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Cuenta regresiva

El proceso de pérdida de investidura del senador caldense Omar Yepes entró en su recta final .

1 de agosto de 2004

El martes de la semana pasada el veterano senador caldense Omar Yepes Alzate llegó muy puntual a una cita en el Consejo de Estado. A las 8 de la mañana se inició allí una audiencia crucial que podría marcar el fin de sus 30 años de actividad pública. Yepes enfrentaba las graves acusaciones de la Procuraduría General de la Nación, que le solicitó al Consejo declarar la pérdida de investidura del congresista por el delito de tráfico de influencias.

La investigación que tiene a Yepes en la cuerda floja comenzó a principios de 2001, cuando la Fiscalía General recibió numerosas denuncias en el sentido de que él y algunos de sus parientes, entre ellos sus hermanos Estella y Arturo, estaban implicados en la irregular entrega de contratos y puestos en varias entidades oficiales en Caldas.

La Fiscalía empezó a investigar y poco a poco pudo establecer que desde la oficina de Yepes, en el segundo piso del edificio nuevo del Congreso, se presionaba y se movían influencias sobre las entidades de su departamento. Los investigadores descubrieron que Josué Jaramillo, el hombre de confianza de Yepes y quien se desempeñaba desde 1977 como auxiliar contable de la unidad de trabajo legislativo del congresista, tramitaba por teléfono los favores que le ordenaba su jefe.

Con base en las pruebas recolectadas, el 17 de septiembre de 2001 un fiscal especial ordenó interceptar seis líneas telefónicas en Bogotá y cuatro más en Manizales, entre ellas las de la oficina de Yepes y la casa de Jaramillo. Los investigadores monitorearon en forma ininterrumpida durante cerca de 15 meses, y grabaron 3.600 horas de conversaciones en cerca de 200 casetes. Para ese momento la Procuraduría ya tenía adelantada también una investigación disciplinaria contra Yepes.

Aunque el experimentado senador, un viejo zorro de la política, sabía que lo investigaban estaba confiado en que, como ocurrió en el pasado con varias investigaciones en su contra, las nuevas pesquisas no prosperarían. Pero esta vez se equivocó. En febrero de 2003 SEMANA reveló el contenido de algunas de las conversaciones de Yepes y su lugarteniente Josué Jaramillo en las que no quedaba duda de que desde el despacho del congresista conservador se realizaba un intenso tráfico de influencias.

La publicación de SEMANA desató un gran escándalo público ya que por primera vez la opinión nacional conoció con lujo de detalles los pormenores de la forma como Yepes y Jaramillo manipulaban contratos y puestos en varias entidades de Caldas.

"En la medida en que no haya coacción ni dádivas de por medio para hacer estas gestiones, no creo que esos casos constituyan tráfico de influencias". Con esta y otras frases el político caldense trató de explicar su actuación y, de paso, bajarle el tono al escándalo. Pero en julio de 2003, tres meses después de la publicación de SEMANA, un fiscal ordenó el arresto de Jaramillo, acusado del delito de tráfico de influencias de servidor público. Por ese delito el mes pasado un juzgado de Manizales condenó a 54 meses de prisión a quien fue la mano derecha de Yepes

En la audiencia de la semana pasada la procuradora quinta delegada ante el Consejo de Estado, Gloria Yaneth Bermúdez, presentó los argumentos y las pruebas recolectadas por la Fiscalía y el Ministerio Público. Como parte de los argumentos que la funcionaria expuso ante el Consejo de Estado afirmó que Yepes participó "en un apreciable porcentaje de nombramientos y contrataciones que efectivamente se realizaron como fruto de la indebida influencia que ejercitó principalmente valiéndose de la intervención de Josué Jaramillo Osorio pero igualmente con la participación de algunos de sus familiares".

La funcionaria concluyó también que la presión que ejerció el senador a través de terceras personas no fue "una insular y seguramente admisible recomendación laboral, sino todo un engranaje previa y debidamente montado como medio para obtener por esta vía la votación necesaria para ser elegido senador".

Yepes se mostró tranquilo después de la audiencia, y en pocos días el Consejo de Estado emitirá el fallo. En la balanza está uno de los casos más sonados de investigación contra un parlamentario por tráfico de influencias. De por medio está la eficacia de la lucha contra la politiquería y las prácticas que deslegitiman la actividad política, base de la democracia.