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| 7/9/2011 12:00:00 AM

Crónica presidencial

En un relato en primera persona, el entonces presidente César Gaviria narra cómo se abrió camino la Constitución del 91 en medio de las bombas y la amenaza narcoterrorista de Pablo Escobar.

La celebración de los veinte años de la Constitución de 1991 ha sido una magnífica oportunidad para reflexionar sobre sus positivos resultados en materia de la consagración del Estado Social de Derecho.

Voy a mencionar algunas circunstancias de ese proceso no con precisión histórica, sino con base en los recuerdos que tengo. Por allá en 1989, en el momento más álgido del terrorismo y en medio de un ambiente macabro, quise darle un toque optimista a mi campaña presidencial y me comprometí con un revolcón histórico a las instituciones, pero debo confesar que con una expectativa aún vaga de los cambios y muchas incertidumbres en el campo político.

Hacia la mitad de la administración Barco, Fabio Ochoa Vásquez salía libre de La Picota por una decisión de hábeas corpus, y el gobierno, como nunca antes, se veía impotente frente a la sangrienta ofensiva del narcotráfico, en ese entonces dirigida contra los jueces ante la más mínima acción judicial en su contra. En medio de estas circunstancias y cuando regresaba de un rápido viaje al exterior, me encontré con un titular de El Espectador a seis columnas que decía "Vergüenza".

En esos momentos estábamos en el comienzo de lo que iba a ser -pero aún no se avizoraba- una cruzada por defender unas instituciones que cada vez tenían menos lustre y con unos instrumentos de excepción, el artículo 121 de la Constitución de entonces, que ya no intimidaban a nadie y habían perdido toda su fuerza. Por momentos parecía que el gobierno tambaleaba. A los pocos meses de posesionarse Barco, ya las mafias del narcotráfico habían asesinado a Guillermo Cano, un adalid contra las mafias del narcotráfico. Ese episodio fue muy dañino para el gobierno y tremendamente intimidante para los periodistas. En esa época secuestraron a Andrés Pastrana y asesinaron al procurador Carlos Mauro Hoyos. Vivíamos entonces en medio de un enfrentamiento sangriento que se había iniciado con el magnicidio de Rodrigo Lara Bonilla.

Parte de estos hechos ocurrieron a pesar de que habíamos creado la Jurisdicción de Orden Público, que tenía jueces sin rostro y testimonios secretos, y aseguraba protección total a estos funcionarios y a sus familias y localización en una sola ciudad y en las mismas instalaciones. Recogimos en ella buena parte de la legislación antimafia italiana. Estábamos entonces en pleno desarrollo de las marchas campesinas armadas impulsadas por el ELN y que congregaban a cientos de manifestantes. Ellas tuvieron su máxima expresión de anarquía el día en que una de ellas terminó en Santander con la muerte de un coronel, varios soldados y campesinos. Esto ocurrió el mismo domingo en que secuestraron a Álvaro Gómez mientras el presidente Barco estaba en una gira oficial por Europa. Pudimos desmovilizar la marcha gracias a una intervención por televisión al estilo de la orden de dormir de Carlos Lleras después de las elecciones presidenciales del 70. Superamos esa dificultad, pero nos quedaba el desafío del secuestro de Gómez, que pasaría a ser la prioridad del gobierno y la mía propia como ministro de Gobierno.

Para entonces, en las mañanas de los sábados, el presidente Barco atendía al buen director de Instrucción Criminal, Carlos Eduardo Mejía, quien llevaba testigos a Palacio para que el presidente se formara una opinión y diera a la fuerza pública una orden perentoria para detener a determinado paramilitar o capo del narcotráfico, muchos de los cuales actuaban en complicidad con militares y algunos terratenientes, principalmente de Puerto Boyacá, que ya con Urabá, Córdoba, Meta y Casanare eran el epicentro de los focos de terror. En esas regiones, ellos empezaban a imponer su régimen cruel que pronto nos trajo a la memoria los peores recuerdos de lo que los colombianos eufemísticamente llamamos la Violencia.

En ese entorno empezaron a darse las grandes masacres de Urabá ordenadas por los hermanos Castaño, aliados de Escobar y del Mexicano, que ya estaban en plena tarea de exterminar a los miembros de la Unión Patriótica, uno de los más vergonzosos capítulos de nuestra historia. A la Unión Patriótica se le acusaba de ser el brazo político de la guerrilla, y en eso coincidían algunos círculos de opinión y columnistas de la capital.

Algún fin de semana, con Fernando Cepeda, entonces ministro de Comunicaciones, le presentamos a Barco una idea que se había empezado a discutir en el entonces llamado "sanedrín" para convocar un plebiscito como el de 1958, que nos permitiera refrendar unas propuestas de reforma constitucional. El primer borrador de esa idea lo hizo Manuel José Cepeda, recién llegado al país después de hacer una maestría en Estados Unidos. El impacto político y de medios fue impresionante. Álvaro Gómez, desde su editorial de El Siglo, lo llamó el plan para un asalto perfecto a una joyería.

El texto contenía lenguaje constitucional afortunado y tuvimos una de las primeras señales de que el país quería recorrer un camino como ese. Súbitamente dejamos atrás las masacres y las fugas, y el país se centró en la urgencia de lo que vagamente llamábamos "un cambio político profundo".

Misael Pastrana, entonces jefe del conservatismo, señaló de manera contundente e inequívoca su disposición para hacer un pacto bipartidista con el fin de sacarlo adelante. Después de su irreductible oposición de esos años al gobierno, el gesto demostró que con esa propuesta, detenida rápidamente por el Consejo de Estado, el germen se había sembrado.

De allí en adelante trabajamos en una reforma constitucional que en una primera vuelta me correspondió tramitar como ministro durante la legislatura de 1988. Allí tuve la ocasión de conocer de cerca a Luis Carlos Galán, quien, con Hernando Durán, buscaba hacer de la reforma una de las bases para la unión liberal. Ya hablábamos entonces de la Fiscalía General y de otras instituciones hoy vigentes, pero lo más interesante es que en ella se consignó la primera carta de derechos fundamentales, cuyo origen fue un primer borrador de Carlos Restrepo Piedrahíta, con intervenciones de Manuel José Cepeda y del profesor Sáchica. Los editorialistas y columnistas fueron en extremo desfavorables y pocos tuvieron la benevolencia para aceptar que la idea merecía ser discutida.

A principios de 1989 se produjo el atentado en el que perdió la vida José Antequera y que dejó gravemente herido al entonces precandidato liberal Ernesto Samper. Pero lo peor estaba aún por venir. El 18 de agosto de ese mismo año, con diferencia de pocas horas, fueron asesinados Luis Carlos Galán, el magistrado de la Corte Suprema Carlos Valencia y el comandante de la Policía de Antioquia, Valdemar Franklin. Fue el inicio formal del peor coletazo del narcoterrorismo de Escobar y sus secuaces. Vino el periodo de las bombas que a todas horas estallaban en todas las ciudades de Colombia, de la bomba al edificio del DAS, del derribo del avión de Avianca y del cruel asesinato de los candidatos Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo.

Para las elecciones de marzo hubo algo más de calma, aunque cayó vilmente asesinado Federico Estrada Vélez por no cumplir los designios de Escobar, y se dio la muerte indiscriminada de más de cuatrocientos policías de Medellín por los que Escobar pagaba dos millones de pesos, muchos de ellos asesinados cuando, vestidos de civil, iban a visitar a sus familias.

Después de ser elegido en la consulta liberal, el desafío era llegar vivo a la presidencial. Los pocos actos públicos que realizamos fueron con precauciones inauditas y al final las autoridades me pedían que no me moviera de mi apartamento.

Cuando en esas semanas se dio de manera espontánea el grito de la séptima papeleta por parte de los estudiantes, creo haber sido uno de los primeros en apoyarla, aunque si no estoy mal, todos los candidatos lo hicimos. El presidente Barco se entusiasmó con la idea y me mandó consultar si yo lo defendería de las eventuales venganzas de sus enemigos, ya que expedir por decreto la contabilización de las papeletas podría darles un pretexto para un juicio político.

La votación por ella fue abrumadora: no hubo resistencia alguna y la voluntad política de todos los partidos y movimientos fue expresa y entusiasta. Concluida también la elección presidencial, vino un periodo de calma y espera. Hacia julio de 1990 comenzamos reuniones diarias con representantes de todos los partidos y movimientos representados en el Congreso.

Se inicio así el proceso de buscar el mecanismo para convocar la Asamblea Constituyente. Además de Manuel José Cepeda, participaron en ese proceso, entre otros, Fernando Carrillo y Andrés González. Se hicieron las consultas, y el único antecedente que tenía alguna posibilidad de éxito era la convocatoria del plebiscito de 1958, que se hizo a partir de un acuerdo de los dos partidos y de las sentencias de la Corte Suprema que hablaban del poder constituyente soberano y que habían avalado el decreto de Barco, indicando que el pueblo podía autoconvocarse. Lo que vino después fue un trabajo que comenzaba a las seis de la tarde todos los días y que duraba hasta medianoche, discutiendo el temario, las ideas que cada sector tenía.

El gobierno aportó un esquema de derechos y la tutela como instrumento para protegerlos, así como muchas de las ideas que sobre descentralización, derechos económicos, estados de excepción, control político, origen de los organismos de control, subsidios, fueron conformando un temario bastante vigoroso, por supuesto con las propuestas de todos los sectores. Ya para entonces, el presidente López Michelsen, muy reputado constitucionalista y profesor de la Universidad Nacional, reconocía que la Constituyente tenía cara.

El gobierno empezó con la idea de hacer una Asamblea de solo cincuenta miembros elegidos popularmente, y luego se amplió a setenta. Para resolver un impasse, llevamos a la mesa la idea de la circunscripción nacional, que dejó muy satisfechos a Salvación Nacional y a la Alianza Democrática M-19, pero que causó mucho recelo en los dos partidos tradicionales, sobre todo el Conservador. Al final revisamos entre todos el decreto de convocatoria, mi gobierno lo expidió y ya no quedaba otra opción que esperar a que la Corte Suprema, en su sabiduría, nos diera vía libre.

Mi optimismo era apenas moderado, pues la Corte Suprema había sido muy celosa como guardiana de la Constitución del 86. Después de varios días de intenso debate en el cual las fuerzas que estaban a favor y las que estaban en contra parecían parejas, se dio a última hora una transacción con el magistrado Hernando Gómez Otálora, en virtud de la cual él ofrecía su voto a favor a cambio de la derogatoria del temario. Con una exequibilidad declarada de manera muy estrecha, se dio vía libre a un proceso que se auguraba muy prometedor por la derogatoria del temario, pero que entrañaba riesgos mucho mayores. Lo demás es la historia del proceso en sí mismo, que debe ser materia de un examen diferente.
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