Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1996/10/14 00:00

CULPABLE O PAGANINI

La acusación de la Fiscalía contra Juan Manuel Avella apunta hacia una mayor responsabilidad de este joven en los hechos delictivos de la campaña. ¿Podrá demostrarlo?

CULPABLE O PAGANINI

Alos vinculados al proceso 8.000 les llegó la hora de las decisiones. Mientras Fernando Botero y Santiago Medina están a punto de terminar el tortuoso camino de la negociación con la Fiscalía, a otro de los ejecutivos de la campaña Samper Presidente la resolución de acusación, punto de partida para el inicio del juicio, se le vino encima el viernes pasado. Se trata de Juan Manuel Avella, un joven administrador de empresas, que recién desempacado de la universidad y sin mayor experiencia laboral, ocupó el cargo de director administrativo de la campaña. Desde que fue detenido hace poco más de un año, Avella ha sido visto por la opinión pública y por quienes siguen de cerca el narcoescándalo como el funcionario de la campaña samperista a quien le ha tocado bailar con la más fea, como el hombre que sin que necesariamente hubiera estado al tanto de los graves hechos de la campaña, ha terminado pagando los platos rotos. La resolución acusatoria de la Fiscalía lo sindica no sólo por el delito de falsedad ideológica en documento privado, que tiene una pena entre uno y seis años, sino también por enriquecimiento ilícito en favor de terceros, por el que tendría que pagar entre cinco y 10 años. Al conmutarse las dos penas, la sentencia efectiva de Avella podría llegar a ser de entre seis y ocho años. El hecho de que en su caso se esté hablando de todos estos años de cárcel mientras que Botero y Medina podrían recuperar en diciembre su libertad, ha despertado entre la opinión la idea de que las autoridades judiciales podrían estar a punto de dar paso a una grave injusticia. Que Juan Manuel Avella, el funcionario que aparentemente jugó el papel de más bajo nivel operativo frente a los hechos delictivos de la campaña, termine pagando muchos años más que Botero y Medina, quienes por las averiguaciones y por sus propias confesiones aparecen como eje central de lo sucedido, es algo que muchos colombianos se resisten a creer. Esta situación llevará a un debate que seguramente se agudizará en los próximos días cuando quede en firme la providencia acusatoria. La gran diferencia entre el caso de Avella y los de Botero y Medina radica, como es bien sabido, en el hecho de que el primero nunca aceptó acogerse a los mecanismos de colaboración con la Justicia, mientras los otros dos han hecho gala, por medio de sus abogados, de los más hábiles recursos para optimizar las posibles rebajas. Pero aún así, quienes se declaran sorprendidos ante la posibilidad de que Avella tenga que pagar más de seis años de cárcel argumentan que quizás la razón para que el ex director administrativo de la campaña no haya colaborado era porque poco o nada sabía sobre los delitos que se habían cometido. Los pecados Pero, ¿qué tan cierto es que Avella no supo nada de lo que estaba pasando en la campaña? No resulta fácil contestar a esa pregunta. Lo primero que hay que analizar antes de responderla, es la seriedad de los cargos que la Fiscalía le imputa a Avella. El más fácil de desmenuzar es el de la falsedad, pues Avella es señalado en la acusación como la persona que, a conciencia, habría firmado los balances chimbos presentados por la campaña a las autoridades electorales. Incluso algunos elementos de la investigación apuntan a acusar al ex director administrativo como responsable de conseguir documentos falsos para sustentar dichos balances. Es decir, que Avella no sólo estampó su firma en balances que él sabía _por las cantidades de dinero en cheques y efectivo que manejó_ no correspondían a la realidad financiera de la campaña. Pero aun si todo esto suena bastante grave, la verdad es que en un país tan desinstitucionalizado y de valores tan relativizados como Colombia, falsificar balances contables es una costumbre arraigada en muchas actividades lícitas. Y aunque no hay duda de que es mucho más delicado que todo esto suceda en desarrollo de una campaña para la Presidencia de la República, empresa que debe dar ejemplo como ninguna otra, la verdad es que los colombianos de la calle suelen ver este delito con bastante benevolencia. Esa benevolencia está en cierto modo reflejada en la pena prevista para la falsedad. Si Avella solo hubiera sido acusado por este delito, es muy probable que la pena llegaría a estar por debajo de los 36 meses, lo que garantizaría que el director administrativo de la campaña pudiera optar por la libertad condicional e irse para su casa una vez terminase el juicio. Donde las cosas realmente se le complican a Juan Manuel Avella es en el tema del enriquecimiento ilícito a favor de terceros. Para demostrar este cargo, la acusación no puede basarse solamente en que él haya participado con sus actos en las distintas fases de la operación del recaudo y distribución del dinero del cartel de Cali que ingresó en la campaña de Ernesto Samper. La acusación tiene que demostrar además que hubo dolo, es decir, que Avella era consciente del origen ilícito de los recursos. Hasta la semana pasada los conocedores del proceso 8.000 estaban convencidos de que esto último resultaría prácticamente imposible. Sin embargo, la resolución acusatoria tal y como fue conocida el viernes pasado por diferentes abogados del proceso, parece aportar elementos que colocan a Avella en una situación más difícil de lo esperado. Durante el juicio que debe empezar en unas pocas semanas, la acusación ventilará una serie de elementos que apuntan a demostrar que Avella sí pudo haber sabido de la procedencia de la plata. Según esos elementos, el director administrativo habría sido algo más que el firmón que hasta ahora muchos han creído que fue, pues habría participado de una forma mucho más directa de lo pensado en la administración y repartición de millonarias sumas de dinero en efectivo a las tesorerías regionales y en el pago, también con dinero en efectivo en grandes cantidades, a algunos de los proveedores de la campaña samperista. Varios testimonios, entre ellos los de Santiago Medina y el proveedor publicitario Mauricio Montejo, señalan que Avella manejó y guardó en su caja fuerte millonarias sumas de dinero en efectivo. "Lo complicado para este joven _comentó a SEMANA un abogado vinculado al proceso_ es que en la primera etapa de la campaña las directivas habían decidido e incluso habían dejado por escrito en el Código de Etica de la misma, que no se recibirían ni manejarían grandes sumas de dinero en efectivo. Esta precaución tenía por objeto reducir al máximo los riesgos del ingreso de narcodineros. Avella y todos los directivos de la campaña lo sabían, así que el hecho de haber manejado grandes fajos de dinero no es un asunto menor". Algo similar sucedió con las cantidades en dólares recibidas en la campaña de algunos donantes de dudosa conducta, que también pasaron por las manos del director administrativo. Todo esto suena muy delicado, pero a pesar de ello, Avella podrá defenderse en el juicio, como lo ha hecho hasta ahora, alegando que manejó esa plata en efectivo para mantenerla por fuera de la contabilidad y no para ocultar su origen ilícito. Es decir, que Avella sí es responsable por grandes sumas de dinero en la campaña, pero eso por sí solo no demuestra que ese dinero contante y sonante tuviera un origen ilícito. Por eso mismo si los anteriores hubieran sido los únicos elementos recaudados en contra de Avella en el tema de enriquecimiento ilícito, es posible que la Fiscalía nunca se hubiera animado a acusar al director administrativo de la campaña por ese delito. El pago a Montejo Lo que verdaderamente enreda la situación de Avella es lo que la investigación estableció en el episodio de los pagos al proveedor Mauricio Montejo. De acuerdo con los relatos de Santiago Medina y del propio Montejo, Avella estaba con ellos a mediados de mayo de 1994 cuando se reunieron en la sede de la campaña para acordar la fecha del pago de 236 millones de pesos que Montejo estaba tratando de cobrar desde hacía varios días. Según los dos testimonios, Avella participó en la reunión en la que él, Medina y Montejo acordaron que el encargado de cancelar la deuda sería el periodista Alberto Giraldo. Según el relato de Montejo, Avella le ayudó a poner en orden las cuentas de lo que le adeudaba la campaña, para tener en claro cuánta plata había que pedirle a Giraldo. En la declaración que hizo Montejo en agosto del año pasado, señaló: "El señor Avella un día me llamó y me dijo que fuera a su oficina que me tenía una fórmula definitiva de pago. Llegué a su oficina, le hice antesala por más de una hora y después me dijo que por qué no le daba descuentos en esas facturas. Yo le dije que no. El me dijo que solo tenían 200 millones de pesos. Después me dijo que cambiáramos de oficina, que si podíamos pasar a una oficina desocupada para poder conversar tranquilos. Yo le respondí que sí. Nos fuimos para otra oficina, que era la de Santiago Medina. Lo recuerdo muy bien porque afuera de la puerta decía su nombre y tesorero. Al rato entró el propio Medina, a quien yo jamás había visto en mi vida. (...) Después de aceptarles la rebaja de 7.500.000 de las facturas, Medina me dijo: 'A usted lo va a llamar un señor Alberto Giraldo para que le entregue por cuenta de la campaña los 200 millones de pesos'. Yo le dije: 'bueno' y él se fue. Recuerdo mucho que yo le pregunté a Juan Manuel Avella que quién era el señor Giraldo y él me respondió: 'el loco' Giraldo. ¿no se acuerda?, el periodista". En el relato, Montejo le contó a la Fiscalía que efectivamente él fue a la casa de Alberto Giraldo y que éste solo le entregó 185 millones de pesos en una caja de cartón. Frente a esta situación, Montejo le dijo a la Fiscalía que de inmediato llamó a Juan Manuel Avella para contarle lo ocurrido. "El me dijo que la campaña me pagaría la diferencia y agregó que Alberto Giraldo era un bandido, que lo habían echado de la petrolera donde trabajaba". El anterior relato daña en parte la imagen de un Juan Manuel Avella inocente de todo, pues cuando menos hubiera debido preguntarse por qué Giraldo estaba pagando cuentas de la campaña. Sin embargo Avella tiene una respuesta para este interrogante. En la indagatoria que rindió el 14 de septiembre de 1995, le dijo a la comisión de fiscales sin rostro que "lo que el señor Montejo está afirmando no es cierto. Lo que yo hice fue que en el momento de no tener recursos para pagarle al señor Montejo y ante la insistencia permanente de éste por su pago, le dije que arreglara el problema con Santiago Medina. Fue posteriormente que el señor Montejo me informó que le habían pagado en efectivo y días después me dijo, cuando estalló el escándalo de los narcocasetes, que quien le había pagado ese dinero era Alberto Giraldo". El problema de esta justificación es que en su contra obran dos declaraciones, las de Medina y Montejo, que están en desacuerdo en otros puntos y que en cambio en esto se identifican. Para la Fiscalía además el testimonio de Montejo tiene bastante credibilidad pues se trata de una persona que no tenía razones para armar una historia diferente a la que vivió, ya que nunca hizo parte de los cuadros directivos de la campaña y simplemente era un proveedor a quien se le adeudaba una fuerte suma de dinero. Es, en opinión de los investigadores, un testigo neutral. Pero aun así, si se da por sentado que Avella intervino en la reunión en la que la campaña le dijo a Montejo que le cobrara los 200 millones de pesos a Giraldo, el ex director administrativo puede alegar que no sabía quién era Alberto Giraldo en 1994 y que por ello mismo no tenía porqué sospechar del origen del dinero. El problema es que el 21 de junio de 1994, dos días después de la elección de Samper como Presidente y tres semanas después del pago de Giraldo a Montejo, salieron a la luz pública los narcocasetes y con ellos quedó absolutamente en claro quién era y qué papel jugaba Alberto Giraldo. Si hasta ese momento Avella había actuado por cuenta de su ingenuidad, a partir de ese instante tenía que haberla perdido para atar dos hechos evidentemente conexos. El primero, que Giraldo había hecho millonarios pagos en efectivo a proveedores de la campaña. Y el segundo, que Giraldo aparecía en los casetes como gestor de grandes sumas de dinero en efectivo del cartel de Cali para la campaña. Los investigadores deducen que por lo menos a partir de ese momento Avella perdió su inocencia, algo que no tendría mayores consecuencias desde el punto de vista penal si no fuera porque fue después de conocidos los narcocasetes y cuando Avella ya tenía que haber relacionado esas cintas con los grandes pagos en efectivo hechos por Giraldo a proveedores como Montejo, que el director administrativo de la campaña participó, según la acusación, en la falsificación de los balances. De modo que la Fiscalía tiene derecho a deducir que dicha falsificación ya no sólo buscaba evadir los topes electorales que la campaña había superado por amplio margen, sino ocultar el movimiento de dineros procedentes de un agente del cartel de Cali. Es decir, que incluso si Avella nunca relacionó a Giraldo con el cartel cuando Montejo recibió de él los 200 millones, era inevitable que hiciera la relación después de que salieron a la luz pública los narcocasetes. En vez de hacerlo, asegura la acusación, centró sus labores en el tema de los balances falsos que sirvieron en ese momento para ocultar los dineros ilícitos. Todo lo anterior enfrentará su prueba de fuego en el juicio, cuando la Fiscalía tenga que convencer al juez sin rostro de que Avella no sólo es culpable de falsedad sino que participó activa y conscientemente en el enriquecimiento ilícito, y cuando la defensa de Avella intente por todos los medios corroborar que su cliente es el 'paganini' que muchos han creído en los últimos 13 meses.

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