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| 1/16/2005 12:00:00 AM

Daño irreversible

Un informe de la Contraloría Distrital podría ser el primer paso para detener los abusos e irregularidades que se han cometido con las licencias de construcción.

DESPUÉS DE LA AVALANCHA de quejas de ciudadanos y de innumerables denuncias en medios de comunicación, por primera vez un ente de control inició una investigación acerca de las curadurías urbanas. En pocos días saldrá a la luz pública un informe de la Contraloría Distrital de Bogotá según el cual existen irregularidades en el funcionamiento de estas oficinas y que cuestiona decisiones de cuatro de los cinco curadores urbanos de Bogotá. En una inspección a las entidades ambientales y de planeación por el deterioro de los cerros orientales de la capital, la Contraloría encontró que se habían expedido 31 licencias de construcción en zonas de reserva ambiental en forma ilegal. El contralor de Bogotá, Óscar González Arana, sostuvo en su informe que las decisiones de los curadores 2,3,4 y 5 han puesto en peligro el equilibrio ambiental de la ciudad. Explica que construcciones tan consolidadas como los conjuntos residenciales Bosques de Torca y Montearroyo, las universidades Politécnico Grancolombiano, Manuela Beltrán y Distrital, y restaurantes como el Tramonti se erigen sobre lugares que deberían ser pulmones ambientales. Y que esta ilegalidad se debe a una cadena de errores que comenzó con la irregular incorporación de pedazos de la reserva forestal de los cerros. Dice el contralor que antes de que Planeación Distrital hubiera autorizado que en este suelo se permitiera construir y que los curadores dieran las respectivas licencias, el Ministerio de Medio Ambiente ha debido sustraer estas zonas de las áreas de protección. La Contraloría dijo además que la ambigüedad en las normas y las deficiencias en el desempeño de las entidades encargadas de preservar los cerros de la ciudad han permitido que en los últimos 30 años se multipliquen allí construcciones ilegales. Aclara que hay proyectos arquitectónicos en marcha que cumplen con todos los requisitos exigidos por la ley y que sería injusto calificarlos de ilegales, pero que en las zonas que fueron devastadas sin los permisos necesarios ya no hay nada que pueda resarcir el daño hecho a la ciudad. Las conclusiones del informe hacen énfasis en que los curadores han sido uno de los principales responsables del problema. "Actuaciones de los curadores motivan el reproche que se les formula de ser causantes del desorden en el crecimiento y desarrollo ilegal de la ciudad", dijo González a SEMANA. Cuando se defendieron de los cuestionamientos que les hizo el Concejo el año pasado, los curadores señalaron que ante la falta de normas urbanísticas claras no tenían otro camino que interpretarlas. Y de alguna manera tienen razón frente a la ausencia de reglas claras ya que, en cuatro años de promulgado el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, Planeación Distrital solamente ha reglamentado el uso del suelo en 20 de las 117 zonas en las que formalmente está dividida la ciudad. Lo que no se entiende es por qué aprobaron obras en los cerros orientales cuando existía una reglamentación de carácter nacional que les impedía otorgar licencias para construir en algunas partes de ellos. "Urbanizar no va en contra del medio ambiente. En algunos casos lo mejora y lo protege", argumenta Germán Ruiz, curador urbano 4. La Contraloría también señala que parte del problema ha sido una indebida atribución de funciones de la Corporación Autónoma Regional, CAR, de Cundinamarca. Desde 1977 la CAR ordenó sustraer de los cerros orientales cuatro extensos terrenos de zonas de reserva ambiental en la vía a La Calera, Chapinero Alto y el Parque Nacional, en donde abrieron la puerta a nuevas urbanizaciones. La Contraloría ya está estudiando la posibilidad de echar para atrás la decisión de la CAR. Aún no está claro cuál sería el alcance de esta medida, pues muchos de estos predios ya han sido comprados y construidos. Y es que más allá de la falta de claridad legal, históricamente los cerros orientales han sido tierra de nadie. El cuidado del pulmón más importante de la ciudad está a cargo del Estado colombiano por tratarse de una reserva forestal de carácter nacional. Pero sobre ellos también tienen jurisdicción la CAR y el Departamento Técnico del Medio Ambiente (Dama) de la ciudad. Por varias décadas, estas entidades se han achacado mutuamente las responsabilidades, y este mar de incertidumbre ha resultado en el terreno propicio para otorgar licencias a diestra y siniestra. Al referirse a la dramática situación de los cerros orientales, el informe de la Contraloría revive el debate que se planteó hace unos meses sobre la estructura de funcionamiento de las curadurías. En particular, cuestiona que los curadores reciban honorarios según los metros cuadrados de construcción que aprueben y que tengan la facultad de interpretar las normas. Por último, critica que estas entidades -que desempeñan tareas públicas- no puedan ser vigiladas por los organismos de control estatal. "Se reprocha la autonomía de los curadores, así como la falta de coordinación entre ellos y las oficinas de planeación y control urbano, generando conflictos de autoridad y extralimitación en sus funciones", recalca el informe. Esta revista consultó la opinión del curador urbano 5, Mario Pinilla, sobre el informe de la Contraloría; él justifica que el trabajo de los curadores ha agilizado los trámites de las licencias y ha contribuido a controlar la ilegalidad. "Nos apoyamos en las decisiones de Planeación. No tenemos por qué ponerlas en duda. Cualquier resolución expedida por los alcaldes, como las que autorizan incorporaciones en los cerros, son legales y válidas hasta que un juez no las declare nulas", señala. Lo que no tiene en cuenta el funcionario es que si en un futuro un juez invalida una licencia de construcción, las personas que habiten en las edificaciones podrán verse gravemente afectadas, incluso hasta con procesos de demolición de sus predios. Según Germán Ruiz, los curadores otorgan las licencias a proyectos ubicados en las zonas de protección, condicionándolas a que el inicio de las obras solo podrá efectuarse con un aval previo de Minambiente. Sin embargo SEMANA consultó, por ejemplo, la licencia de construcción de la urbanización Cerros del Castillo en Chapinero otorgada por el curador 3, Ignacio Restrepo, el 25 de noviembre de 1997, y no encontró esta condición expresa. El Contralor Distrital asegura que uno de los temas centrales de su gestión durante 2005 será el control al desarrollo ambiental y urbanístico de la ciudad. En particular, concentrará buena parte de su trabajo en controlar las decisiones que Planeación y los curadores tomen al respecto. Reafirmando esta decisión de la Contraloría, en los próximos días el representante a la Cámara Germán Barón presentará un proyecto de ley que -con el aval del Ministerio de Medio Ambiente- busca modificar el régimen de funcionamiento de los curadores urbanos. En el caso de Bogotá, un nuevo debate en el Concejo buscará que los curadores y Planeación respondan sobre sus actuaciones en la ciudad. El daño ambiental en los cerros orientales es, sin embargo, prácticamente irreversible. Y eso que esta es una zona que goza de protección legal especial por tratarse de una reserva ecológica. ¿Qué tal si no lo hubiera sido?
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