Cuando el río suena...

El año que termina ha sido rico en enseñanzas para los colombianos. Una de ellas es que su opinión no se mide sólo por las encuestas, también cuentan las protestas. Estas son un recurso límite -y si se quiere desesperado- de los ciudadanos para hacerse escuchar cuando hay oídos sordos a sus reclamos. En ese sentido las protestas no son buenas ni malas, simplemente expresan los conflictos de una sociedad. Por ello pueden ser una fuente interesante para conocer por dónde marcha el país. Tal es el ejercicio que nos proponemos en estas líneas.

Lo primero que llama la atención es el relativo alto número de protestas en lo que va corrido de 2004. Hasta mediados de noviembre, según datos provisionales del Banco de Datos de Luchas Sociales del Cinep, se contabilizaban 443 acciones sociales colectivas, por encima del promedio de 426 en los últimos 29 años. Esto quiere decir que después del bajón observado para el período 2000-2002, las luchas sociales han vuelto a aumentar en un gobierno como el actual que se caracteriza por su tono autoritario.

Lo segundo que resulta de interés es la composición social de las multitudes que se manifiestan. Como se ha visto desde los años 90, los pobladores urbanos siguen estando a la cabeza con 180 registros, seguidos de los asalariados con 108 -40 son huelgas- y de los estudiantes con 63. Pero no basta la cantidad, importa también la calidad. En ese sentido resaltan acciones que, si bien son convocadas por un sector, reciben amplio apoyo ciudadano al conformar nutridas multitudes que hacía años no se veían. Así ocurrió en los últimos meses con la minga o marcha de los indígenas de Cauca a Cali en septiembre, las jornadas nacionales del 12 de octubre, para no hablar de las innumerables movilizaciones por la defensa de los derechos humanos no sólo civiles y políticos, sino también económicos, sociales y culturales. En estos últimos casos incluso han contado con el apoyo de algunas autoridades locales y regionales.

Pero definitivamente lo que más enseña de la movilización ciudadana son las razones que la motivan. Según la clasificación de Cinep, 24 por ciento de los registros corresponden a decisiones políticas del Estado en sus distintos niveles; 22 por ciento, a exigencia de derechos humanos, y 13 por ciento, a denuncias por incumplimiento de pactos o leyes. Es decir que más de la mitad de todas las protestas del año se relacionan con motivos políticos. Esta constatación sugiere varios equívocos que es bueno despejar. La lucha social se ha venido politizando desde finales de los años 80 pero el fenómeno ha cobrado importancia en los últimos cinco años. En 2004 ha habido protestas contra la reelección inmediata del Presidente, el Estatuto Antiterrorista, los acuerdos con los paramilitares -aquí ha habido unas pocas movilizaciones a favor también-, la negociación del TLC, las propuestas de reformas pensional y tributaria, las privatizaciones, la política petrolera, la fumigación de cultivos ilícitos y el desmonte de la Constitución.

La abundancia de estas protestas es una novedad en una perspectiva histórica, pero aún es temprano para decir que se está generando un gran movimiento social de oposición a Uribe Vélez. Todavía muchas de las luchas se dan en forma aislada o tocan aspectos particulares de fenómenos estructurales que se han agudizado en los últimos años. Un caso dramático es el del sector salud, en donde los efectos de la Ley 100 -en nada atenuados por el actual gobierno- han llevado a 79 hospitales y clínicas a su práctica desaparición. En el sector educación, 14 universidades públicas han visto movilizaciones en torno a la financiación. En algunas de ellas, el estilo autoritario del gobierno ha permeado las directivas en su afán de imponer, sin consultar con la comunidad académica, reformas mesiánicamente diseñadas.

En síntesis, las protestas son una expresión de la dignidad crecientemente reclamada por los colombianos. Conviene oírlas para saber cuándo el río crece y para dónde va la corriente.

* Profesor titular de historia de la Universidad Nacional e investigador del Cinep