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| 2/7/2012 12:00:00 AM

Cuatro magistrados de la Judicatura llamados a versión libre

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes decidió abrir un expediente preliminar contra cuatro magistrados por presunto detrimento patrimonial. El caso se relaciona con el llamado carrusel de pensiones

Julia Emma Garzón, Ovidio Claros, Pedro Sanabria y Henry Villarraga, actuales magistrados de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, fueron citados a rendir versión libre por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
 
Ellos son investigados de forma preliminar por presunto detrimento patrimonial, el cual se habría constituido por el libre nombramiento de magistrados auxiliares en sus respectivos despachos, para beneficiarlos con el régimen pensional vigente para funcionarios de las altas cortes.
 
Héctor Javier Vergara (la U), coordinador de la investigación, informó a los medios de comunicación que esta semana se oficiará a los magistrados de la diligencia. La Comisión de Acusaciones adoptó esta decisión con el argumento de que los magistrados son funcionarios aforados cuya investigación penal y disciplinaria es competencia de la célula judicial del Congreso.
 
Sin embargo, este proceso está siendo objeto de un conflicto de competencias con la Contraloría, que hace dos semanas decidió abrir un proceso fiscal contra varios magistrados por los mismos motivos.
 
Germán Blanco (Partido Conservador), presidente de la Comisión de Acusaciones, aclaró que el Congreso no está en contra del proceso de carácter fiscal que adelanta la Contraloría, pero reclama su competencia para adelantar la indagación de carácter penal y disciplinario.
 
Para ello, la Comisión de Acusaciones decidió tramitar un oficio a la Contraloría en el que pide “remitir todos y cada uno de los procesos que cursan en su despacho, en contra de funcionarios que gozan de fuero constitucional, toda vez que a esta comisión le compete, en virtud del mandato constitucional, para conocer de la investigación contra los referidos funcionarios”.
 
La contralora general, Sandra Morelli, respondió el oficio en el que sugiere que sea la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado la que defina quién es el competente para adelantar la investigación.
 
Esa consulta ya fue firmada por el presidente de la comisión de acusaciones y deberá ser tramitada en los próximos días, pero quien deberá decidir quién es el competente para el caso será el propio Consejo superior de la Judicatura, quien deba acoger o no el concepto que rinda el Consejo de Estado, cuyo pronunciamiento no es de obligatorio cumplimiento.
 
Pero al ser la Judicatura la que tenga la última palabra en este conflicto de competencias, se produce otro enredo. Como el proceso es contra algunos miembros de esa misma corporación, se deberán nombrar conjueces para que tomen esta decisión. Estos trámites, admite el representante Héctor Vergara, pueden dilatar la investigación, aunque aclaró que no son motivo para detener la investigación.
 
Lo que está por definir es si la Contraloría debe enviar toda su actuación por este caso a la Comisión de acusaciones, que reclama su competencia constitucional para investigar a los magistrados. Las diligencias de versión libre contra los magistrados se realizarían a finales de febrero y son legales pese a la vacancia en el que se encuentra el Congreso, que empieza sesiones el 16 de marzo. “Las funciones judiciales del Congreso tienen otros términos”, aclaró Vergara.
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