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| 6/10/2017 10:15:00 PM

Los bienes de las Farc en la mira

Esta semana quedó claro que con la plata que entreguen las Farc no se podrá financiar su actividad política, y que deberán entregar hasta el último peso. Ese dinero irá a las víctimas y excombatientes. La transición a política la financiará el Estado.

Como reza el adagio popular, del afán no queda sino el cansancio. Eso parece ser lo que le ocurrió al gobierno con la maratón de decretos que expidió el presidente horas antes de que expiraran sus facultades extraordinarias para la implementación del acuerdo de paz con las Farc. Por lo menos uno de ellos levantó una enorme polvareda. Se trata del Decreto 903 “por el cual se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición de las Farc-ep”. En dicho decreto, que tiene fuerza de ley, se establece la creación de un fondo fiduciario a donde irán a parar los activos de esa guerrilla, que irán a la reparación de las víctimas. Pero como el diablo está en los detalles, la redacción del decreto prendió las alarmas del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien advirtió que tal y como quedó expedido, las Farc podrían terminar usando para la política los recursos obtenidos de manera ilícita durante la guerra. Agregó que eso podía significar una operación de lavado de activos.

En resumen, esto es lo que dice el decreto: 1) Que antes de que se terminen las zonas veredales, es decir, el 1 de agosto de este año, las Farc deben entregarle a la ONU un inventario de sus bienes y activos, y que esta organización se lo hará llegar al gobierno. 2) Que los bienes que estén incluidos en dicho listado no serán objeto de acción penal. 3) Que se creará un fondo de patrimonio autónomo con estos bienes para reparar a las víctimas y para los programas contemplados en el punto 3.2.2 del acuerdo, que trata sobre la reincorporación económica y social de las Farc. 4) Que este fondo será gobernado por un consejo fiduciario y el director será nombrado por el gobierno, por sugerencia de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), en la cual tienen representación tanto el gobierno como las Farc.

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El fiscal Martínez llamó la atención de inmediato sobre dos aspectos. El primero es que el punto 3.2.2 incluye, entre otros, la creación de un centro de pensamiento que apoyará al partido de las Farc. Para él eso significa que por esa vía los bienes de esa guerrilla, que fueron adquiridos de manera espúrea, podrían terminar financiando su actividad política, lo cual además de ilegal, es inaceptable. El segundo es que al ser consultada la CSIVI sobre la persona que estará al cargo del fondo, se les está dando capacidad de coadministración a los guerrilleros sobre sus propios bienes.

Jurídicamente el fiscal tiene razón. Aunque la intención del gobierno siempre ha sido que la plata de la insurgencia se destine a la reparación integral de las víctimas y no a su actividad política, sin embargo, una jugada hábil de los negociadores de las Farc permitió ir más allá. Según el acuerdo de paz esa reparación integral se debe hacer “observando los criterios establecidos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a los recursos de la guerra”. Hasta ahí el tema había quedado en abstracto. Pero en la elaboración del decreto-ley esa jurisprudencia cogió cuerpo recurriendo a una sentencia de la corte a propósito de la Ley de Justicia y Paz de los paramilitares, en la cual los magistrados dictaminan que, aunque los victimarios tengan la obligación de reparar a las víctimas, pueden mantener los recursos provenientes de la guerra que les permitan tener una “vida digna”.

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Amparado en ese concepto el gobierno incluyó los programas de reincorporación, que se ajustaban al espíritu del acuerdo como parte del objeto de financiación de este fondo. Pero quedó incluido el centro de pensamiento, que es el que ha dado pie a la interpretación de posible financiación de la actividad política de esa guerrilla.

Esto fue lo que Sergio Jaramillo describió como una “chambonada” porque se trataba más de una imprecisión que de un gol. La financiación de ese centro de pensamiento ya está contemplada en los recursos que el gobierno le transferirá a las Farc para la creación de su movimiento político. En teoría se trataría de una especie de think tank que fue iniciativa del propio Rafael Pardo y que no tiene nada ni de peligroso ni de novedoso.

Todas las organizaciones guerrilleras que han firmado acuerdos de paz han tenido uno: el EPL tuvo a Progresar, el M-19 a Compas y posiblemente el más popular de todos ha sido el de la Corriente de Renovación Socialista, Nuevo Arco Iris. Los paramilitares también tuvieron el suyo, llamado Corporación Democracia. En la práctica han sido una fórmula para que los dirigentes de la guerrilla puedan trabajar con un sueldo y tener una plataforma para desarrollar sus propuestas políticas.

Por lo tanto, el campanazo del fiscal no se basó en la creación de ese “centro de pensamiento”, con el cual nadie ha estado en desacuerdo, sino con el eventual canal de la financiación del mismo. Martínez lo que quiso decir es que no se podía financiar con los dineros que ellos van a entregar, sino que tenían que provenir de otros fondos públicos.

Sin embargo, como el punto fue presentado con términos como “lavado”, financiación de política con “narcodineros” y “conejo” a la extinción de dominio, la opinión pública lo interpretó más grave de lo que era. Lo que se quería originalmente es que una parte de los bienes de las Farc fueran destinados para actividades necesarias para la subsistencia de los guerrilleros, pero ajenas a la política. Por ejemplo, la renta básica mensual por dos años que recibirá cada combatiente, los 2 millones de pesos que obtendrán al salir de las zonas veredales o los 8 millones como capital semilla para proyectos productivos.

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¿Quién gobierna el fondo?

La segunda crítica del fiscal, también razonable, es la posible injerencia de las Farc en la gobernanza del fondo. Se sabe que todos los decretos y decisiones de implementación pasan por la CSIVI, conformada por tres altos funcionarios del gobierno y tres miembros de las Farc. Por el gobierno están Sergio Jaramillo, Rafael Pardo y Juan Fernando Cristo. Por las Farc están Iván Márquez, Jesús Santrich y Victoria Sandino. El problema de toda sociedad en que dos partes tienen cada una el 50 por ciento es que una siempre tiene poder de veto si no se llega a consenso. Por eso ha creado controversia que se le haya otorgado a la CSIVI la facultad de sugerir nombres para el director del fondo. Esto para el fiscal debería ser una decisión autónoma del gobierno dado que el fondo está adscrito a la Presidencia. Como sugerir no equivale al derecho a nombrar, esta objeción no da para rasgarse las vestiduras, pues el que decide al final a quien se le da la gerencia es el gobierno.

El camino para corregir las imprecisiones o posibles sesgos de interpretación será un decreto reglamentario que acote los elementos más controvertidos. Pero quizá lo más importante es que deberá trazar la ruta para legalizar estos bienes y activos que provienen del secuestro, el narcotráfico, el despojo y la extorsión. Para hacerlo el gobierno tiene dos caminos: las donaciones y la extinción de dominio. Quienes poseen esos bienes, que son de las Farc, podrán entregarlos al fondo, antes del 1 de agosto y así no habrá acción de la justicia ordinaria en su contra. Los que no sean donados tendrán extinción de dominio de todos modos.

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Cifras inoportunas

Ahora, si bien el fiscal puso el dedo en la llaga con las imprecisiones del decreto, también aprovechó para meterse un pantallazo que ha sido objeto de muchas críticas, especialmente en un editorial del periódico El Tiempo que afirmaba que “El normal devenir de las cosas se altera cuando, con importante despliegue, la Fiscalía irrumpe en el debate público con cifras no definitivas que dan una idea inicial del tamaño de la fortuna de las Farc”. Y es que Martínez habló de más: dijo que ese grupo tendría “varios billones” en su haber.

Independientemente del cotilleo político-periodístico, el hecho de fondo es que las Farc son el primer grupo armado en Colombia que se compromete a entregar sus bienes y que la Fiscalía ha hecho un gran trabajo para elaborar un inventario de estos con base en dispositivos incautados en operaciones de la fuerza pública. Ese es un desarrollo muy positivo para el momento en que haya que cotejar ambas cifras, la de la Fiscalía y la de las Farc.

Este grupo sabe mejor que nadie que cualquier imprecisión en su inventario será entendido como un incumplimiento al acuerdo de paz y, en consecuencia, puede abrirles la puerta de la cárcel e incluso de la extradición. Por lo demás, sería un suicidio que enterraría su proyecto político antes incluso de que haya nacido.

Por eso, a la larga, el escándalo de esta semana le sirve a todo el mundo. Al fiscal, que demuestra su independencia. Al gobierno porque le permite precisar los términos del fondo que se creará. Y a la propia guerrilla que ha sido notificada públicamente sobre la espada de Damocles que pende sobre su economía de guerra.

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