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| 11/2/1992 12:00:00 AM

Cuestión de educación

Pocas reformas como la educativa habían suscitado la oposición de tanta gente.


NORMALMENTE LA EDUcación, y en general los temas sociales, carecen de ese sex-appeal que llama la atención de la opinión y que los vuelve polémicos. En este momento, sin embargo, está debatiéndose en el Congreso un proyecto de ley que rompe con esa regla, pues ha despertado los más vivos debates.
A raiz de la promulgación de la nueva Constitución el año pasado, el Ministerio de Educación Nacional comenzó a trabajar en un proyecto de ley general deeducación que recogiera y encauzara todos los derechos y principios consagrados en la Carta Fundamental. Con ese propósito, el Ministerio convocó a los diferentes estamentos y asociaciones del sector educativo y a un grupo de asesores para que participaran en la elaboración del proyecto. Este grupo trabajó en el Ministerio durante varios meses y presentó una propuesta definitiva en junio de este año.
Cuál no sería la sorpresa de los participantes, sin embargo, al percatar se que el proyecto que presentó al Congreso el ministro del ramo, Carlos Holmes Trujillo, no recogía prácticamente ninguno de los puntos contenidos en e trabajo del grupo y en cambio acogía e proyecto que había venido trabajando la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, en forma paralela. Y desconocía las opiniones de las entidades del Estado encargadas de manejar los aspectos relacionados con la implementación financiera, económica y presupuestal de la reforma.
Como el proyecto no alcanzó a hacer tránsito en la legislatura pasada, los ponentes en la Comisión Sexta de la Cámara organizaron una serie de foros en diferentes ciudades del país. La conclusión general en todas partes fue que el proyecto tenía fallas y por eso fue objeto de reparos.
Durante el periodo de receso del Congreso los representantes de los diferentes grupos de presión (los municipios, los gobernadores, los colegios privados, otras entidades del Estado e incluso los representantes de Fecode) se reunieron con los ponentes y con el Ministro para manifestar sus puntos de vista e incluso se llegó a un consenso sobre 10 puntos que había que revisar.
Cuando se reanudaron las actividades en la nueva legislatura del Congreso, el ministro Trujillo presentó el proyecto original, acompañado de una carta donde recomendaba tener en cuenta los 10 puntos que habían sido acordados con representantes de la educación privada. Con base en ese proyecto y en las conclusiones de los foros abiertos al público promovidos por la Cámara, los ponentes, Gabriel Acosta Bendeck conservador del Atlántico, ex viceministro de Educación y médico vinculado al sector universitario y Pedro Vicente López Nieto -liberal de Boyacá, educador oficial y miembro de Fecode en Boyacáse sentaron a preparar su versión, que en términos generales siguió la linea del proyecto del Gobierno, pero acogiendo las modificaciones contenidas en la carta del Ministro.
Los opositores del proyecto de Ley General de Educación afirman que el mismo contien e graves problemas, esencialmente de tres órdenes: institucional, económico financiero y pedagógico. En el campo institucional probablemente la mayor falla consiste en negar la descentralización. Desde 1989 ésta se había venido implementando a nivel municipal porque es la mejor manera de lograr una mayor injerencia de la comunidad en los establecimientos educativos y el proyecto la plantea a nivel de departamentos. Esto sería un retroceso en la medida en que a nivel del municipio se logra darle una respuesta más eficiente y efectiva al problema y a la necesidad local. El ministro Trujillo sostiene que él se limitó a recoger el esquema de división territorial planteado por la Constitución Política. El proyecto propone esa descentralización mediante la creación de unos consejos de educación a nivel nacional, departámental y distrital, los cuales deben cumplir la función de organismos asesores del Ministerio de Educación en la dirección y administración de la educación estatal.
Colombia es un país que no ha tenido una política educativa definida por periodos largos y el promedio de duración de los ministros de Educación en el cargo en los 92 años que van corridos de este siglo, no alcanza un año. Por consiguiente, la conveniencia de contar con organismos rectores de la política educativa que estén por encima de las conveniencias políticas y tengan como función mantener la continuidad es evidente. Hay quienes incluso proponen la necesidad de un órgano que cumpla funciones como las de la Junta Directiva del Banco de la República en materia económica y monetaria. Y en principio los consejos educativos deberían cumplir esa función, contando con expertos de dedicación exclusiva.
Sin embargo, los consejos propuestos, según los críticos, no podrán cumplir esa función por ser inoperantes.
Tienen un número muy grande de integrantes, se reúnen apenas dos veces al año y tienen una representación importante de los sindicatos de maestros y de gremios de educadores privados que suelen ser más propensos a defender sus propios intereses que los de la comunidad. El ministro Trujillo responde la crítica afirmando que lo que hay es una propuesta participativa que debe ser discutida en el Congreso.
La propuesta gubernamental también tiene un sesgo contra la educación privada, sin tener en cuenta que en Colombia es la predominante. No sólo porque la educación pública cuesta entre dos y cinco veces más que la privada " sino porque la cobertura privada" con excepción de la escuela primaria, es en general más importante que la pública. En preescolar la cobertura nacional es mínima, pero el 85 por ciento es privada. En primaria la proporción es 80 por ciento pública y 20 por ciento privada, pero en secundaria el 55 por ciento es sector privado y a nivel universitario el porcentaje alcanza el 65 por ciento.
El otro frente de controversia es el económico. La reforma tiene una serie de propuestas, cuyos costos podrían llegar a ser exorbitantes, según lo manifiestan el Ministro de Hacienda y el Jefe de Planeación Nacional en carta dirigida a la Comisión Sexta de la Cámara la semana pasada. Por ejemplo, se propone para todos los maestros una prima especial similar a la prima técnica de los funcionarios públicos nacionales, cuyo costo para el país superaría los 23.000 millones de pesos por año.
Igualmente propone el proyecto la incorporación permanente al escalafón de todos los maestros que hubieran sido nombrados temporalmente antes del 30 de julio de 1992. Considerando que se estima que en la actualidad hay 18.000 maestros en esa situación, esa medida costaría más de 50.000 millones de pesos de hoy al año. Esos dos rubros nada más costarían más que todos los aumentos de transferencias del Gobierno central a los municipios y departamentos.
El Ministro de Educación considera que estos puntos requieren de un estudio juicioso por parte del Congreso, pero que de todas maneras los maestros tienen un régimen especial y que la educación debe contar no sólo con las fuentes de financiación municipal, que son apenas complementarias, sino con los recursos del situado fiscal y de las preferencias rentísticas del monopolio de licores que consagra la Constitución.
De otra parte, el proyecto propone un sistema de canasta educativa, donde se ejercería no solamente control sobre matrículas sino también sobre los precios de los textos escolares y los uniformes. También limita, según los criticos, el ámbito financiero al pago de maestros cuando se necesitan además infraestructura y capacitación permanente del maestro, recursos didácticos y restaurantes escolares para garantizar niveles mínimos de nutrición.
Se contempla además la educación gratuita para todos aquellos estudiantes cuyos padres tengan ingresos inferiores a 12 salarios mínimos, Esta medida implicaría que el 70 por ciento de los colombianos tendría derecho a recibir educación gratuita, con lo cual se estaría desplazando a los verdaderamente necesitados pues no habría cómo atender toda esa demanda.
El tercer frente de enfrentamiento es el pedagógico. El proyecto pretende reglamentar todo lo relacionado con el pensum académico. Según los opositores, la propuesta busca acentuar la estructura actual, mientras que la tendencia moderna se inclina hacia una mayor autonomía en el manejo de la propuesta educativa por parte de los colegios, en donde el maestro puede desempeñar libremente su profesión. De esa manera los padres pueden escoger libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos. Si todos los establecimientos ofrecen exactamente lo mismo, no hay posibilidad de escoger. En el proyecto del Gobierno sólo hay un 10 por ciento de opcionalidad y el pensum lo establecen los técnicos en Bogotá, sin permitir que se adapte a las condiciones regionales.
Según el Ministerio de Educación esa crítica es infundada, pues simplemente se están reglamentando las áreas básicas y los establecimientos tendrán toda la flexibilidad en cuanto a las materias.
Otro importante reparo a este proyecto consiste en que acoge sin ninguna modificación el actual estatuto docente, que tantos problemas ha creado y que en últimas no es más que una convención colectiva renovada permanentemente y mal negociada por el Gobierno. El estatuto docente impide en la práctica que se pueda botar a los maestros por mala conducta o reubicarlos cuando sea necesario. Los procedimientos que establece son tan engorrosos que no opieran. El ministro Trujillo sostiene qué estas apreciaciones no son correctas y que el índice de maestros investigados y sancionados es mucho más alto que el de otros funcionarios del Estado.
Pero fuera de todos estos problemas, este proyecto tiene la característica bien curiosa de haber logrado despertar la oposición de prácticamente todo el mundo: la de las agencias del Gobierno diferentes del Ministerio de Educación, la de los maestros independientes, la de las entidades de educación privadas, posiblemente la de los fabricantes de textos y uniformes y aun la de un sector importante de Fecode, encabezado por el ex constituyente Abel Rodríguez, quien considera que a este proyecto, por reglamentar derechos fundamentales, se le debería dar el tratamiento de ley estatutaria y no reglamentaria y por ende se debería discutir en las comisiones primeras del Congreso y no en las sextas. El Ministro de Educación se defiende argumentando que para eso es precisamente el debate en el Congreso y que él ha considerado políticamente importante poder discutir esta reforma en un clima de tranquilidad laboral y no de presión sindical.
Pero quizá lo más curioso de todo es que hay una constante histórica en Colombia que consiste en que los mayores descalabros al progreso de la educación han corrido a cargo de ministros del ramo políticos, para quienes tal vez ha pesado más el futuro inmediato de sus propias carreras que el verdadero interés del país. Para citar casos recientes basta recordar el caso de Luis Carlos Galán con el establecimiento de cuatro años obligatorios de bachillerato cuando no había ni siquiera suficiente escuela primaria, el de Hernando Durán Dussán con la nacionalización de la educación y el de Rodrigo Lloreda con el Estatuto Docente. El Ministro actual también es político, pero el país confía en que no se vaya a dejar deslumbrar por el espejismo de los votos sindicales y no darse cuenta que pueden producir muchos más votos los padres satisfechos con un buen sistema educativo que los maestros vinculados a Fecode que cada vez aspiran a mayores logros laborales. Para los opositores lo irónico de todo este proceso es que puede llegar a ser precisamente un gobierno que se inauguró planteando la apertura educativa el que vaya a terminar cerrándola e impidiendo su modernización. El Ministro no está de acuerdo con esa apreciación y, según él, es el Congreso el que tendrá que decidir.-
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