Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2008/12/06 00:00

Cuentas chuecas

Las cifras del referendo son una caja de Pandora donde ha habido de todo: posible violación de topes, falta de transparencia y hasta triangulaciones. Anatomía del enredo.

Luis Guillermo Giraldo es el artífice de lo que ha pasado con el referendo. La falta de claridad con que ha manejado la financiación de esta campaña ha rodeado de un halo de sospecha lo que pudo haber llegado a ser una iniciativa verdaderamente popular. Ahora explica que el dinero que él dice que tomó prestado de una asociación, no tenía como destino la recolección de firmas, pero documentos como este dicen todo lo contrario

Ya son tantas, y tan contradictorias, las versiones que ha dado Luis Guillermo Giraldo sobre la manera como se financió el referendo de la reelección, que a estas alturas más parece un monumento a la cultura del esguince, que un ejercicio transparente de la democracia como el que amerita una consulta directa al pueblo.

Con los documentos que Giraldo -vocero de la iniciativa y secretario general del partido de La U- se vio obligado a entregar la semana pasada al Consejo Nacional Electoral (CNE), comenzaron a destaparse algunos de los datos que los promotores del referendo trataron de ocultar en los últimos cuatro meses.

No sólo quedan en evidencia ciertas mentiras, sino también que han intentado hacer una triangulación para evadir la norma, y que un porcentaje significativo de los que aportaron cientos de millones de pesos son hoy contratistas del Estado. Que estos aporten, aunque puede ser mal visto, no va contra la ley, lo que sí es ilegal es violar los montos, y lo que no tiene presentación es la marrulla con la que se ha manejado el tema.

Las inquietudes sobre la financiación del referendo comenzaron a finales de julio, dos semanas antes de que hicieron entrega oficial a la Registraduría de los millones de firmas recogidas. Luis Guillermo Giraldo le dijo en ese entonces a SEMANA que los gastos del referendo iban en 180 millones de pesos sin contar los apoyos en especie. En ese momento SEMANA mostró que las cuentas no daban. Pues sumando solamente lo que se les estaba pagando a los ejércitos de recolectores de firmas en todo el país, se necesitaban al menos 2.000 millones de pesos.

Cuando los promotores del referendo iban a entregar las firmas, el gerente de la campaña, Carlos Jaramillo, se negó a entregar las cuentas a SEMANA, según él por seguridad de los donantes, y aseguró que las entregarían al Consejo Nacional Electoral. En efecto, el 2 de septiembre, cuando ya se había cumplido el plazo legal para entregar la contabilidad, Giraldo salió orgulloso a los medios a decir "cumplimos". Entregaron al CNE un informe con dos componentes, uno muy claro donde aparecían contribuciones de 99 personas por 143 millones de pesos, soportadas por una relación con sus nombres, y un segundo componente que abría nuevos interrogantes, bajo el título de 'otros créditos', donde aparecían 1.903 millones de pesos.

Tratando de responder a las preguntas de la prensa, Giraldo dio unas respuestas que, comparadas con los documentos conocidos esta semana, resultaron ser falsas. En su momento dijo que esos créditos eran cuentas por pagar a unos proveedores y a unos bancos que le aceptaron como garantía un pagaré personal. Pero, en los últimos días, cuando tuvo que entregar el detalle de las facturas, se probó que esos supuestos préstamos, a diferencia de lo que él había dicho, tenían como origen contratistas del Estado y otro tipo de empresas. Giraldo también dijo que para cubrir la deuda organizaría cocteles, pediría donaciones al pueblo vía tarjeta de crédito y subastaría 500 cuadros donados por el pintor Pío Uribe.

Las dudas por las cuentas llegaron en septiembre al CNE y su revisión le tocó al magistrado Héctor Osorio, hermano del embajador en México y ex fiscal Luis Camilo Osorio. Durante dos meses el proceso no pareció moverse. Ni siquiera pidió el detalle de las facturas y concluyó que el CNE no era competente para investigar el tema. Su ponencia fue derrotada por una abrumadora mayoría de siete votos contra uno, y el magistrado Joaquín José Vives, quien ha sido dirigente del Partido Liberal, asumió el caso.

A raíz de las nuevas indagaciones, Giraldo aceptó revelar el origen de los 'otros créditos' al CNE. Pero antes, convocó a una inusual rueda de prensa el sábado 29 de noviembre en la noche, con el ánimo de mostrar cierta transparencia. Fue en ese momento cuando apareció un listado, hasta entonces desconocido, de 109 donantes, principalmente empresas contratistas del Estado. Algunos incluso con aportes de hasta 150 millones de pesos, cifra muy distante del tope de los 3,3 millones de pesos.

En un dos por tres se fueron al piso todas las explicaciones que había dado para no mostrar la contabilidad: en la relación que entregó no había ningún crédito bancario, ni ninguna información que hiciera temer por la seguridad de los donantes y ni siquiera estaba la supuesta donación de los cientos de cuadros que se iban a subastar.

Que la ley fije estos topes es esencial para iniciativas de esta envergadura que pueden llegar a sacudir las estructuras más profundas del Estado. La idea es garantizar que un movimiento ciudadano no sea manipulado por intereses particulares. Por ejemplo: ¿qué pasaría si en este momento surgiera una iniciativa anónima con miles de millones de pesos circulando que buscara reformar la Constitución para aceptar modelos de negocios como los planteados por una firma como DMG?

Además, es muy probable que la figura del presidente Uribe en sí misma, no necesitara tanto dinero para recoger firmas a favor de su reelección. Es muy llamativa la comparación entre este caso y el referendo que promueve el derecho al agua potable. El de la reelección dice haber gastado 2.046 millones de pesos para recoger cuatro millones de firmas, mientras que el del agua recogió dos millones de firmas con 211 millones de pesos.

Ante un panorama tan enredado, Giraldo ahora ha empezado a elaborar otra explicación distinta. Según él, los aportes de esta lista de 109 contratistas y otros empresarios no estaban destinados al Comité Promotor de la campaña al referendo sino a la Asociación Colombia Primero. Dos grupos que, curiosamente, tienen prácticamente los mismos miembros. La idea que trata de vender Giraldo es que si los dineros que estas empresas le aportaron a Colombia Primero no tenían como fin específico el referendo, no se puede contar como contribución.

Pero su argumento no es exacto. Y tiene más bien un halo de triangulación. SEMANA conoció documentos en los que consta que las gestiones que Colombia Primero hacía tenían como fin el referendo para la reelección (ver facsímil). Hay casos, como el del Grupo Odinsa, que aparece con una donación de 20 millones de pesos a Colombia Primero. Sin embargo, Luis Fernando Jaramillo, presidente de este grupo, dijo hace cuatro meses a esta revista que Odinsa hizo "un aporte mínimo" para el referendo. Si es así, ¿por qué no aparece en las cuentas del Comité de Promotores y sí en las de Colombia Primero?

El caso de esta firma junto a otras concesionarias de infraestructura vial es uno de los más llamativos, pues sus aportes sumados equivalen al 25 por ciento del total de lo que costó la campaña. Junto a ellos, hay aportes de empresas azucareras, textileras, constructoras y de los llamados grupos Santo Domingo y Ardila Lülle. También ha llamado mucho la atención un aporte que no apareció en la primera rendición de cuentas y ahora sí: el del ex gobernador de Magdalena José Domingo Dávila Armenta, capturado la semana pasada por supuestos vínculos con la para-política.

Al lío de las cuentas se le suma la falta de claridad con la que fue redactada la iniciativa que ha permitido interpretaciones como las que aseguran que el referendo para un tercer período presidencial no sería para 2010 sino para 2014, y hechos como el aún insuficientemente explicado aporte de la firma transportadora de valores Transval, filial de David Murcia Guzmán.

Pero, más allá de los muchos debates políticos que se darán en torno a esta iniciativa, lo importante es que se ha visto una falta de transparencia que no se compadece tratándose de un referendo, uno de los más sagrados instrumentos de la democracia, y menos este, promovido desde el partido de La U, que está llamado a dar ejemplo por ser el de las entrañas de la Casa de Nariño.
 

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