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| 5/17/2011 12:00:00 AM

Damnificados por las lluvias tendrán que pagar el impuesto predial y al patrimonio: Minhacienda

El ministro de Hacienda lamentó que la Corte Constitucional haya declarado inexequible este decreto expedido bajo el amparo de la emergencia social, económica y ecológica.

Los afectados por las fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra están obligados a pagar el impuesto predial y al patrimonio, luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible el decreto que los eximía de este compromiso.
 
El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quien calificó como “lamentable” esta situación.
 
En enero de este año, bajo el amparo de la prórroga de la emergencia social, económica y ecológica, el Gobierno emitió el decreto 128 que ordenaba “deducir del impuesto de la renta las pérdidas de los damnificados por efectos del invierno”.
 
También permitía restar del patrimonio líquido el valor patrimonial de los bienes afectados por las lluvias.
 
Por haberse expedido bajo la prórroga del estado de excepción que la Corte Constitucional declaró inexequible el pasado 29 de marzo, y después de su análisis particular, el decreto queda sin piso jurídico.
 
De los 40 decretos expedidos bajo la emergencia económica, social y ecológica (decretada el 7 de diciembre y prorrogada el 7 de enero), la Corte Constitucional ha emitido fallos sobre 30 normas, de las cuales 20 fueron declarados constitucionales.
 
Sobre la norma que exime a los damnificados del pago de impuestos de la renta y del patrimonio, la Corte no ha emitido un pronunciamiento oficial.
 
De las 12 normas que se promulgaron tras la prórroga (desde el 7 de enero), la Corte ha declarado inexequibles cinco, entre ellos el que adicionaba 5.6 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación para atender la emergencia.
 
También se quedaron sin piso las normas que daban vida al empleo de emergencia, destinaban recursos públicos para invertir en colegios privados afectados, creaban el Programa Especial de Reforestación y reformaban las Corporaciones Autónomas Regionales.

Ahora, estas normas deberán ser analizadas en el Congreso de la República.
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