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| 5/24/1999 12:00:00 AM

DE ACUERDO

Gobierno y parlamentarios resuelven presentar un proyecto unificado para mantener algunos <BR>instrumentos de la justicia sin rostro.

La semana pasada el país estaba a la expectativa de uno de los debates más
trascendentales y polémicos de los últimos años en el Congreso: el futuro de la llamada justicia regional
o justicia sin rostro, que tal como está establecida desaparecerá a partir del próximo 30 de junio. El tema
había despertado interés no solo por las divergencias de opinión entre los distintos representantes de las
tres ramas del poder público, sino por la aguda división que se evidenciaba en el gobierno frente al tema.
El ministro de Justicia, Parmenio Cuéllar, estaba de acuerdo con la ponencia de los congresistas Reginaldo
Montes, Hugo Zárrate, Zamir Silva, Luis Humberto Gómez y Jesús Angel Carrizosa, que pretendía
desmontar la justicia sin rostro.
Por su parte el ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, se inclinaba por el proyecto que promovían el
senador Germán Vargas y la representante María Isabel Rueda, que buscaba mantener algunos
instrumentos de excepción para combatir el crimen organizado. El ambiente en torno al debate había
comenzado a calentarse desde hacía tres semanas. Algunos advirtieron presiones de la mafia para
desmontar la justicia sin rostro, otros mencionaron una 'demora perversa' para precipitar la caída de ese
instrumento y el Congreso se convirtió en epicentro de peleas y acusaciones que terminaron por satanizar
el tema. Pero entre el miércoles y el viernes los ponentes de los proyectos, cuyas posiciones parecían
difícilmente conciliables, sorprendieron al país cuando después de reunirse llegaron a un acuerdo para
presentar un solo proyecto de ley que será discutido en las comisiones primeras de Senado y Cámara a
partir del lunes de esta semana.
En definitiva los ponentes estuvieron de acuerdo en que los motivos que originaron la justicia sin rostro no
han cambiado y en que es necesario dotar a la justicia de herramientas excepcionales para atacar a las
organizaciones criminales.
"Lo importante era recuperar instrumentos que fueran útiles para seguir luchando contra la delincuencia
organizada. Ahora esperamos que el Congreso avale ese proyecto de ley con el que el gobierno está
plenamente de acuerdo", dijo a SEMANA el ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez. Al parecer el
acuerdo no sólo permitirá mantener un mecanismo judicial para luchar contra el crimen organizado sino que
evitará traumatismos al terminar la vigencia de la controvertida justicia regional. Una de las principales
preocupaciones del gobierno y de los parlamentarios era, precisamente, que a partir del primero de julio
muchos delincuentes quedarían en libertad por el vencimiento de términos de sus procesos.
El presidente del Tribunal Nacional, Mauricio Quintero, dijo a SEMANA que "lo que se está haciendo es
positivo en la medida en que se está creando un instrumento jurídico alternativo con funcionarios
especializados. Ese sistema es necesario porque las expresiones delincuenciales de empresas
organizadas como el narcotráfico, el paramilitarismo, la rebelión y las organizaciones dedicadas al
secuestro no han desaparecido. Esperamos que ese proyecto que se ha acordado reciba votación
mayoritaria en el Congreso y de esa manera se le permita al Estado tener a la mano reglas
procedimentales adecuadas para neutralizar a la delincuencia organizada".

Justicia regional en el banquillo
Desde que entró en vigencia hace nueve años la justicia regional ha generado una gran polémica acerca de
su funcionamiento y efectividad.
Los que defienden ese mecanismo sostienen que ha sido fundamental para desarticular poderosas
organizaciones criminales y llevar a la cárcel a sus principales jefes. Ese sistema permitió la condena
de Miguel Rodríguez Orejuela a 23 años de prisión, la pena más alta impuesta por narcotráfico en el
país. Al mismo tiempo fue efectiva para revelar los nexos del narcotráfico con la política a través del proceso
8.000, y hoy en día es utilizada para investigar por paramilitarismo y violación de los derechos humanos a
Carlos Castaño y Víctor Carranza.
Este grupo también argumenta que no se puede descalificar la justicia regional por las irregularidades
que se han presentado porque éstas también se manifiestan en la justicia ordinaria.
Los detractores de la justicia sin rostro dicen, por su parte, que el sistema ha sido un fracaso y que se
prestó para cometer graves irregularidades como la clonación de testigos, extralimitaciones y
detenciones injustificadamente largas. También aseguran que se estableció para juzgar a
secuestradores, asesinos y terroristas pero que terminó investigando delitos comunes y de paso violando los
derechos al debido proceso de los acusados.


Asi quedaría el nuevo sistema
El proyecto de ley acordado establece los siguientes puntos:
1.La creación de jueces penales de circuito especializado, que recibirán los procesos que actualmente
conocen los jueces regionales.
2.La creación de un Tribunal Superior Nacional, que conocerá los recursos de apelación en segunda
instancia.
3.La creación de la Sala Penal Especial de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, que
conocerá de los procesos que hoy se encuentran a cargo del Tribunal Nacional.
4.La investigación previa y la instrucción en delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro extorsivo,
lavado de activos y enriquecimiento ilícito se llevará a cabo por un fiscal con reserva de identidad.
5.Los jueces penales de circuito especializado también conocerán los procesos por rebelión, secuestro de
aeronaves y lesiones personales con fines terroristas.
6.Para las etapas de instrucción y juzgamiento se mantienen los términos dobles en comparación con el
procedimiento ordinario. Estos solo podrán doblarse si se están practicando nuevas pruebas.
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