CUESTION DE NEGOCIOS

EL ESTRUENDO DE LA EXplosión dejó sorda por momentos a Angélica Yepes Sánchez, una joven paisa que el sábado 10 de junio a las 9 y 15 minutos de la noche disfrutaba de una verbena en el parque de San Antonio en pleno centro de Medellín. Su hijo, Yersael Arturo, de tres años, aún no se repone de la impresión que le produjo el estallido de la bomba que volvió añicos el monumento 'El Pájaro', obra donada por el maestro Fernando Botero a la capital paisa. El esposo de Angélica, Arturo Suárez Rincón, un artesano nacido en Bucaramanga hace 28 años, fue una de las 29 víctimas fatales del atentado.
"Yo desde hacía rato le estaba diciendo: Mijo, no trabaje mas, ya está bueno. Mire que el nene tiene mucho sueño. Recoja todo y vamonos. Pero él no me hacía caso: Mija, es que apenas tengo 4.000 pesos y eso no nos alcanza ni para comer mañana", recuerda. "Era como si estuviera lloviendo plomo -explica al hablar de la explosión=. Arturo nos quiso protegeral niño y a mí y por eso se puso delante de nosotros. La bomba le destrozó la cara".
Pero muy pronto, en un país que parece insensibilizado ante el dolor de las víctimas, el drama de Angélica y de otras decenas de familias le dio paso al debate sobre los autores de la acción criminal. A diferencia de ocasiones anteriores, donde la dificultad radicaba en que nadie se atribuía el atentado, en esta ocasión el misterio está en que existen muchos comunicados contradictorios.
El primero de ellos llegó al Noticiero TV-Hoy pocas horas después del múltiple crimen. En él los presuntos autores decían en forma cínica y en tono amenazante que, "las Milicias Bolivarianas de las Farc-Ep en Medellín, ejecutaron una acción con lamentables consecuencias que nosotros hoy rechazamos, pero queremos aclarar que en desarrollo de la guerra urbana que hemos sido obligados a realizar por causa de la intransigencia y negativa del góbierno a realizar un diálogo de paz limpio y que solucione de manera real las desesperantes situaciones de opresion y miseria en que xe encuentra sumido el pueblo colambiano, esas situaciones son imposibles de evitar ".
Posteriormente, la Comisión Internacional de las Farc hizo público otro comunicado en el que negaba su presunta participación en el atentado y declaraba que "condenamos el terrorismo independientemente del origen que tenga, las acciones violentas que tienen que tienen como objetivo intimidar a la población civil o suplantar al pueblo con acciones individuales que éste debe desarrollar, solo pueden alcanzar el repudio popular". Y esos son sólo dos ejemplos de la hojarasca de pronunciamientos confusos que marcó la semana.
Al gobierno le pasó algo muy parecido con sus propias declaraciones: quiso ayudar a esclarecer las cosas, pero la verdad es que terminó por enredarlas aún más. En efecto, el ministro de Gobierno Horacio Serpa salió a decir el miércoles que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, los autores del atentado habrían sido grupos de milicias asociados con narcotraficantes del norte del Valle del Cauca. "Es muy probable que el acto haya sido cometido como consecuencia de un negocio ", dijo Serpa en una rueda de prensa. Aunque no dio mayores detalles, todo parece indicar que una de las razones que llevó a las autoridades a pensar que existe relación entre esas supuestas milicias y narcotraficantes del norte del Valle es el testimonio de un taxista que habría transportado en Mcdellín a unos sicarios con acento de gentes del norte del Valle.
La argumentación del gobierno, sin embargo, estaba llena de vacíos. Si bien no puede suspender los diálogos sin tener evidencias definitivas de la participación de la guerrilla en el atentado tampoco podía, como lo hizo, apresurarse a exonerarla. En Medellín pocas personas dudan que el atentado haya sido realizado por las Milicias Bolivarianas organización creada por las Farc hace varios años para conseguir respaldo popular en las comunas más pobres. Como le dijo a SEMANA un ex funcionario de la antigua Consejería de Paz que intervino en los procesos de desmovilización de milicianos en Medellín, "las Milicias Bolivarianas no son otra cosa que los comandos urbanos de las Farc y pretender desvincular a las unas de las otras es algo que desafía la lógica". Lo que llama la atención es que las Farc en el comunicado en que condenan el hecho y niegan la autoría del mismo, ni reniegan, ni desautorizan a las Milicias Bolivarianas. De hecho, estas Milicias y la Coordinadora en su conjunto han seguido realizando actos terroristas en Medellín y Antioquia. La semana pasada fallaron en un atentado contra el director del Metro, Alberto Valencia Ramírez, y en otros dos atentados contra la Policía en El Peñol y San Antonio de Prado.
El hecho es que el gobierno parece haber preferido hacerse el de la vista gorda frente a esta evidente relación. Tanto, que dio la impresión de exculpar a las Farc y a la Coordinadora -para evitar comprometer el proceso de paz-, y para ello argumentó que la acción de las Milicias pudo haber sido financiada por el narcotráfico. En esto no deja de haber un gran contrasentido: según la aparente lógica del gobierno, si el acto hubiera sido de las Milicias Bolivarianas de las Farc sin intervención de otros grupos, el proceso de paz habría quedado herido de muerte, pero si lo realizaron esas mismas Milicias financiadas por el narcotráfico, el proceso se habría salvado. Como quien dice que si la guerrilla comete ella sola actos terroristas, el proceso se daña, pero si los comete en connivencia con el narcotráfico, el proceso sobrevive. De ese modo, algo que debía haber sido un agravante se convirtió en un atenuante y el gobierno abandonó su idea de que no dialogaría con terroristas, una idea cuya aplicación no debe depender de quién financia los actos, sino de si los guerrilleros son quienes los cometen.
Y es que no es difícil pensar que la guerrilla esté actuando patrocinada económicamente por los narcotraficantes, interesados por su parte en desestabilizar al país en momentos en que las autoridades están golpeando a la cúpula de los carteles. En el pasado hay suficientes antecedentes: cuando a mediados de 1993 Pablo Escobar sintió que su brazo militar se estaba debilitando y que ya no le permitía ejecutar actos terroristas en serie, acudió en varias ocasiones a comandos urbanos del ELN a los que pagó millonarias sumas por colocar carrobombas cerca de edificaciones oficiales.
Si esto es así, si lo que se confirmó la semana pasada es una nueva alianza narcoguerrillera, entonces no hay que devanarse mucho los sesos para entender el otro acto terrorista que marcó la semana: el estallido de tres kilos de dinamita en el costado sur del Capitolio el jueves en la noche, mientras en la plenaria del Senado fracasaba un intento de oscuro origen por sepultar las herramientas de la justicia sin rostro, mecanismo judicial al que se oponen por igual narcotraficantes y guerrilleros. De hecho, las primeras informaciones recogidas por las autoridades apuntan hacia que comandos urbanos del ELN habrían participado en la acción, que al ser ejecutada cuando se debatía el asunto de los jueces sin rostro en el Congreso, permite apuntar a una autoría intelectual de los carteles. Y si esto es así y va a continuar, es bueno que el gobierno decida ya si le va a permitir a la guerrilla seguir con su doble juego de hablar de paz y hacer exigencias para sentarse a la mesa, mientras se dedica -gracias a jugosas financiaciones- a hacerle el trabajo sucio a los carteles.