La caída del gobernador Álvaro Cruz

Álvaro Cruz, gobernador de Cundinamarca, le envió una sentida carta al presidente Juan Manuel Santos para comunicarle su renuncia irrevocable a partir del 18 de agosto. La decisión no fue fácil para él, pero se veía venir y es lógica. Durante dos años el funcionario ha recibido serios cuestionamientos por su presunta participación en el carrusel de la contratación de Bogotá en 2009 y avanza un proceso penal en su contra por esos hechos. Cruz se enteró de que la Fiscalía le imputará cargos por cohecho, interés indebido en celebración de contratos y abuso de confianza. Y teniendo en cuenta lo grave que era para él ser un gobernador sub júdice, anunció su renuncia.

Desde 2013, los implicados en el carrusel han señalado a Cruz. Han dicho que, entre diciembre de 2009 y febrero de 2010 (antes de ser gobernador), habría entregado hasta 800 millones de pesos en sobornos para que la firma ICM Ingenieros ganara varias licitaciones, entre ellas la reparación de la calle 153 y el arreglo de otras vías. Estos dineros, aparentemente, habrían salido del anticipo de un contrato de 24.000 millones de pesos adjudicado a la Unión Temporal Asfaltos 2009, integrada por Incoasfaltos y la firma ICM Ingenieros. El gobernador ha insistido en que no tiene ninguna participación en esta última empresa y que solo le ha prestado servicios de asesorías.

Sin embargo, la Fiscalía asegura que cuenta con material probatorio suficiente que demostraría que, aunque Cruz no figura legalmente, sí ha fungido como representante de ICM en diversos negocios. Además, su cuñado Jorge Ibán Rozo Barragán es accionista de ICM Ingenieros a través de la firma Inversiones en Infraestructura SAS, y su esposa Zoraida Rozo Barragán también llegó a figurar como accionista.

Hasta hace poco tiempo, Álvaro Cruz continuaba negando todo pero su defensa se hacía cada vez más difícil. Además de los testimonios, los otros investigados le entregaron al ente acusador pruebas documentales en las que varias empresas prestaron su facturación para simular subcontrataciones y de esta manera legalizar los sobornos que ICM habría pagado a los miembros del carrusel de la contratación.

En mayo pasado, se conoció otro episodio que lo puso en aprietos. En 2010, ICM Ingenieros, a través de Álvaro Cruz, hizo un negocio con el abogado colombiano Abraham Casallas y el empresario cubano Manuel Dorta-Duque para comprar un terreno de 7,5 millones de dólares en Miami. En dicho negocio, Álvaro Cruz y Luis Guillermo Mesa Sanabria (representante legal de ICM Ingenieros) tenían una participación del 25 por ciento. A principios de junio, la Fiscalía entrevistó en Estados Unidos al empresario cubano quien dijo que siempre le presentaron a Álvaro Cruz como dueño de la firma de ingenieros y entregó soportes que demostrarían que sí hicieron negocios juntos y no con un homónimo, como llegó a decir Cruz en una entrevista para defenderse de esas acusaciones.

A los testimonios se sumaron los allanamientos de la Fiscalía a la oficina y casa del gobernador y a la oficina de ICM. Todo lo anterior agilizó la audiencia de imputación para el próximo 2 de septiembre. Mientras esto ocurría, los argumentos de Cruz empezaron a disolverse y se conoció que ha sostenido varias reuniones con funcionarios de la Fiscalía en las que analiza la posibilidad de llegar a un preacuerdo, lo que quiere decir que aceptaría su responsabilidad a cambio de recibir una condena menos larga. Según le confirmaron fuentes del ente acusador a SEMANA, estas negociaciones van por buen camino.

Renunciar a su cargo como gobernador le da dos beneficios. El primero es que podrá dedicarse tiempo completo a preparar su defensa. El segundo es que apenas el presidente le acepte la renuncia cambiará de juez. Como era aforado, su caso era estudiado por la Corte Suprema. Ahora su proceso se trasladará a un juzgado en Paloquemao. Cruz tiene, además, otro proceso de extinción de dominio. En este, la Fiscalía busca determinar la legalidad del patrimonio del gobernador y su núcleo familiar. Lo que le viene no será fácil.