De Abel a Caín

CUANDO EL NARCOTRAFIcante Harold Ackerman, considerado como el embajador del cartel de Cali en Miami, fué llamado por un juez de esa ciudad a declarar en el juicio que se le seguía por la importación de 25 toneladas de cocaína en cajas de brócoli y postes de cemento, el capo caleño, de 45 años, prefirió la brevedad. En pocas palabras Ackerman, condenado a cadena perpetua, explicó que si él llegaba a abrir la boca mucha gente moriría en Colombia.

El problema es que Ackerman ya había hablado lo suficiente por un teléfono celular intervenido por la DEA. Lo que dijo por ese medio y otras pruebas han servido para asestar duros golpes al cartel de Cali. En las grabaciones aparecen mencionados personajes cuya vinculación con las actividades ilícitas del cartel no había sido establecida en el pasado. Entre ellos hay varios abogados estadounidenses que, al parecer, habrían pasado la frontera de la asesoría legal para meterse en el campo de la complicidad en los negocios sucios con sus clientes.

La investigación no hubiera tenido mayor relevancia si no es porque en la lista de sospechosos está un alto ex funcionario del Departamento de Justicia, cuya misión en el pasado había sido precisamente la de supervisar los esfuerzos de Washington en la extradición a Estados Unidos de los jefes de los carteles de la droga de Colombia y otros países latinoamericanos. Se trata de Michael Abell, un veterano abogado que, después de trabajar 17 años para el Departamento de Justicia, renunció a su cargo en 1984 y se dedicó a representar a los líderes del cartel de Cali.

Más allá de su posible responsabilidad penal, el historial de las intervenciones del abogado en favor de sus clientes ha dejado a muchos asombrados de la capacidad de movilización y arrojo del cartel de Cali en las esferas del poder de Estados Unidos. En los 10 años de servicios a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, el abogado ha intrigado en favor de sus clientes en los pasillos del Congreso, en las oficinas del Departamento de Estado y, por supuesto, en las cortes de Estados Unidos, España y Colombia.

Algunos detalles de la investigación, que por estar en manos del Gran Jurado es todavía secreta, llegaron a manos del prestigioso periodista investigador Jack Anderson y de su compañero de pesquisas Michael Binstein, y la semana pasada salieron a la luz pública en una columna sindicalizada que se publica en The Washington Post y otros periódicos. Varias fuentes le dijeron a Anderson que agentes federales están tratando de recolectar pruebas que les permitan establecer si Abell y otros abogados asesoraron a los clientes de Cali en el lavado de dinero y en cómo eludir investigaciones.

En una decisión que irritó a varios de sus compañeros de trabajo, Abell rindió testimonio como testigo experto en favor de Gilberto Rodriguez Orejuela en 1985, cuando el colombiano se encontraba arrestado en España y encaraba una extradición a Estados Unidos. Sostiene Anderson que, a pesar de que el juez español que tenía a su cargo el proceso rechazó el testimonio del abogado, este ayudó para que regresara a Colombia.

En 1989 el abogado fué de nuevo blanco de las críticas cuando se presentó en una comisión del Senado de su país para promover la adopción de reformas a los acuerdos de asistencia legal mutua entre Estados Unidos y Colombia. Estas pretendidas reformas beneficiarían al cartel de Cali, según dijeron fuentes del Departamento de Justicia a Jack Anderson. "Las enmiendas nunca fueron aceptadas -sostuvo Anderson-, pero Abell se abstuvo de informar a la comisión que el era abogado del cartel en esa época". En vista de que en el Congreso no funcionaron sus servicios, Abell tocó las puertas del Departamento de Estado, pero sus tentativas fracasaron. Anderson sostiene, además, que Abell viajó el año pasado a Bogotá para tratar de negociar el sometimiento a la justicia de 60 narcotraficantes con el fiscal general Gustavo de Greiff.

Cuando al abogado se le pregunta por qué resolvió defender a quienes antes eran sus enemigos, responde que es una decisión que puede tomar cualquier fiscal que sale del gobierno y quiere representar a delincuentes: "No es diferente a representar a cualquier otro acusado. El tiene derecho a una representación legal como cualquiera otra persona. Y como abogado nunca se me ha pedido que haga algo profesionalmente impropio". Eso opina Abell. Falta ver que decide el Gran Jurado de Miami.-