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| 7/31/2000 12:00:00 AM

Cuestión de honor

La experiencia personal y el desbordamiento del secuestro llevaron al presidente Pastrana a declararle una guerra sin cuartel a ese delito.

Si hay un tema que le eriza la piel a Andrés Pastrana es el secuestro. Y las razones son obvias: el Presidente es uno de los miles de colombianos que han sido víctimas de ese delito a manos de una organización criminal. Su secuestro ocurrió en enero de 1998 cuando era candidato a la Alcaldía de Bogotá.

La acción fue realizada por Pablo Escobar, quien buscaba ablandar al gobierno de Virgilio Barco y dar un golpe de opinión contra la extradición. Desde su liberación, unas semanas después, Pastrana se convirtió en uno de los abanderados de la causa antisecuestro del país.

Por ello había llamado la atención que a dos años de posesionado el Presidente no hubiera anunciado medidas drásticas contra ese delito. Pero Pastrana rompió su silencio el viernes en la noche. En su anunciada alocución semanal informó que el gobierno pondrá en marcha una nueva estrategia para combatir ese flagelo. “No vamos a tolerar un secuestro más”, dijo en tono enérgico.

Aunque el secuestro se ha generalizado tanto en el país que es difícil encontrar una organización al margen de la ley que no incremente sus ingresos con él, para quienes hacen parte del círculo del Presidente su frase tenía destinatarios fijos: las Farc y el ELN, que se han convertido en los últimos años es los grandes responsables de la mayoría de los plagios del país.

Según estadísticas del Programa para la Defensa de la Libertad Personal, las Farc realizan el 25 por ciento de la totalidad de los secuestros y el ELN el 23 por ciento. Les siguen las delincuencias común y organizada, las autodefensas y otras organizaciones guerrilleras. Para las Farc el secuestro significa el 45 por ciento de sus ingresos, mientras que para el ELN esta proporción es del 70 por ciento.

La política antisecuestro de Pastrana tendrá su prueba de fuego este lunes cuando el alto comisionado para la Paz, Camilo Gómez, intercambie sobres cerrados con los voceros de las Farc en San Vicente del Caguán. Cada uno de los sobres contendrá la propuesta de las partes sobre el tema del cese al fuego. Mientras las Farc centrarán sus peticiones en la lucha del Estado contra el paramilitarismo, para el gobierno de ahora en adelante la negociación de paz deberá pasar por la liberación de todas las personas retenidas por las Farc. “Ese es el delito contra el que tenemos que enfilar baterías porque, sin duda, es uno de los que más afecta a los colombianos”, declaró a esta revista Eduardo Pizano, secretario general de Presidencia,amigo personal del primer mandatario y uno de los miembros del staff de la campaña de Pastrana cuando este fue secuestrado.



La nueva estrategia

Es difícil encontrar un país con más medidas antisecuestro que Colombia. Desde una ley que lo penaliza con condenas de hasta 60 años de cárcel hasta la rimbombante figura del Zar Antisecuestro, que a juzgar por los resultados fue muy poco lo que pudo hacer por frenar el delito. Aunque el cargo fue creado en el gobierno pasado, el fenómeno siguió creciendo con la misma intensidad.

Un informe publicado por SEMANA en 1996 daba cuenta de que ese delito había movido, por cuenta de los rescates, cerca de 550.000 millones de pesos, unos 530 millones de dólares de la época. “Hoy en día esa cifra se ha duplicado”, declaró un oficial del Ejército dedicado a labores de inteligencia.

¿Cómo se ejecutará la nueva estrategia? El gobierno instalará en los próximos días Oficinas de Seguridad Preventiva (OSP), de las cuales las primeras serán inauguradas en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Cada una de ellas contará con personal del Gaula (Grupos de Acción Unificada para la Libertad Personal) del Ejército y la Policía, un fiscal y otros miembros de los organismos de seguridad.

La función de las OSP será la de prevenir el secuestro mediante un trato directo con las víctimas potenciales, a las cuales se les elaborará un plan de seguridad, así como recomendaciones para modificar su rutina laboral o posibles riesgos en sus desplazamientos y una comunicación móvil confiable con una central de seguridad durante las 24 horas del día. Para el montaje de estas oficinas el gobierno destinará 4.000 millones de pesos, que saldrán del Fondo para la Libertad Personal, trasladados del Ministerio de Justicia al de Defensa.

La creación de las OSP estará acompañada del fortalecimiento de los Gaula, que desde su creación han tenido los mejores resultados —el año pasado fueron rescatadas 360 personas, casi una por día—. Los Gaula recibirán 15.000 millones de pesos para recursos de inteligencia, compra de información y funcionamiento. Uno de los objetivos inmediatos de los Gaula será desmantelar las llamadas “bandas paraguerrilleras”, que son organizaciones urbanas de delincuencia común al servicio de los grupos subversivos. Sólo en Bogotá existen cerca de 150 de ellas, según los organismos de inteligencia, la mayoría de las cuales ‘levantan’ a las víctimas y las negocian con los jefes guerrilleros, quienes son los encargados de entenderse con la familia del secuestrado.



¿Congelación de bienes?

El gobierno también apunta a fortalecer su política criminal. En efecto, el 20 de julio —durante la instalación de la legislatura— radicará un proyecto de ley para establecer que “cualquier manifestación del secuestro debería comenzar con una pena mínima de prisión de 25 años. Es decir, el gobierno considera que la discusión no debe girar en torno a la pena máxima, sino a una pena mínima no inferior a la cifra citada”, dijo a SEMANA Gonzalo de Francisco, uno de los asesores del gobierno.

La razón para que el gobierno se muestre radical en la pena mínima es porque a pesar de existir hoy una pena máxima de 60 años para el secuestro, ésta casi nunca se aplica porque sólo se usa cuando existen agravantes, algo que en la práctica es improcedente. Por el contrario, lo que abundan son los atenuantes, que hacen que esa pena —en apariencia alta— termine reducida a mucho menos de la mitad. En algunos casos la pena sólo llega a la ridícula cifra de seis años.

El proyecto, además, propone exceptuar los delitos relacionados con el secuestro de las rebajas por trabajo y estudio, puesto que —según sus creadores— en nada reparan el daño a la víctima y a la sociedad por un acto que merece un castigo ejemplarizante.

Se trata, sin duda, de una propuesta controversial. Hay quienes ya empiezan a definirla como totalitaria y antidemocrática. El gobierno se defiende argumentando que la obligación constitucional del Estado es la de proteger a los ciudadanos que viven bajo el imperio de la ley.

Pero hay más. El Presidente anunció el viernes que el gobierno está dispuesto a discutir la congelación de los bienes de la víctima del secuestro con el fin de quitarle los recursos al lucrativo negocio. No se trata de una medida nueva ni en el país ni en el mundo. En Italia la aplican con bastante éxito y en Colombia se utilizó con mucha fortuna durante la guerra a las organizaciones narcotraficantes a comienzos de los 90. No obstante, la llamada Ley de Extinción de Dominio fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, que argumentó que ella atentaba contra el derecho a la vida.

El gobierno también pretende fortalecer el sistema carcelario, pues las prisiones se han convertido en los últimos años en guetos sin Dios ni ley, para recluir a los sindicados de secuestro. Una parte del penal de Valledupar será destinada para los secuestradores y la cárcel de Acacías —en construcción— también será utilizada para esos fines.

Por último, el gobierno destinará 1.000 millones de pesos para realizar una serie de campañas publicitarias en todo el mundo, encaminadas a denunciar la gravedad del fenómeno y a buscar la solidaridad de la comunidad internacional para combatirlo.



El primer paso

¿Qué tanto de todo este ambicioso plan se cumplirá? Nadie lo sabe. Lo que sí es cierto es que con sólo cumplir el 50 por ciento del total del proyecto el presidente Pastrana habrá dado el paso más significativo en su lucha contra el atroz delito y se habrá echado al bolsillo a miles de colombianos que a diario lo sufren.

Hoy más que nunca la sociedad parece estar sensibilizada con este flagelo. Después de los secuestros colectivos del avión de Avianca, la iglesia La María de Cali y la ciénaga del Torno en Barranquilla por parte del ELN, la ciudadanía se muestra más dispuesta a combatir este delito. La demostración es que esos actos delincuenciales originaron las multitudinarias marchas del ‘No Más’ en todo el país. Leszli Kalli, una de las secuestradas del avión de Avianca, narró su experiencia en un conmovedor libro.

La prueba más reciente de la actitud ciudadana ante el secuestro ocurrió hace pocos días cuando los medios de comunicación abanderaron una campaña sin precedentes para lograr la liberación de la niña Luisa Fernanda Cano, quien se encontraba en poder de las Farc. La presión social influyó, sin duda, para que ese grupo guerrillero liberara a la pequeña. Algo parecido sucedió con Guillermo León Valencia Cossio, hermano del negociador del gobierno, Fabio Valencia Cossio, quien había sido secuestrado por Carlos Castaño.

Y aunque no se puede desconocer que el secuestro lleva muchos años rondando los hogares colombianos —desde mediados de la década de los 60, cuando plagiaron al industrial Harold Eder, en el Valle del Cauca, y a Oliverio Lara, en el Huila— lo cierto es que muy pocas veces los colombianos se habían mostrado tan solidarios con los secuestrados como en los últimos meses. ¿Serán suficientes las ganas de los colombianos y las buenas intenciones del gobierno? Habrá que esperar. Por lo pronto el sólo hecho de perder el temor, como lo hizo la familia de Luisa Fernanda, es un paso descomunal hacia la dirección correcta.
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