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Aunque las bondades del referendo son evidentes su campaña va a ser más difícil de lo que parece. ¿Por qué?

13 de julio de 2003

Con el humo blanco de la Corte Constitucional el referendo cambió el panorama político colombiano. El miércoles, al filo de la media noche, en el instante en que los magistrados divulgaron su fallo por televisión, el país entró en el frenesí del proselitismo electoral. Al día siguiente el mundo político era un hervidero de reuniones y los teléfonos no paraban de sonar en sedes y despachos.

A pesar de este paroxismo electoral el fallo dejó un sabor amargo en el gobierno. Aunque sobrevivieron 15 de los 19 puntos, especialmente los más trascendentales, como los del ajuste fiscal, se cayeron todos los instrumentos que le ayudaban al Ejecutivo a jalar los seis millones de votantes que se necesitan para que el referendo sea válido. El tema es aún más grave si se tiene en cuenta que las personas que piensan votar por el referendo han caído de 59 por ciento a 40 por ciento en los últimos ocho meses, según la última encuesta de Invamer-Gallup contratada por SEMANA, RCN Televisión, RCN Radio, El Colombiano y El País.

Así, mientras que en el Ministerio de Hacienda había aplausos, en la Casa de Nariño había preocupación. La inquietud de los inquilinos de Palacio es más que entendible. Con la campaña del referendo el Presidente arranca una segunda vuelta presidencial de facto y todos los instrumentos para animar a la gente a votar se le han ido cayendo. Primero fue la revocatoria al Congreso -bien taquillera-, que se hundió en una negociación con los parlamentarios a finales del año pasado. Y ahora, al eliminar la Corte la prórroga de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, el gobierno pierde a miles de jefes de campaña por todo el país. Pero eso no es todo. Uno de los puntos más cruciales, el voto en bloque de todas las preguntas, que sin duda le hacía la vida más fácil al elector, también lo tumbó la Corte. Ahora el gobierno se enfrenta con esas limitaciones a una campaña para referendo con un fuerte sabor plebiscitario, en la que se juega no sólo su legitimidad sino la estabilidad económica del país.

El gobierno sabe que su contendor no va a ser la oposición política sino la apatía de la opinión. Movilizar a la gente con temas que no conoce o que no entiende en un país donde hay una fuerte cultura abstencionista y donde los temas públicos aburren a las mayorías va a ser una tarea titánica.

El referendo tiene todos los ingredientes para desencantar a los votantes. En lo político no tiene cara. Y la política es un juego de protagonistas y antagonistas. Una cosa es votar por Uribe con su mano en el corazón y la bandera tricolor ondeando detrás de él mientras el 'Mono Jojoy' dinamita el país y otra es salir a depositar un voto por la cifra repartidora. En lo pedagógico es complejo. Y las elecciones se ganan con sencillez y claridad. Los 15 puntos requieren conocimientos de alta politología y están escritos con un estilo leguleyo incomprensible para las masas. En lo semiótico es ajeno. Los mensajes no le llegan a la opinión ni ésta siente -hasta ahora- que le cambie su cotidianidad . Y en lo afectivo, es mucho más racional que emocional. Uribe enamora, el referendo no.

Este no es un referendo que toque las fibras nacionalistas como el de Quebec, o que exacerbe los rencores de clase como el chavista. El de Uribe es un referendo técnico con demasiadas preguntas. El gobierno se enfrenta entonces a la indiferencia de las mayorías, pero también a la organización calculada de las minorías que no quieren que se apruebe. Los funcionarios públicos y los sindicatos prepararán sus propias campañas para que la gente no salga a votar. Los opositores políticos, como el Polo Democrático, podrán encontrar en la abstención una bandera de unión.

Visto este cuadro, el presidente Uribe no la tiene fácil. Un partido de la Selección Colombia o un día lluvioso el día de la elección podría ser fatal. Por eso es tan importante la fecha electoral. La idea del 'fin de semana electoral', en el que se agrupen en dos días las elecciones para referendo y alcaldes y gobernadores es sin duda la mejor opción. No sólo se ahorran miles de millones de pesos sino que aprovechan el impulso electoral. Votarlo después podría empantanar el proceso por simple cansancio electoral. Es bueno recordar que las elecciones a la Constituyente en 1991 fueron las de mayor abstención de los últimos 30 años debido a que fue la cuarta elección en año y medio.

Frente al enorme desconocimiento del país sobre el referendo (91 por ciento no lo ha leído, 43 por ciento no sabe para qué es y 69 por ciento está poco o nada enterado) la estrategia del gobierno tiene como punta de lanza la pedagogía. Los asesores del Ejecutivo y la sociedad civil que apoya la iniciativa se dedicarán en los próximos meses a explicar sus bondades en todos los rincones del país. ¿Alcanzará la labor pedagógica para sacar a más de seis millones de colombianos a votar? Difícil. Por esta razón es muy probable que en la recta final la campaña vuelva a los mensajes primarios que calan en las masas: respaldar o no a Uribe. Por eso la campaña por el referendo terminará siendo, inexorablemente, un plebiscito al mandato del Presidente.

El porque de la Corte

Este referendo no sólo marca un hito político sino también jurídico. La Corte Constitucional, consciente de la importancia de su fallo, ya que será utilizado como precedente para futuros referendos, dejó tres cosas muy claras. La primera es que, si bien mediante esta figura se podía reformar la Constitución, en ninguna medida podía suplantarla o cambiarla totalmente. Por ejemplo, según la Corte, un referendo que invitara a la gente a pronunciarse a favor o en contra de convertir a Colombia en un Estado fascista sería inconstitucional porque violaría el principio democrático que inspira a la Constitución de 1991.

La Corte insistió mucho en esto porque si bien el referendo es un instrumento que les permite a los ciudadanos participar directamente en los asuntos de la Nación, ha sido también utilizado por gobiernos autoritarios para atornillarse en el poder o para pasar propuestas abiertamente hostiles a las minorías.

El segundo punto en el cual la Corte hizo mucho énfasis es en la importancia del procedimiento que se siguió para elaborar la ley de referendo. La pregunta de la dosis personal, por ejemplo, se cayó precisamente por asuntos de forma. Este tema fue incluido por el ministro Fernando Londoño en los debates finales y nunca fue publicado oficialmente como proyecto, como lo ordena la ley. Además la Corte dijo que este punto no tenía ninguna relación con el propósito del referendo planteado inicialmente por el gobierno. Aunque este es un asunto de mera forma el estricto control que ejercieron los magistrados en este caso es importante para evitar que a última hora se cuelen micos -orangutanes en este caso- sin que hayan sido plenamente debatidos en el Congreso.

El último principio que defendió la Corte fue el de la libertad del elector para decidir libremente entre las opciones que le plantean. Porque no eran 'leales' con el ciudadano, el alto tribunal constitucional tumbó los encabezados del referendo, las alusiones a la 'Seguridad Democrática', la circunscripción especial para los que dejaran las armas y la prórroga de los alcaldes. La Corte consideró que las introducciones a las preguntas inducían al elector: lo de la prórroga escondía un acto electoral y las alusiones al programa bandera de Uribe, así como lo de la circunscripción, inducían a volver norma constitucional una política específica del gobierno.

Por esto último también eliminó el voto en bloque. Concluyó que cuando hay varios temas, votar como si fuera un solo paquete se convierte en realidad en un voto de confianza en quien promueve el referendo. Estos argumentos pueden parecer algo esotéricos y poco relevantes. Pero son fundamentales hacia el futuro porque intentan evitar que a través del referendo se manipule al elector y se utilice para legitimar medidas que pueden ser antidemocráticas.

Tapando el hueco

La Corte era consciente del riesgo que corría al hundir el referendo. Y quizá por eso eliminó lo menos sustancial y dejó intacto -pese a que el Procurador recomendó en su ponencia tumbarlo- lo más importante, que era el tema fiscal.

De ser aprobado el referendo en su totalidad a partir de 2008 ningún colombiano, salvo casos muy excepcionales, podrá pensionarse con grandes privilegios. Casos como los de los funcionarios del Banco de la República que se pensionan hoy a los 45 años; empleados de la Empresa de Acueducto de Bogotá, que contabilizan sus horas extras y los viáticos para calcular sus pensiones, y las 'primas de lluvia' que aparecen en algunas convenciones colectivas, serán recuerdo del pasado. Sólo con el punto ocho, que limita las pensiones y los salarios de los funcionarios públicos que ganan más de dos salarios mínimos (que constituyen 29 por ciento del total de la nómina del Estado) el Ministerio de Hacienda calcula que el país se ahorrará, en 2003, 9.000 millones de pesos y, como es acumulativo, se ahorrará 52.000 millones de pesos en 2010. Con la supresión de las 64 contralorías departamentales y municipales los colombianos ahorrarán de manera permanente, a partir de 2005, 174.000 millones de pesos, equivalentes al costo de unos 150.000 cupos escolares adicionales.

El límite al crecimiento de los gastos de funcionamiento del Estado, según el Ministerio de Hacienda, se traduce en un ahorro total de 1,5 billones en 2003 y de 1,4 billones en 2004, el equivalente al hueco fiscal creado por el faltante en las pensiones del Seguro Social. Sumando todos los puntos que quedaron el país se ahorraría más de 15 billones de pesos de aquí al año 2010. En plata blanca, esto significaría dejar de pagar durante esos mismos años el impuesto al patrimonio. Que será seguramente lo que tocará hacer de no ser aprobado el referendo.