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| 5/21/2011 12:00:00 AM

Cuatro puntas del iceberg

Estas son algunas de las perlas que muestran la dimensión del descalabro y de la corrupción que se estaba carcomiendo el sistema de salud de los colombianos.

1. En la mira

El general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, acostumbrado a perseguir el delito en las ciudades y a cazar a las llamadas bandas criminales, ahora está dedicado a desmantelar la red de corrupción que crearon algunas EPS en todo el país.

En una improvisada rueda de prensa, Naranjo advirtió que “que cientos de IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) realmente son fabricaciones artificiosas, es decir, son empresas de papel a partir de las cuales se realizaron maniobras para defraudar al Estado colombiano”.

Todo indica que en los documentos donde figura la ubicación de estas entidades, hay parqueaderos, lotes baldíos o, simplemente, las direcciones no existen. Aunque Naranjo no quiso dar nombres, todo apunta a que una de las EPS que estaría involucrada en este proceso es la EPS Salud Cóndor, que fue intervenida recientemente.

Las investigaciones de Naranjo también buscan establecer si a través del régimen subsidiado y de las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), también hubo irregularidades. “Tenemos indicios de que también allí pudo haber maniobras fraudulentas”, aseguró.

2. La bancada de Saludcoop

Los indicios sobre la supuesta financiación de campañas políticas por parte de Saludcoop y la existencia de una bancada que le ayudaba en el Congreso de la República empezó a tomar fuerza. Según el controvertido exsenador Jaime Dussán, que llama a este caso la ‘SaludCoop-política’, Carlos Gustavo Palacino entregó cerca de 130 millones de pesos al Partido Liberal, al Partido Conservador y a Cambio Radical, recursos que eran de la salud y de los colombianos.

Dichos aportes se giraron a través de la entidad Progressa, que según los registros de Cámara de Comercio (del 17 de julio de 1997) se denominó Fondo de Empleados de Saludcoop (FonsaludCoop), y de la que Palacino era miembro de su consejo directivo. A esto se suma que el año pasado Noticias Uno denunció que a través de la Cooperativa Efectiva, el consejo directivo de SaludCoop le habría donado 100 millones de pesos a Cambio Radical.

3. Detrás del cartel del Fosyga

Mientras que en los próximos días la Fiscalía General de la Nación les imputará cargos a las cinco personas detenidas por el carrusel de los recobros encontrado en el Fosyga, varias EPS están en la mira del grupo élite de la Policía y organismos de control creado por el gobierno. La razón: si la excoordinadora de recobros del Ministerio Claudia Rojas y los otros cuatro intermediarios se quedaron con el 4 por ciento de los recobros ilegales y están detenidos, ¿qué pasa con las EPS que se quedaron con el 96 por ciento restante de los recursos que fueron pagados?

Aunque las autoridades han sido herméticas a la hora de vincular a alguna EPS, el reciente informe de auditoría, que aún no ha publicado la Superintendencia de Salud, revela que las empresas que más se beneficiaron de los recobros aprobados en las mesas de concertación creadas en el Ministerio de la Protección Social y de las que salieron los recobros ilegales del cartel del Fosyga fueron Sanitas, Coomeva EPS, SaludCoop, Colmédica, Ecoopsos y Solsalud. La pregunta es si estas y otras EPS fueron usadas por el cartel para realizar los recobros ilícitos o si hubo empleados de esas entidades que estuvieron involucrados.

4.

• noventa millones de pesos recibía de sueldo el expresidente de SaludCoop, Carlos Gustavo Palacino, cinco veces el sueldo que recibe el presidente de la República. Lo increíble es que varias veces la junta directiva de la EPS le aprobó sueldos adicionales como bonificación por su exitoso trabajo.

• 800.000 millones de pesos fueron pagados por el Fosyga a las EPS del país por el recobro de medicamentos que hacían parte del Plan Obligatorio de Salud. Es decir, que fueron pagados dos veces.

• 132.000 millones de pesos salieron del grupo SaludCoop para financiar la construcción de las torres Paralelo 108, ubicadas en la Autopista Norte de Bogotá. Las autoridades tienen documentos, correos electrónicos y giros que demostrarían que se usaron recursos de la salud para adquirir por adelantado la compra de las que serían las sedes administrativas de la EPS. Las dudas se centran ahora en quiénes se beneficiaron de ese negocio.

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