¿Por qué en Sincelejo dicen que no hay alcalde?

Bajo el inclemente sol de las dos de la tarde del mes de agosto y una temperatura que ronda los 33 grados, dos hombres sentados en una banca del Parque Santander escuchan el programa ‘Martillando la voz del pobre pueblo’, de radio Sincelejo, dirigido por Ubirpido Cárdenas, un curtido y sexagenario periodista quien afirma de manera temeraria, golpeando la consola del estudio, que Jairo Fernández Quessep no es el alcalde de Sincelejo.

“Aquí quien manda es su sobrino Mario Fernández Alcocer. Mire usted: la esposa de Mario es la primera dama, si usted quiere una cita con el alcalde debe hablar con Mario y los nombramientos se hacen con la venia de él”, manifiesta.

Dos hombres escuchan en un pequeño radio mientras a su alrededor decenas de personas se apretujan bajo las sombras de los cauchos, la mayoría desempleados, pensionados o gente que se rebusca vendiendo minutos, lustrando o remontando zapatos y vendedores de tintos y cigarrillos. La cantaleta de Ubirpido desata comentarios sobre lo que consideran el desgobierno que existe en la capital de Sucre desde hace varios años.

“Lo que más duele -dice Miguel Terán, uno de los que escucha la radio- es que el alcalde haya contratado a un abogado traído de Cartagena, tío de la primera dama, a quien le pagan 26,4 millones de pesos para asesorar a ‘Jairete’”. Gaspar Almario, contertulio de Terán, afirma que el actual secretario de gobierno, Julio Sierra Torrente, tenía un contrato de 14 millones de pesos por asesorías en temas de contratación.

Líos de la ciudad

Los sincelejanos sienten que las cosas no andan bien, las pocas obras no se convierten en prosperidad para la ciudad y los problemas crecen todos los días. De acuerdo con el DANE la población es de 260.000 habitantes, pero el alcalde dice que hay 100.000 desplazados no censados que llegaron con motivo de la violencia en los Montes de María y por la pasada crisis invernal de La Mojana.

De los 75.000 predios registrados, sólo 20 % pagan impuestos y para una ciudad de casi 350.000 habitantes, capital de departamento desde 1967, sólo recauda como recursos propios 35.000 millones de pesos.

Las vías están en mal estado y viven congestionadas con las 30.000 motos que circulan. El caótico tráfico se empeora con la arbitrariedad de conductores que hacen en verdad lo que quieren. La ciudad no tiene un sistema de transporte público y los sus proyectos más importantes, el Plan Centro y el Sistema Estratégico de Transporte están en veremos por los atrasos.

El ‘Plan Centro’, contratado en la anterior administración, es cuestionado por la calidad de las obras. En un informe se critica la poca experiencia de los ingenieros contratistas y se evidencia la mala calidad del concreto, en los acabados de las zonas peatonales, en el sello de las juntas, en las obras de drenaje y en la planeación integral de la obra.

La suspicacia sincelejana señala que las obras no fueron mal construidas porque se hubiera contratado a personas que no eran idóneas o porque se emplearan malos materiales, sino porque parte de los recursos de la construcción fueron utilizados para construir edificios en el exclusivo barrio Venecia.

No se sabe cuál es la cobertura del alcantarillado y las basuras se acumulan. Durante décadas el principal problema ha sido el agua. Sincelejo es una ciudad que no está a orillas de un río y el punto más cercano es Magangué, a 55 kilómetros, por lo que traer agua desde allá resultaría muy costoso. Por eso los habitantes construyeron aljibes y tanques para almacenar agua.

En el 2003 eso comenzó a cambiar al entregar en concesión a Aguas de la Sabana, el servicio domiciliario de agua potable. Los directivos de la empresa dicen que cuando recibieron las redes no estaban como decían los pliegos, la tubería era de asbesto o de tubos de hierro galvanizado y la mayoría de los tubos ya colapsaron pues tienen más de 50 años.

Hace ocho años había agua cada quince días para 33.000 usuarios y una cobertura del 78 %. Hoy el servicio ha mejorado, pues son 49.000 usuarios y una cobertura del 84 % en acueducto, dice Pedro Gutiérrez Visbal, gerente de la empresa, aunque hay críticas porque todavía no hay agua las 24 horas los siete días a la semana. La mayor dificultad parece haber sido superada pues, con la ayuda de unos especialistas brasileños, se halló un acuífero que tendría capacidad para suministrar agua al municipio durante los próximos 300 años.

¿Quién gobierna?

La preocupación por el presunto desgobierno va más allá de si quien toma las decisiones es el alcalde Jairo Fernández o su sobrino Mario. Fernández fue concejal durante cinco periodos y todos coinciden en que se trata de un político carismático. Sus detractores, en cambio, dicen que es un “buen candidato pero mal gobernante”.

Lo que se sabe es que hizo alianza con el representante a la Cámara Yair Acuña y con el exalcalde Jesús Paternina, cuya administración es cuestionada por las obras contratadas y el alto endeudamiento en que dejó al municipio, que tuvo que acogerse a la ley de restructuración de deudas en agosto de 2012, al acumular pasivos por más de 80.000 millones de pesos e ingresos propios por sólo 35.000 millones de pesos para la vigencia de 2013.

El apoyo que prestaron ambos dirigentes al hoy alcalde se evidenciaría en las cuotas de gobierno y en contratos. Al representante Acuña le habrían entregado las secretarías de Gobierno, Educación, Agricultura y Tesorería. Por otra parte, Fernández se ha rodeado de funcionarios que en la anterior administración fueron contratistas, como el actual secretario de desarrollo e infraestructura José Escamilla. Fernández niega las acusaciones y dice que no ha “hipotecado la administración a nadie”.

Se sabe que Escamilla era un contratista, amigo de Mario Fernández. Fue socio de Yeison Gómez Hernández, representante legal del consorcio GOVA que obtuvo un contrato para limpieza y estabilización de arroyos. Este año, Gómez a través del Consorcio M-VUS 2013 ganó un contrato para el mejoramiento de la movilidad urbana por 2.800 millones de pesos. Sobre el sistema de transporte el mismo alcalde dice que cuando se posesionó “estaba en menos cero’, y los contratistas ya tenían los anticipos.

Y más problemas

Una de las obras más polémicas y por la cual tienen procesos judiciales el alcalde Fernández y su antecesor es por el contrato de la laguna de oxidación de aguas servidas, que habría sido construida en el sitio menos indicado, se habría hecho sin el lleno de los requisitos y habría generado un presunto detrimento patrimonial.

El abogado Norbey Moreno, exconcejal y quien preside la veeduría Sincelejómetro, dice que lo más grave fueron los valores que se pagaron por las tierras que compró el municipio. Mientras el IGAC fijó un valor de 6 millones de pesos por hectárea, la Lonja local dijo que costaba 12 millones de pesos por hectárea.

Finalmente, la alcaldía pagó la hectárea a 34 millones de pesos como indemnización por los daños consecuenciales de la construcción de la laguna a las tierras de la familia Vergara Prado. En total fueron 869 millones de pesos, dinero con el cual hubieran podido comprar toda la finca y no era necesario indemnizar.

Lo peor es que como Sincelejo no tiene alcantarillado, las aguas negras van a dos arroyos y uno de los arroyos no está en dirección del sitio donde se construyó la laguna de oxidación, por eso ahora hay que hacer una adición presupuestal para contratar la construcción de una tubería que lleve las aguas negras a la laguna de oxidación: un sobrecosto de 6.000 millones de pesos.

La imprevisión e indolencia de la dirigencia sucreña con la capital del departamento es patente. El anterior alcalde inició la construcción del edificio para la sede de la administración municipal, pero lo hizo sobre el humedal de Las Garzas.

No contentos con modificar al POT para construir en un área protegida, la obra está inconclusa. El alcalde Fernández le dijo a Semana.com que el Concejo le aprobó un cupo de endeudamiento por 6.000 millones de pesos para terminar la obra.

El lío familiar

El alcalde dice haber recibido una ciudad muy mal administrada y una de las demandas que está obligado a enfrentar es de unos primos hermanos suyos, la familia Payares Quessep, propietarios de dos pisos de oficinas en el edificio de la Caja Agraria donde funcionaban las dependencias de contabilidad, presupuesto y tesorería municipal.

Fernández no prorrogó el contrato alegando un conflicto de interés o incompatibilidad para contratar pues son sus primos hermanos, pero dice Alfredo Payares que ellos tenían un contrato desde hacía cuatro años el cual estipulaba la renovación automáticamente si el arrendatario no manifestaba su interés de no hacerlo.

De la alcaldía afirman que el contrato no se renovó, pero sí utilizaron un inmueble durante varios por el que no pagaron arriendos de dos pisos que suman 223 millones de pesos más 197 millones de pesos por daños.

Payares Quessep escribió una carta al alcalde y a su sobrino Mario Fernández Alcocer, pidiéndoles que le entreguen los inmuebles y paguen. Payares dice haberse reunido con el alcalde y este le dijo: ‘Habla con Mario para que te resuelva eso, pero Mario nunca me dio la cara’.

Otros episodios muestran que Mario Fernández participa en la toma de decisiones más de lo que el alcalde admite. En ocasiones lo han sacado de reuniones porque se presenta como sobrino del alcalde. Al parecer, ocurrió durante un consejo de seguridad y se repitió cuando se discutía con el Ministerio de Hacienda el acuerdo de reestructuración de pasivos.

El alcalde afirmó a Semana.com que es cierto que Mario es su sobrino y que además es su consejero, pero que quien toma las decisiones y asume las crisis de su gobierno es él.

La coordinadora de la red de veedurías de Sincelejo, Aurita de Narváez se quejó de que no es posible saber que sucede en el palacio municipal: “Lo que uno haga aquí es infructuoso, nos están cerrando el paso, hay un veto total y todos queremos saber que está pasando en la administración de Sincelejo”.