Protestas: ¿Por qué surgió esta ola de descontento?

Hace mucho tiempo el país no se había visto expuesto a tantos paros y protestas de tan diversos sectores y regiones como en las últimas tres semanas. Desde profesores y empleados públicos, hasta el departamento del Chocó y el puerto de Buenaventura, marcharon y protestaron haciendo todo tipo de exigencias. También lo hicieron en el último mes el Inpec, los taxistas y hasta los arroceros.

Los educadores exigían, principalmente, mayores salarios mientras que el Chocó y Buenaventura pedían que el gobierno saldara “la deuda histórica y social que tiene la Nación con esta región olvidada”. Los arroceros demandaron mejores precios para sus cosechas; los trabajadores del Inpec, más favorables condiciones de trabajo; y los taxistas, que les quitaran la competencia de Uber a su negocio.

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¿Hay algún denominador común en tantas marchas y protestas? ¿Por qué coincidieron en el mismo momento paros que tenían objetivos tan diferentes? Una primera explicación es que, simplemente, el panorama económico se ha debilitado y ha golpeado a todo el mundo. El crecimiento bajo, la reforma tributaria, el ajuste en el gasto público para responder a la caída en los ingresos petroleros han deteriorado el bolsillo de mucha gente. Y es normal que expresen el descontento generado por la menor riqueza.

Pero esa es solo una motivación. Los momentos de crecimiento débil y ajuste son cíclicos y se dan con cierta frecuencia, y no necesariamente conducen a una ola como la que ha vivido el país en las últimas semanas. También hay razones políticas. El gobierno de Juan Manuel Santos se ha debilitado y, a pesar de que se sabe que su chequera no está boyante, lo perciben como un mandatario necesitado de aceptar concesiones para aliviar la incertidumbre que surge de la proliferación de protestas. Santos tiene fama de conciliador y de responder a las manifestaciones con actitud más laxa que autoritaria, y eso ha alimentado la idea de que estas movilizaciones son rentables en su gobierno.

También hay un elemento estructural: la debilidad de los mecanismos de representación, en especial los partidos. La mala imagen del Congreso y de las bancadas ha contribuido a desplazar los debates desde el Capitolio a las calles. Tanto es así, que algunos políticos –sobre todo de la oposición uribista y del Polo Democrático– se han acercado a estos movimientos. A menos de un año de elecciones de Congreso, para un parlamentario es más atractivo sumarse a las manifestaciones públicas que convocar a un debate en el Capitolio o presentar un proyecto de ley.

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Otra explicación tiene que ver con el proceso de paz con las Farc. Muchos analistas previeron que, una vez terminada la guerra, se incrementaría la protesta social. Estos movimientos en el pasado fueron macartizados por la participación de la guerrilla, y tuvieron que defenderse de esas acusaciones que, con frecuencia, se hacían para justificar la represión. En el inminente posconflicto no hay lugar a esa manipulación y, en cambio, existen mejores condiciones de orden público para la movilización social.

También hay asuntos legales pendientes. Las huelgas y paros en los servicios públicos han sido objeto de debate desde hace años. La Constitución actual las permite, pero remite su reglamentación a una ley que no se ha tramitado. Y hace falta precisar las fórmulas para buscar un equilibrio entre dos objetivos igualmente deseables. Por una parte, las garantías para el ejercicio del derecho a la protesta. Y de otra, la satisfacción del interés general en la prestación de servicios esenciales como la educación, la salud o el transporte. La falta de claridad normativa impide un ejercicio constructivo –y efectivo– de la manifestación social.

Y está, finalmente, el eterno debate sobre el efecto de los paros. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Resiste el presupuesto nacional las demandas que, en simultánea, hacen tantos sectores? El paro del puerto de Buenaventura, por ejemplo, “pudo haber afectado la capacidad exportadora del país y el abastecimiento de insumos para algunas actividades industriales”, según Leonardo Villar, director de Fedesarrollo.

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Y sobre el impacto fiscal que podrían tener las concesiones otorgadas, el gobierno afirma que el esfuerzo adicional que se ha hecho está dentro de las posibilidades presupuestales. “El gobierno ha sido juicioso en cuidar la disciplina fiscal que ha caracterizado al país en los últimos años. Un desorden en las finanzas públicas sería un error para todos”, afirma Andrés Escobar, viceministro de Hacienda.

No obstante, para Fedesarrollo sería deseable que los compromisos de gasto no fueran resultado de los paros, sino de la planificación de cada sector. “Al sentirse presionado, el gobierno podría terminar prometiendo más de lo que puede cumplir, y asumiendo posturas que no encajan con su Plan de Desarrollo ni con la responsabilidad fiscal”.

Seguramente pasarán meses antes de que se sepa a ciencia cierta cómo les fue al gobierno y a los sectores en la reciente ola de paros (ver recuadro). Pero lo que casi todo el mundo da por cierto es que vendrán más marchas y movilizaciones. 

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EL COSTO DE LOS ACUERDOS

Estas fueron las principales concesiones que aceptó el gobierno en los principales paros.

Trabajadores estatales y educadores

Los trabajadores estatales pactaron un incremento salarial para 2017 de un punto por encima de la inflación de 2016. Es decir, un incremento de 6,75. Los sindicatos pedían un aumento de inflación más 5 puntos porcentuales (10,75 por ciento).

Para 2018 será lo mismo. Un punto por encima de la inflación, pero si el PIB llega a crecer más de 2,4 por ciento este año, el aumento será de 1,2 puntos. El aumento salarial beneficia a 1,2 millones de empleados públicos, militares, policías, jueces, médicos y a todos los docentes. Es más, para los maestros –dado el plan de nivelación salarial acordado en 2015– el aumento será de 8,75 por ciento. Sin embargo, estos están pidiendo que dicha nivelación se extienda hasta 2020 y 2021, así como una bonificación adicional de más de 400.000 millones de pesos.

El Chocó

Los chocoanos lograron que el gobierno nacional se comprometiera con cuantiosos recursos para vías, hospitales, y hasta con que Belén de Bajirá –que estaba en disputa con Antioquia– quedara en el mapa del departamento. La nación se comprometió a entregar más de 440.000 millones de pesos, adicionales a los que estaban en ejecución, para terminar la adaptación de las vías que comunican a Quibdó con Pereira y Medellín, prioritarias para mejorar la conectividad entre la capital chocoana y el resto del país. También se girarán recursos por más de 84.000 millones de pesos (junto con una contrapartida de la Gobernación por 12.000 millones) para la construcción de hospitales, incluyendo los centros asistenciales de nivel II en Bahía Solano, Riosucio e Istmina, y la construcción del hospital de tercer nivel de Quibdó.

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Buenaventura

Los bonaverenses lograron que el gobierno se comprometiera con aproximadamente 1,5 billones de pesos para obras en el puerto durante el tiempo que resta del actual mandato, y con la elaboración de un proyecto de ley con un plan de desarrollo social especial a diez años para Buenaventura. Para financiar este Fondo Buenaventura se incorporaría un régimen excepcional, que permitiría que el 50 por ciento del valor del impuesto a la renta con que están gravadas las empresas vinculadas a la actividad del puerto se destinen a dicho patrimonio, y además se gestionará un crédito externo por valor de 76 millones de dólares para iniciar el fondo. Si bien deberá ser el proyecto de ley el que establezca los programas prioritarios y las fuentes adicionales de financiación, se estima que los compromisos superan los 8 billones de pesos. El proyecto de ley deberá presentarse al Congreso de la Republica el próximo 20 de julio de 2017 con mensaje de urgencia.