haya que pondría punto final a la disputa territorial entre Colombia y Nicaragua sobre un área del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Muchos isleños sabían que podrían perder territorio, pero nunca lo que al final pasó: que iban a quedar ‘mutilados’, porque como bien lo expresó un pescador raizal de 63 años, perder parte del mar “es como quitarle un ala a una gallina”.

En un principio no se dieron cuenta de la amputación. La gente celebró anticipadamente por los cayos. Solo después, cuando entendieron que les habían cercenado el mar, lloraron y algunos no han parado de hacerlo. Tampoco comen y en las noches no duermen. Otros lucen cintas negras en las solapas y a la entrada de la oficina de Agricultura y Pesca de la Gobernación, colgaron dos lazos negros y morados y un dibujo hecho a mano de un pescado que reza: “Se murió la pesca en San Andrés”. El departamento entero está de luto, dice su directora, Marcela Sjogreen y cuenta que en Providencia hicieron un velorio simbólico hasta con ataúdes.

Los isleños no esconden su dolor. Al contrario, quieren que el resto de Colombia y del mundo sepa lo que están sintiendo, aunque tal vez no lo puedan entender. El mar para ellos no es simplemente el agua que rodea las islas. Es parte de su territorio, el patio de la casa, de donde comen, donde trabajan, donde gozan la vida. Allí bautizan a los niños y allí van a descansar las almas de los que se van. Un pescador trató de explicárselo al presidente Juan Manuel Santos. Le dijo que después de la muerte de su madre, haberse quedado sin ese pedazo de mar era lo peor que le había pasado en la vida. Pero no solamente los nativos están en duelo, los ‘pañas’, como los raizales llaman a los continentales que se han asentado en la isla, también están indignados con el fallo.

Los más afectados, sin embargo, son los pescadores. Hay un poco más de 1.000 que practican la pesca artesanal en aguas cercanas a Quitasueño y Serrana, (los dos cayos que desde el lunes quedaron rodeados por aguas nicaragüenses) y 16 empresas de pesca industrial, que depende en un 90 por ciento del banco Luna Verde, también cerca de Quitasueño, quedaron de un día para otro en territorio extranjero. De esa zona sacan hasta 150 toneladas de langosta al año (lo máximo que permite el gobierno para proteger la especie), lo que puede representar hasta 12.000 millones de pesos anuales. En el momento del fallo había en esas aguas 14 barcos pesqueros, por eso la Armada Nacional envió sus corbetas al meridiano 82.

 En puerto, y aburrido con la noticia, se quedó el capitán Rennie Allen-Bodden, del Rough Rider, un barco hondureño. Este es solo uno de los 15 barcos de ese país que también estaban autorizados para pescar en esa zona, gracias a un acuerdo comercial con el gobierno colombiano. Sobre ese acuerdo, y otro con Estados Unidos, la cancillería no ha dicho palabra, ni le ha aclarado a la Gobernación de San Andrés qué van a hacer al respecto. Los 100 pescadores hondureños que integran las tripulaciones de estos barcos están preocupados porque los dos meses y medio que pasan en los bancos de Luna Verde o La Esquina, les permiten ganar dinero suficiente para enviar remesas a sus familias en Honduras, y de paso comprarles electrodomésticos, ropa y otros artículos que son mucho más baratos que en su país.

Los pescadores artesanales de San Andrés y Providencia están asustados, no solo por la restricción a las aguas donde pueden trabajar, que afectará sus ingresos, sino porque temen pasarse por equivocación a aguas nicaragüenses y que los guardacostas de ese país los capturen, como le pasó a Narciso Alvarado. Hace un año se le apagó el motor y terminó a la deriva en aguas extranjeras. Dice que infantes de marina nicaragüenses le dispararon, lo capturaron, le decomisaron la pesca, los implementos de trabajo y la lancha. Pasó 34 días preso durmiendo en un colchón en el suelo y con una muda que el consulado colombiano le llevó. “La comida era muy mala y no me daban ni siquiera las pastillas para la presión alta”, dice. Finalmente, después de que la cooperativa a la cual está asociado logró reunir 250 dólares para pagar la multa, fue deportado a Bogotá. La lancha sigue decomisada porque hay que pagar 4.500 dólares para sacarla. Como Narciso se quedó sin bote, ahora trabaja como obrero de construcción y gana 400.000 pesos, ni la mitad de lo que ganaba como pescador.

Ante las necesidades económicas de los pescadores, algunos podrían caer en la tentación de trabajar para los narcotraficantes, dice el pescador Eugenio Howard. Ellos reclutan a los colombianos porque conocen bien el mar y las rutas de los guardacostas colombianos, que según Manuel Cubillos, gerente de la cooperativa de pescadores, Coopesbi, solo persigue a los narcotraficantes pero no protege a los pescadores, que en su mayoría, cumplen con las cuotas impuestas, a diferencia de los nicaragüenses y pescadores de otros países que son predadores marinos.

Desde 2000 el archipiélago se convirtió en una reserva de biósfera, aprobada por la Unesco. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés (Coralina) delimitó desde entonces las zonas protegidas, las zonas para pesca, y de la mano de la Secretaría de Agricultura y Pesca de la Gobernación de la isla, crearon temporadas de veda para proteger especies vulnerables como el caracol pala y la langosta. Irónicamente, fue un nicaragüense, empleado de Coralina, quien se dio cuenta, luego de plotear las nuevas coordenadas limítrofes en un mapa, que el 54 por ciento del territorio de la reserva se perdió con el fallo de la corte. Esto pone en peligro la segunda barrera coralina más grande del mundo. Pero lo que más temen los ambientalistas en la isla es que el gobierno de Nicaragua permita la exploración y explotación petrolera en esa zona. Aunque nadie sabe con certeza qué tipo de yacimientos hay, es justo en el área que se perdió que la Agencia Nacional de Hidrocarburos pensaba invitar a compañías extranjeras a explorar algunos bloques.

Las repercusiones económicas y ambientales del fallo tienen preocupados hasta a los niños. Los 54 alumnos de quinto grado de la profesora Maritza Emily O´neill, en el First Baptist School en La Loma no paran de hacer preguntas. Durante este último periodo escolar, los alumnos estudiaron un módulo especial sobre el mar y ahora son conscientes de la cadena económica que hay desde los pescadores, a los vendedores, pasando por los restaurantes y hoteles en la isla.

Al lado de la escuela, en lo más alto de la colina está la First Baptist Church, la primera iglesia y centro de culto clave de los raizales en la isla, donde predica el pastor Raymond Howard, líder religioso pero también político del movimiento Amen, (Archipelago Movement for Ethnic Native Self Determination) que busca su reconocimiento étnico y el derecho de los isleños a la autodeterminación.

El jueves 22 de noviembre, en la noche, durante la celebración del Día de Acción de Gracias en la iglesia inmaculada de madera blanca, el pastor Raymond les habló a unos 100 feligreses así: “There is a big fire, burning in the heart of every raizal, and it will continue to burn until we reach what we are fighting for...Father, you are the highest and ultimate judge…our case will be judged in the courts of heaven” (Hay un gran fuego en el corazón de cada raizal, y seguirá ardiendo hasta que consigamos lo que tanto hemos luchado…. Dios, tú eres el juez más importante y el definitivo….Nuestro caso será juzgado en las cortes del cielo)

Con la ayuda de Dios, pero también de la Constitución colombiana y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, los raizales quieren ir a negociar directamente con el gobierno de Nicaragua un acuerdo para seguir navegando y pescando en aguas que les pertenecían desde sus ancestros, y creen que este es el momento de exigirle al gobierno colombiano que por fin los reconozca a ellos como dueños de un territorio colectivo, así como el Estado lo hizo con los afros y grupos indígenas en algunas áreas de la geografía continental. Además, en el fallo de La Haya quedó explícito que ni Colombia ni Nicaragua tenían cómo demostrar su soberanía sobre el archipiélago desde la colonia. “A nosotros no nos liberó Simón Bolívar. Ya éramos libres y decidimos unirnos a la Gran Colombia como una nación”, dice Howard.

Para los raizales haber entregado ese pedazo de mar a Nicaragua es perder aún más su independencia, porque ahora quedarán atados a Colombia para su supervivencia. El Plan San Andrés y la emergencia económica propuesta por el gobierno fueron recibidos como un insulto y no como una solución. Mucho de lo que propone hacer el gobierno en esta coyuntura ya estaba en el Plan de Desarrollo o son reclamos ignorados por el Estado durante años. Comparten esa opinión algunos como el taxista cartagenero Lewiston Pitalua. “Los políticos vienen a hacer promesas y las tiran al mar cuando se van en su avión”.

Varios de los líderes de la Amen se reunieron con el presidente a principios de la semana. Dicen que Santos les dijo que no quería convertirse en el peor presidente de la historia, superando a Marroquín, a quien le encargaron un país y entregó dos, y que les dijo que estaba dispuesto a discutir el ‘estatuto raizal’ un proyecto de ley presentado hace 30 años en donde reclamaban sus derechos, que se hundió antes de presentarlo en el Congreso. Según ellos ese estatuto hoy ya no tiene sentido porque la isla y su población cambió.

Eso se hizo evidente durante la marcha de protesta el pasado viernes, convocada por la Amen, pero a la que se unieron comerciantes, ‘pañas’ y los turistas curiosos en chancletas que salieron a verla desde el andén. El mensaje en la marcha, quizás la más multitudinaria que la isla haya visto era claro: Colombia no debe acatar el fallo de La Haya. Así lo manifestaban en coro, en pancartas en inglés y español, y en la parte delantera de sus camisetas. De espaldas, el mensaje era otro: “Enough is Enough”. Ya es suficiente.
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