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| 5/17/2011 12:00:00 AM

Cruzada contra el robo de celulares

El Mintic presenta en la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones una propuesta para atacar el hurto de teléfonos móviles, mientras en el Congreso se tramita una ley que contempla el mismo propósito.

Todos los días en todo el país roban celulares. En algunos casos matan para hacerlo. No es solo una percepción. El Gobierno y las autoridades saben que la situación es grave y por eso buscan acciones para solucionarlo.
 
Este martes entró a último debate en el Congreso el estatuto de seguridad ciudadana, que destaca una reglamentación específica para el robo de celulares. No solo tipificando la conducta y estableciendo una pena severa, como lo ha señalado el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, sino además obligando a las compañías de telefonía celular a que una vez reciban la denuncia de robo desconecten los celulares, los dejen inservibles y así los aparatos no puedan entrar al mercado secundario.
 
Y este mismo martes, una comisión del Ministerio de la Tecnología de la Información y Comunicaciones viajó a República Dominicana para hacerse presente en la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel), un organismo de la Oea en donde se pretende poner sobre la mesa el tema de los robos de celulares. El ministro de esta cartera, Diego Molano, le explicó a Semana.com de qué se trata la propuesta.
 
“El robo de celulares no solo pasa en Colombia, sino en el mundo entero. Nosotros al ser miembros de la OEA, y ahí está Citel, presentaremos una propuesta para que empecemos a generar un trabajo mancomunado con otros países. Lo que estamos pidiendo es que esta instancia recomiende a todos los países de la región que hagan bases de datos con el registro de celulares robados para que no puedan ser activados”, señala el ministro Molano.
 
La idea también será presentada ante Unasur. “Es sencillo. Se trata de que un teléfono celular robado en Colombia no se pueda activar, por ejemplo, en Argentina”, dice el ministro Diego Molano. Solo el año pasado tres millones de celulares robados terminaron en el exterior.
 
No hay que olvidar que las millonarias cifras que mueve el negocio han convertido a esta actividad en una verdadera mafia con amplios márgenes de utilidad. Un Blackberry comprado legalmente cuesta alrededor de 700.000 pesos. El ladrón, en cambio, lo vende en los diferentes sitios de acopio, los cuales son bastante conocidos en todas las ciudades del país, por un precio que va de los 50.000 a los 80.000 pesos. Ese mismo aparato es revendido por cerca de 300.000 pesos, lo cual le da un margen de ganancia al vendedor ilegal de 400 o 500 por ciento.
 
Además, en un país donde hay más de 44 millones de celulares activos, el hurto de estos aparatos es, sin duda, una de las modalidades criminales de mayor presencia. “Solo en el caso de Bogotá, más del 53 por ciento de los hurtos a personas son robos a celulares”, precisó recientemente el alto consejero presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, Francisco José Lloreda.
 
Pero la propuesta de crear bases de datos en otros países que permitan saber cuáles teléfonos fueron robados y por lo tanto deben desactivarse -dice el ministro Molano- debe regularse también en Colombia. Y es que aunque desde hace dos años, por disposición de los entes de inspección y vigilancia, las empresas de celulares deben intercambiar entre sí los datos de los móviles hurtados, para evitar que sean nuevamente activados en una empresa distinta. Y es que en este momento basta pagar 10.000 pesos para que mediante un programa de internet, el vendedor del celular robado abra las bandas y vuelve a funcionar.
 
Además, el ministro de la Tecnología de la Información y comunicaciones señaló a Semana.com que ya está en manos del presidente Juan Manuel Santos el decreto que establece la creación de una base de datos de celulares que hayan sido hurtados y otra en la cual las compañías de telefonía celular consignen el registro del origen de los celulares antes de ser activados. Dichas listas no son nuevas en el país, sin embargo no han funcionado como se esperaba, por lo que se busca que ahora con decreto en mano logren su objetivo. Para que así sea, advierte el ministro, “es clave denunciar”.
 
En el decreto al que hace mención el ministro Diego Molano también se incluye una medida que busca que los teléfonos celulares solo puedan ser vendidos en tiendas autorizadas por los operadores de telefonía móvil o el Ministerio de la Tecnología de la Información y Comunicaciones.
 
Sobre el tema, el columnista de Dinero.com Luis Alberto Arango señala que difícilmente dichas acciones funcionarán. Él sostiene que “la tecnología actual permite que los ladrones borren los códigos internos de software del teléfono y registren números de identificación nuevos para que puedan ser activados en cualquier operador sin que aparezca en una lista negra”.
 
¿Serán suficientes estas medidas para acabar con el robo de celulares? El ministro Monalo cree que sí, y se atreve a decir que si no lo logran ahora, cada vez será más difícil que al país lleguen nuevas tecnologías para celulares, pues la gente tendrá miedo a comprar un celular, que además de lujoso es costoso. Nadie querrá arriesgar su vida a cambio de un teléfono.
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