Cúpula de las FARC, investigada por desplazar a 3.000 awás

En las últimas semanas el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, se ha mostrado más incisivo y concluyente a la hora de procesar a los jefes de las FARC por delitos de lesa humanidad, quizá los únicos de los que no podría escapar la cúpula de esa guerrilla en caso de firmarse un acuerdo de paz. Y la primera imputación se daría en menos de una semana.

Semana.com conoció un informe de la Fiscalía General de la Nación en el que se señala a ese grupo armado ilegal de provocar en el 2012 el desplazamiento forzado de al menos 3.000 indígenas de la etnia awá, ubicados en el sur del país, en la zona fronteriza con Ecuador.

Esa región es estratégica para los actores del conflicto armado colombiano y la delincuencia, puesto que por ahí se puede tener control del tráfico de narcóticos y sus precursores, así como de armas.

Entretanto, los miles de aborígenes –según el informe– debieron soportar las muertes de sus líderes espirituales y otras violaciones contra civiles ajenos al conflicto, que se presentaron en zona rural de los municipios de Ricaurte y Barbacoas (Nariño), puntualmente en los resguardos Nulpe Mem y Gran Sábalo.

Allí, los awá fueron afectados por las incursiones y las actuaciones de guerrilleros del frente Occidental de las FARC, específicamente por las columnas móviles Daniel Aldana y Mariscal Sucre. El principal terror de los nativos en su propio territorio fue la siembra de minas antipersona.

Ello llevó a las muertes de varios miembros de la comunidad que durante ocho meses se vieron imposibilitados de realizar actividades diarias, y para ellos ancestrales, relacionadas con pesca, caza y recolección que, de hecho, son su única fuente para sobrevivir.

De acuerdo con el informe del ente acusador se constató que los awá sufrieron “afectaciones psicológicas ocasionadas por los constantes actos de amenaza directa y terror por parte de las FARC, a causa de la implantación de campos minados en sus tierras, viviendas y caminos”.

De igual forma, les ocasionaron un daño grave al prohibirles las prácticas de medicina tradicional, rituales de nacimiento y visitas a lugares sagrados.

Los llamados a responder y que serán acusados de los delitos de desplazamiento forzado y utilización de métodos de guerra ilícitos son Luciano Marín Arango, ‘Iván Márquez’; Seusis Pausivas Hernández, ‘Jesús Santrich’; Rodrigo Granda Escobar; Jorge Torres Victoria, ‘Pablo Catatumbo’; Félix Antonio Muñoz, ‘Pastor Alape’; Mauricio Jaramillo, el ‘Médico’; Milton de Jesús Toncel, ‘Joaquín Gómez’; Luis Alberto Albán, ‘Marcos Calarcá’, y Luis Antonio Losada, ‘Carlos Antonio Lozada’.

Aunque varios de los sindicados hacen parte de la mesa de negociación de paz ante el Gobierno en La Habana (Cuba), esto no sería impedimento para el ente acusador, que desde ya propone que participen de la diligencia judicial a través de teleconferencia.