Domingo, 22 de enero de 2017

| 2003/11/17 00:00

Culpables o inocentes

La liberación de 128 capturados por ser supuestos auxiliadores de la guerrilla, muestra las dificultades para judicializar operaciones masivas.

Lo que empezo como un golpe contundente contra las Farc terminó en otro golpe más fuerte contra la política de seguridad del gobierno. El pasado 7 de noviembre el fiscal 16 delegado ante el Tribunal Superior de Sincelejo, Orlando Pacheco, dejó en libertad a las 128 personas que permanecían en prisión desde agosto por considerar que no había suficientes pruebas sobre sus nexos con las Farc. Pacheco argumentó, entre otras cosas, que los informes de inteligencia no podían considerarse como pruebas.

Todo había comenzado en agosto pasado, cuando 600 policías, infantes de marina y miembros de la Fiscalía General llegaron a los municipios de Colosó, Chalán y Ovejas (Sucre), así como a la zona rural de Montes de María, con el fin de desmantelar la red de apoyo del frente 35 de las Farc. Durante varias horas fueron capturadas, una a una, más de 100 personas, que eran subidas a camiones en los que también iban los testigos encapuchados que los señalaban como miembros de las Farc. Al final de la jornada el entonces comandante de la Policía, general Teodoro Campo, dijo que la Operación Ovejas, que había comenzado hace seis meses con las investigaciones y labores de inteligencia, había concluido con la captura de 143 personas, "milicianos, guerrilleros o colaboradores de las Farc, específicamente del frente 35", entre los que se encontraban los autores de un burro bomba que destruyó la estación de Chalán, los secuestradores de un oficial de la Policía y la propia amante de 'Vladimir', uno de los comandantes del frente.

El fiscal general, Luis Camilo Osorio, rechazó la decisión de Pacheco. Trasladó el proceso a la Unidad Nacional Antiterrorismo en Bogotá y advirtió que el funcionario sería removido de su cargo e investigado para establecer la naturaleza de su actuación. Hasta el momento Pacheco sigue en su cargo, pues está en vacaciones y probablemente será retirado por jubilación.

Pero este caso ha levantado numerosos interrogantes sobre las capturas masivas. Las más fueron planteadas en el editorial de El Tiempo la semana pasada: "¿Son culpables los detenidos, o parte de ellos? ¿Los informes de inteligencia o de informantes son suficientes como pruebas que pueden causar años de cárcel a muchas personas? ¿De qué mecanismos dispone la justicia para, sin caer en la caza de brujas, procesar a los culpables?" (.) "el caso plantea lo difícil que es, en el marco del Estado de derecho, caminar sin desviarse por la fina línea que hay entre la necesidad de desmantelar con efectividad las redes de apoyo de la guerrilla y el respeto al debido proceso, al buen nombre. Más aún cuando el número de detenidos en este tipo de operaciones se ha incrementado de manera importante. Y, en alto porcentaje, han terminado judicializados".

En otras palabras, la gran pregunta es si el Estado colombiano tiene las suficientes herramientas para judicializar y condenar a los auxiliadores de los grupos armados. Expertos consultados por SEMANA consideran que sí, pero las capturas de Sincelejo y otras más demuestran que el sistema de justicia está mal estructurado y tiene enormes contradicciones que, en últimas, entorpecen los avances del gobierno en materia de seguridad.

Las numerosas capturas, la exhibición pública de las personas y las sindicaciones directas de algunos miembros de las Fuerzas Militares y de Policía no sólo están poniendo en apuros la aplicación de la justicia, sino al sistema democrático, pues alejan y hacen que el ciudadano tema la acción del Estado.

Por ahora los fiscales de la Unidad de Terrorismo de la Fiscalía en Bogotá decidirán finalmente si hay méritos para llamar a las 128 personas a juicio -lo que llevaría a su recaptura- o si terminan el caso. Una decisión de la que se espera que la justicia actúe con la razón y no con el deseo.

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