CUANDO LAS PALABRAS CUESTAN

Fue una decisión sin precedentes.
En un país acostumbrado a que la reputación de las figuras públicas dure menos que un merengue en la puerta de una escuela, la condena por parte del juez tercero superior de Pereira, Felipe Miranda Rodríguez, a un periodista risaraldense a 18 meses de prisión por el delito de injuria en la persona del actual ministro de Gobierno, César Caviria Trujillo, sorprendió a más de uno.

Tanto, que el caso despertó un interés que bien podría calificarse de inusitado, teniendo en cuenta que la condena resulta casi simbólica, pues es excarcelable y por ahora el acusado, Zahúr Zapata Cardona, solo tendrá que cumplir con presentaciones mensuales ante el juigado. No es entonces la condena lo que marcará el caso para la historia. Tampoco la personalidad del acusado, un periodista local absolutamente desconocido allende los límites municipales, que imprime hojas volantes y las distribuye en las calles de Pereira. Menos aún por el calibre de la ofensa, que nadie fuera de esa ciudad conoce y que no se puede reproducir, según lo expresado por el artículo 315 del Código Penal (el que se refiere a la injuria), que acoge dentro de su supuesto a quien reproduzca, así sea en forma impersonal, lo que se ha dicho del ofendido.

La verdadera dimensión de la noticia radica en que cambia una costumbre de vieja data y según la cual una condena por injuria--en particular en el caso de un periodista--resultaba tan difícil como conseguir que la administración de impuestos devuelva un excedente tributario. En las pocas ocasiones en que este tipo de demanda prosperaba, solía suceder que acusador y acusado se tranzaran por una retractación pública de parte del ofensor .

Pero si algo le da trascendencia a lo sucedido es el hecho de que mientras se conocía el fallo contra Zapata --fallo que no se encuentra ejecutoriado y que de seguro será apelado ante el Tribunal de Risaralda--, dos importantes figuras de la actualidad política nacional protagonizaban un caso similar aunque diferente. El ex candidato de la Unión Patriótica Jaime Pardo Leal, demanoó al ex ministro de Defensa, general (r) Fernando Landazábal Reyes, quien lo acusó de ser el "jefe supremo de las guerrillas, del secuestro, del boleteo (...) la autoridad más alta en la conducción de la subversión en Colombia".

Hay varias diferencias entre los dos casos. Para empezar, el ex ministro no imprimió y distribuyó--como lo hizo Zapata--sus opiniones sobre el demandante. Lo que hizo fue declararlas ante millones de radioescuchas del programa "6 a.m. 9 a.m." de la cadena Caracol. Además, y esto es quizá lo más importante, la demanda de Pardo Leal contra Landazábal no es solo por injuria, sino por injuria y calumnia, con lo cual, según los especia;istas en derecho, las cosas cambian mucho.

En el caso de Zapata, si los amigos del ministro, y entonces parlamentario Gaviria, lo hubieran demandado también por calumnia, se habrían metido en el enredo de tener que demostrar que las afirmaciones del periodista eran falsas, mientras que en el caso de la injuria, esto no es necesario. Los abogados de Pardo tendrán precisamente que hacer eso, demostrar que él no es el jefe supremo "de las guerrillas, del secuestro", etc., que es algo asi como partir de la base de que el ex candidato de la UP es culpable de lo que lo acusa Landazábal hasta que compruebe lo contrario.

Claro que en esa comprobación se resolverían muchas de las bizantinas discusiones que rodean el debate actual sobre el proceso de paz. "No es que haya mucha gente que crea que el doctor Pardo es lo que asegura Landazábal que es, pero si la falsedad de esas acusaciones quedara determinada en una decisión judicial sería muy importante", explicó a SEMANA un vocero de la UP. El problema, como siempre, es cuánto pueda demorarse esa decisión judicial. En el caso de Zapata Cardona, el proceso duró alrededor de un año, a pesar de que la acusación era solo por injuria. Y en Colombia, muy poca gente sabe qué estará pasando en la cuestión de la paz dentro de un año. --