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| Foto: Carlos Julio Martínez

JUDICIAL

Álvaro Cruz será enviado a La Picota

El exgobernador de Cundinamarca tendrá que responder por los delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y abuso de confianza calificado.

6 de octubre de 2015

El proceso contra el exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz avanza rápidamente. Este martes la juez 71 de garantías acogió la petición de la Fiscalía y lo envió a la cárcel La Picota de Bogotá al dictarle una medida de aseguramiento.

Las pruebas no dejaron duda de la participación de Cruz en hechos de corrupción, cuando fungía como empresario de la construcción. Entonces pagó dádivas para que le fueran adjudicados millonarios contratos en la administración del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, en lo que se conoció como el 'carrusel' de la contratación.

Las evidencias en su contra no le dejaron lugar a dudas, tanto, que el sábado anterior se declaró culpable de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y abuso de confianza calificado.

Este martes le dieron la estocada a Cruz. Su defensa había argumentado que él tenía un complejo cuadro de salud, por lo que debía ser enviado a su casa o a un centro de reclusión especial para ser tratado por los médicos. "A la audiencia llegó por sus propios medios y no necesitó ayuda médica. A través de la defensa no se acreditó que el imputado presentara graves problemas de salud", dijo la juez, quien dijo que el Cruz debía ser confinado en un establecimiento carcelario. “No se puede cobijar con medida domiciliaria a quien ha atentado contra la administración de Justicia”.

Se refería al hecho de que Cruz y su esposa, Luz Zoraida Rozo, habrían orquestado el pago de un millonario soborno para ‘truncar’ el proceso judicial que lleva la Fiscalía en contra del exmandatario seccional.

Como se demostró el viernes anterior y como lo anunció el propio fiscal, Eduardo Montealegre, Cruz y su esposa contaron con la complicidad del procurador judicial Ulpiano Hernán Jovel Muñoz, que tenía un contacto en la Fiscalía que se encargaría de cerrar el camino al proceso en contra del exalto funcionario. Se trataría del abogado Augusto Ramírez Cuéllar, amigo del vicefiscal general.

Para hacer este movimiento, el procurador exigió a Cruz 1.700 millones de pesos con los que incrementó su patrimonio, pero nunca pagó a los funcionarios que debían interceder en la investigación. Podría parecer un chiste, pero el procurador prácticamente le hizo 'conejo' al exgobernador.

Con lo que no contaban los dos exfuncionarios es que el abogado resultó ser tan amigo del vicefiscal Perdomo, que acabó por contarlo todo.

El procurador Jovel también será enviado a la cárcel La Picota mientras se desarrolla un juicio en contra por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito. En el caso de Cruz se espera que un juez le tase una pena, pues él reconoció sus culpas, lo que le dará, seguramente, una rebaja sustancial de la pena.

El representante del Ministerio Público, por su parte, deberá probar que no cometió los delitos, pero las pruebas que tiene la Fiscalía en su contra son, al parecer, contundentes.

Mientras esto ocurre, el ente investigador prepara la imputación de cargos contra la esposa de Cruz. Se trata de una reputada abogada, reconocida en amplios círculos sociales de la capital.

Sobre ella, la Fiscalía anunció que solicitará medida de aseguramiento en detención domiciliaria porque se conoce que ella padece de una compleja enfermedad.