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| 3/18/1996 12:00:00 AM

CUESTION DE INDIGNIDAD

UNA RESEÑA DE LOS JUICIOS A PRESIDENTES EN LA HISTORIA DE COLOMBIA ARROJA LUCES SOBRE EL PROCESO ACTUAL.

El presidente Ernesto Samper es el primer mandatario colombiano que, estando en el ejercicio de su cargo, es acusado penalmente ante el Congreso de la República por una autoridad judicial. Y de considerar el Congreso que hay méritos suficientes para enviar el expediente a la Corte Suprema de Justicia, se convertiría en el primer gobernante en funciones juzgado penalmente, mas no el único en enfrentar un juicio con posibilidades de una declaratoria de indignidad.Para que un presidente sea declarado indigno de su cargo no necesita haber cometido delito alguno. La indignidad presidencial se refiere a la conducta del gobernante, quien por su investidura está obligado a actuar de acuerdo con su condición de líder político y moral de la Nación. Un presidente es indigno de su cargo cuando lo que hizo no lo puede ni debe hacer un jefe de Estado, así no esté contenido en un código penal, o cuando deja de hacer lo que le corresponde en el ejercicio de sus funciones. Aunque no en todos los juicios que ha habido en la historia colombiana, el ente juzgador ha declarado al presidente como indigno, detrás de las sentencias siempre ha estado este concepto estrechamente relacionado con la responsabilidad política y moral de un mandatario. El primer juicio célebre a un mandatario fue en 1854, contra José María Obando, insigne oficial de la independencia y gobernante de Colombia en dos ocasiones. El 13 de julio, la Cámara de Representantes de la República de la Nueva Granada, reunida en Ibagué, decidió acusar ante el Senado al presidente Obando, (depuesto cinco días antes por el comandante general del Ejército, general José María Melo), sindicándolo de mal desempeño de sus funciones presidenciales y de los delitos de traición y rebelión. El Congreso de la época consideró que el presidente Obando no cumplió con las responsabilidades inherentes a su cargo, al no oponer la debida resistencia al golpe del general Melo, según se decía, por su íntima simpatía con los ideales de los rebeldes, reacios a una nueva Constitución. El acusador designado por la Cámara, Salvador Camacho Roldán, solicitó suspender a Obando de sus funciones presidenciales y que fuera juzgado en la Corte. El proceso en la Cámara se centró en la negativa de Obando a solicitar a los rebeldes la rendición, a pesar de las solicitudes que, en ese sentido, le hicieron reiteradamente sus más cercanos colaboradores. La acusación se fundamentó en el testimonio juramentado del vicepresidente José de Obaldía y de otros testigos, relatos que el Senado consideró suficientes para concluir que había mal desempeño en el ejercicio de las funciones presidenciales, por omisión. Al no encontrar evidencia de su participación directa en el golpe y por el contrario existir hechos a su favor como la negativa a aceptar la dictadura, el Senado decidió modificar los cargos de traición y rebelión por el de complicidad, pues comprobó que Obando supo del levantamiento con anticipación. El 4 de abril de 1855, el Senado halló a Obando culpable del mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y lo destituyó formalmente como Presidente de la República. Un mes más tarde, la Corte lo absolvió de rebeldía pero lo condenó por traición a dos años de destierro y la confiscación de un octavo de sus bienes. Obando apeló la sentencia y finalmente fue absuelto también del cargo de traición.Otro juicio connotado fue el de Tomás Cipriano de Mosquera. En 1867, cuando ejercía la Presidencia por cuarta vez, Mosquera cerró el Congreso anticipándose a la amenaza de un juicio que se cernía en su contra por la compra secreta de un barco para el Perú, en plena guerra con España. El cierre del Congreso sirvió a los opositores de Mosquera para convencer al ejército de dar un golpe, objetivo que consiguieron el 23 de mayo, cuando fue depuesto por el general Santos Acosta. La Cámara formuló 28 cargos contra el mandatario, 23 de los cuales fueron aceptados por el Senado; entre ellos estaban la expulsión de los jesuitas y su convenio con el Perú. El juicio se inició el 2 de octubre de 1867 y la sentencia dictada dos meses después descartó 17 de las 23 acusaciones, y declaró a Mosquera culpable de su pacto secreto con el Perú y otros tres cargos menores. Le impuso como pena cuatro meses de suspensión del empleo, multa de 12 pesos, pérdida de los derechos políticos y civiles y dos años de prisión. El general Mosquera logró que la pena de prisión fuera cambiada por la de destierro y se refugió en Lima.El más recordado de todos los juicios es sin duda el del general Gustavo Rojas Pinilla en 1959. Dos años después de haber sido sustituido por la Junta Militar, al volver del exilio, Rojas debió enfrentar en el Senado un agitado juicio por indignidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. La acusación incluía el haber utilizado sus influencias para dejar entrar al país un contrabando de ganado, obtener en bancos comerciales ventajas para su beneficio personal y conseguir que la Caja Agraria le comprara a una sociedad, de la cual el presidente de facto era gerente, unos terrenos para una supuesta colonización, a un precio muy superior al de compra.Después de intensos debates que mantuvieron al país en vilo por cerca de tres meses, el 2 de abril de 1959, el Senado estableció plenamente que el general Rojas Pinilla incurrió en indignidad por mala conducta en el ejercicio del cargo de Presidente de la República, por el modo irregular y abusivo como ejerció sus funciones. El veredicto fue contundente: "Fue indigno por sus hechos, no solamente en consideración a la destacada posición que dentro del conglomerado social hubo de ocupar, sino también en consideración a su simple condición de ciudadano, que impone respeto a la ley y la observancia de los principios morales, eje y fundamento de toda sociedad humana". En el fallo, el Senado dejó en claro que la declaratoria de indignidad era una sanción de naturaleza estrictamente moral, aplicable aun si no se lograba demostrar la culpabilidad del Presidente en los delitos imputados. Esta declaratoria de indignidad llevó a que el Senado lo condenara a la pérdida perpetua de sus derechos políticos, incluida la pensión oficial y a la del rango militar. Posteriormente, en 1966, la Corte Suprema ratificó un fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca y restituyó todos los derechos políticos del general. Hay otros dos casos de intentos de juicios por indignidad contra mandatarios que, por diferentes motivos, no se llevaron a cabo. El primero de ellos fue contra el presidente liberal Marco Fidel Suárez. El jefe de Estado, quien era un hombre humilde y de escasos recursos económicos, debió enfrentar una seria enfermedad de uno de sus hijos y para cubrirla empeñó anticipadamente varios de sus sueldos. El entonces joven congresista conservador Laureano Gómez, al enterarse del hecho, intentó abrirle un juicio por indignidad ante el Congreso. Sin embargo, después de los primeros debates, el presidente Suárez decidió renunciar el 11 de noviembre de 1921 antes de verse en la penosa obligación de enfrentar un juicio.El presidente conservador Mariano Ospina Pérez también logró eludir el juicio que le preparaban las mayorías liberales del Senado y la Cámara en 1949. En esta ocasión el partido de oposición pretendió juzgarlo por insolvencia moral, acusándolo de no proporcionar las garantías necesarias en las elecciones presidenciales que se aproximaban en un caldeado ambiente de violencia bipartidista. El olfato político de Ospina le hizo prever lo que se avecinaba y después de declarar el estado de sitio en todo el territorio nacional decidió, el 9 de noviembre de 1949, cerrar el Congreso, con lo que abortó cualquier intento de juicio.
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