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| 12/18/1995 12:00:00 AM

¿DE GREIFF A JUICIO?

Las autoridades de E.U. están contemplando la posibilidad de acusar al ex fiscal Gustavo de Greiff por supuesta obstrucción a la justicia norteamericana en el caso de 'La Quica'. ¿Qué tan injusto sería esto? ¿Cómo afectaría las relaciones entre los dos pa

EN POLITICA MUCHAS VECES SE SUBE COMO palma y se baja como coco. Pero en pocos casos esta máxima ha sido más válida que en el de Gustavo de Greiff, quien hace apenas unos dos años representaba en el país lo que Alfonso Valdivieso es hoy: el símbolo por excelencia de la lucha contra la corrupción. A donde llegaba lo aplaudían, sus declaraciones eran elogiadas sin excepción, su nombre figuraba como presidenciable en las encuestas, los medios lo consideraban el hombre del año, y así sucesivamente.
Hoy la gestión de De Greiff a la cabeza de la Fiscalía es sinónimo de controversia y en algunos sectores es asociada con la impunidad frente al narcotráfico. Comparado con Alfonso Valdivieso, el ex fiscal es percibido como un hombre blando. Y como si esto fuera poco, ha sido objeto de denuncias y chismes sobre negocios en el pasado con personas de dudosa reputación.
Todo este proceso desgastador y doloroso ha sido asimilado por De Greiff con una cierta actitud filosófica sobre la vida, y en particular sobre la vida política. El ex fiscal sostiene que nunca se consideró un hombre con ambiciones políticas sino un hombre con vocación de servicio político, y por ser un individuo con carácter, le da más peso a sus convicciones que a las opiniones de terceros. Quienes lo conocen afirman que gracias a lo anterior ha podido soportar la andanada de críticas y cuestionamientos que han llegado sin cesar hasta su residencia en la embajada colombiana en Ciudad de México.
Ahora, sin embargo, su situación parece estar en camino de complicarse de manera considerable. Las autoridades judiciales de Estados Unidos están contemplando seriamente la posibilidad no sólo de quitarle su visa para visitar ese país -al que viaja desde hace muchos años con bastante frecuencia pues su familia posee allá algunas propiedades-, sino de algo mucho más delicado: acusarlo formalmente ante un juez por el supuesto delito de obstrucción a la justicia norteamericana, por su papel en un juicio realizado el año pasado en Nueva York en contra de Dan Denys Muñoz Mosquera, alias 'La Quica', por la voladura del avión de Avianca en diciembre de 1989.
El solo chisme sobre la posible acusación, que se ha venido ventilando en las últimas semanas en algunos círculos sociales de Bogotá, ha despertado una ola de sorpresa e indignación. Ni siquiera quienes han sido críticos del papel desempeñado por De Greiff en sus dos años y medio como Fiscal General de la Nación consideran que sea justo proceder en su contra de este modo pues, para ellos, los problemas del ex fiscal estuvieron siempre asociados a diferencias conceptuales y hasta errores de criterio, pero jamás a nada que pueda estar contemplado en los códigos penales. Sin embargo el peligro de la acusación está ahí y para algunos altos funcionarios norteamericanos consultados por SEMANA es "algo inminente".

LA CARTA
Como se recuerda, en abril de 1994 'La Quica' estaba siendo juzgado en una corte de Nueva York, acusado de haber sido el autor de la voladura del avión de Avianca sobre los cielos de la sabana de Bogotá en diciembre de 1989, en el que murieron 110 personas. Como entre las víctimas había dos ciudadanos norteamericanos, las autoridades de Estados Unidos podían juzgar a 'La Quica' en ese país a pesar de que el delito fue cometido en Colombia. El juicio contra 'La Quica' fue inicialmente anulado porque el jurado nunca logró un acuerdo sobre su culpabilidad o inocencia, pero en un segundo juicio los fiscales fueron más contundentes y en mayo de 1995 consiguieron una condena en contra del narcoterrorista a cadena perpetua más 55 años.
A principios de abril de 1994, cuando el juicio apenas comenzaba, De Greiff envió al juez Sterling Johnson, quien tenía a su cargo el caso, una carta a solicitud de los abogados de la defensa, en la cual le informaba que otro miembro del ala militar del cartel de Medellín, Carlos Mario Alzate Urquijo, alias 'El Arete', había confesado a la Fiscalía colombiana la autoría de ese crimen, y que en su declaración nunca había implicado a 'La Quica'. "Este individuo -decía De Greiff sobre 'El Arete'- ni en su confesión ni en sus declaraciones ha implicado a Dan Denys Muñoz Mosquera". Y más adelante agregaba: "Consideré necesario informarle de dicha situación para impedir la posibilidad de que se cometa una injusticia en el caso sometido a su consideración".
La carta de De Greiff al juez Johnson enfureció a las autoridades judiciales en Washington por varios motivos. Para empezar, porque según la vicefiscal de Estados Unidos, Mary Lee Warren, quien envió al respecto una extensa nota de protesta, De Greiff les había informado en privado semanas antes de enviar la carta que él sospechaba de 'La Quica' en ese caso y que se trataba de un individuo "demasiado peligroso para ser manejado por el incipiente sistema judicial colombiano". Según la funcionaria, la Fiscalía de Estados Unidos "había trabajado por más de dos años en la construcción de un caso sólido en contra de Muñoz Mosquera, a petición de funcionarios del gobierno colombiano" antes de recibir la carta de De Greiff.
Otro motivo de indignación fue que De Greiff no incluyó en su misiva detalle alguno sobre la confesión de 'El Arete', y su declaración posterior de que no aportaba esos detalles porque la investigación contra el narcoterrorista en Colombia estaba sujeta a la reserva sumarial. La vicefiscal Warren aseguró además que De Greiff había omitido mencionar que 'La Quica' estaba siendo procesado por la fiscalía regional de Medellín por otros actos terroristas, y que dicha omisión podía ser considerada como delictuosa, pues el Fiscal General en su carta sólo había mencionado aquello que favorecía a 'La Quica' -es decir, la confesión de 'El Arete'- y no lo que podía perjudicarlo. De Greiff se defendió alegando que su preocupación central era la de que se fuera a cometer una injusticia en contra de 'La Quica' y que su obligación era la de poner en conocimiento del juez Johnson que alguien había confesado el delito que él estaba juzgando.
Pero es evidente que las autoridades judiciales de Estados Unidos valoran lo sucedido de manera diferente y creen poder construir una acusación contra De Greiff que apuntaría a la comisión de tres delitos: uno, que sería el principal, por obstrucción a la justicia, pues según la Fiscalía de Estados Unidos la carta perjudicó el desarrollo del juicio y confundió al jurado; el segundo, por supuesta falsedad en documento público, ya que según las autoridades norteamericanas el mensaje de De Greiff al juez Johnson contenía una información judicial errónea y omitía otras reales y pertinentes; y un tercer cargo por conspiración -el equivalente a lo que en Colombia se conoce como concierto para delinquir- pues la Fiscalía de Estados Unidos estaría pensando en demostrar que De Greiff hizo todo esto a conciencia, actuando como una especie de cómplice de 'La Quica', lo cual lo convertiría en un conspirador en contra del gobierno norteamericano, un cargo que es sancionado por la justicia de ese país de manera más severa que el tráfica de cocaína.
No deja de sorprender que de una carta de escasas 20 líneas enviada por De Greiff al juez Johnson, las autoridades judiciales de Estados Unidos puedan sacar tantas interpretaciones y derivar tantas consecuencias jurídicas. ¿Cómo pudo todo este lío haber llegado tan lejos? Es cierto que hoy, año y medio después de la carta, nadie duda de que 'La Quica' es el responsable del espantoso crimen. La explicación a la confesión de 'El Arete' es, según fuentes judiciales consultadas por SEMANA, muy sencilla: como en Colombia las penas no se acumulan, para 'El Arete', que en ese entonces había confesado ya varios delitos que lo tenían al borde de la máxima pena, confesar uno más, por horrendo que hubiera sido, no cambiaba su situación ni significaba ' pasar un solo día adicional en prisión, y en cambio le permitía darle una mano a su viejo amigo de fechorías, 'La Quica', quien se exponía a una cadena perpetua o a la pena de muerte en Estados Unidos. "En aquellos días -explicó un ex funcionario de la Fiscalía de esa época- los distintos narcoterroristas de Medellín hacían muchos arreglos de ese tipo para acomodar sus penas de la manera más favorable".
Pero aun teniendo en cuenta lo anterior, es difícil convertir en culpable o cómplice a De Greiff de una avivatada que trataron de montar dos narcoterroristas amigos. Como el mismo ex fiscal ha explicado, independientemente de su validez o motivación, la confesión de un crimen es un hecho judicial que debe ser conocido por el juez que investiga dicho crimen. Para él, lo verdaderamente delictivo habría sido no reportar la confesión de un delito cuando otra persona distinta a quien lo confesó estaba en peligro de ser ejecutada por ese delito. Aunque es evidente que el envío de su carta le trajo problemas a la Fiscalía de Estados Unidos, enredó el juicio -que fue necesario repetir- y en un principio ayudó a 'La Quica', resulta traído de los cabellos convertir esa actuación en un asunto criminal. Es posible que el ex fiscal se haya equivocado y valorado erradamente lo que podía haber detrás de la jugada de los dos narcoterroristas, pero de ahí a acusarlo de haber actuado como un cómplice consciente de 'La Quica' hay mucho trecho.
¿Cómo puede entonces explicarse que la Fiscalía de Estados Unidos haya llegado tan lejos y esté ahora a punto de acusar a De Greiff? La respuesta a este interrogante es que las autoridades norteamericanas no limitan su análisis al caso de 'La Quica', sino que han resuelto valorar de manera negativa negocios que De Greiff tuvo años antes de ser Fiscal con personas que luego fueron acusadas por narcotráfico. Esos antecedentes, vistos por la Fiscalía de Estados Unidos como indicios de una supuesta vinculación de vieja data entre De Greiff y algunos supuestos narcotraficantes, también explicarían, para Estados Unidos, la controvertida negociación entre De Greiff y el cartel de Cali, con miras a un sometimiento masivo de narcotraficantes del Valle del Cauca en el primer semestre de 1994.

LOS NEGOCIOS
Los negocios del ex fiscal que las autoridades norteamericanas han investigado ya han sido mencionados en Colombia. Se trata de dos casos: el primero, el que más ha sido divulgado en el país, es el de la participación accionaria de De Greiff en una empresa llamada Aerolíneas Eldorado, de la que también fueron socios Alberto Giraldo y Gilberto Rodríguez Orejuela; y el segundo, cuyos detalles son menos conocidos en Colombia, es el de una sociedad minera de De Greiff con Joaquín Builes, quien estuvo preso hace un par de años por narcotráfico y entonces era pedido en extradición por Estados Unidos.
El caso de Aerolíneas Eldorado fue divulgado por El Espectador hace un par de meses. El diario bogotano publicó una escritura de septiembre de 1980, que aparecía firmada por De Greiff, Gilberto Rodríguez, Giraldo y otros socios. Este documento registraba la venta de la aerolínea y daba la impresión que De Greiff y otro socio le habían vendido sus cuotas en la compañía a Rodríguez Orejuela. De Greiff ha explicado que en realidad él le vendió sus cuotas en la sociedad al capitán Guillermo Bernal Rubio y que éste, a su vez, fue quien se las vendió a Rodríguez, quien a su vez cedió parte de su participación a Giraldo.
Aunque la opinión pública se sorprendió en un principio al ver la firma del ex fiscal al lado de la de Gilberto Rodríguez y Alberto Giraldo en una escritura pública, el hecho de que el negocio se hubiera realizado en 1980, cuando todavía el país no sabía que existían carteles de la droga y mucho menos quiénes los encabezaban, mitigó el inicial efecto negativo de la información. El Espectador cuestionó sin embargo el hecho de que, teniendo en cuenta el negocio de 1980, De Greiff no se hubiera declarado impedido como Fiscal para manejar asuntos relacionados con el cartel de Cali, algo que al parecer se explica de manera muy sencilla: habían pasado casi 15 años y de Greiff no recordaba el asunto.
El caso de Joaquín Builes es un poco más enredado y se destapó en el propio juicio en contra de 'La Quica'. Durante las audiencias presididas por el juez Johnson se presentaron dos testigos cuyas declaraciones van a ser utilizadas ahora por la Fiscalía norteamericana en contra del entonces Fiscal General colombiano, pues apuntan hacia que De Greiff no sólo tuvo negocios con Builes, sino a que éste lo chantajeó en momentos en que estaba preso y De Greiff ocupaba el cargo de Fiscal.
El primer testigo fue una mujer de nombre Victoria Uribe, quien se identificó como coleccionista de arte colombiano. La mujer aseguró haber escuchado alguna vez en Medellín a 'La Quica' alardear de su participación en la voladura del avión de Avianca. Pero su testimonio no paró ahí. De hecho, los fiscales del caso no la habían llevado a la audiencia sólo para hablar en contra de 'La Quica', sino también en contra de De Greiff, cuya carta en favor de Muñoz Mosquera necesitaban desvirtuar a toda costa. Según un artículo de principios de este mes publicado por el diario The Miami Herald, la señora Uribe narró ante el jurado que un amigo suyo de nombre Joaquín Builes, que en ese entonces -mediados de 1993- estaba detenido por la Fiscalía colombiana, le había pedido a ella que buscara una cita con De Greiff para llevarle un mensaje suyo.
Builes le habría pedido a la testigo que le mostrara a De Greiff una escritura en la cual el Fiscal y él aparecían como socios de una compañía minera. Según la señora Uribe, De Greiff se molestó mucho al ver el documento que le mandaba Builes. Ella aseguró en el juicio que le preguntó al entonces Fiscal si le mandaba algún mensaje de respuesta a Builes y que De Greiff le respondió: "Si, hablaré con él Muchas gracias". La testigo dijo además que De Greiff visitó después a Builes y que según el relato que el detenido le hizo a ella de esa charla, Builes le habría dicho al Fiscal que estaba dispuesto a quedarse callado y ocultar el viejo negocio si De Greiff lo sacaba de la cárcel. Según The Miami Herald, Builes quedó libre a fines de ese año. El periódico aseguró además que en el juicio, un segundo testigo de nombre Carlos Botero, supuesto ex lugarteniente del cartel de Medellín, corroboró parte del testimonio de la señora Uribe. Según Botero, él compartió celda con Builes en Bogotá y en esos días lo escuchó hablar del chantaje que le estaba haciendo a De Greiff.
El ex fiscal le envió hace dos semanas una enérgica carta al periódico, en la cual aceptó hacer sido socio, con cerca de 10 accionistas más, de la sociedad minera, pero negó la reunión con la señora Uribe y la visita a Builes en prisión. Aclaró que la Fiscalía presidida por él había acusado a Builes, éste había sido condenado por un juez regional de Bogotá y luego había quedado en libertad condicional -por decisión del juez, no de la Fiscalía- en junio de 1993.
Esta explicación es jurídicamente válida, pero tal vez más convincente es un argumento de lógica que De Greiff agrega: haber sido socio de alguien hace 20 años en negocios lícitos no es un secreto para que alguien pueda ser chantajeado por cuenta de un socio que se volvió narcotraficante mucho después. La justicia norteamericana, sin embargo, le ha dado a este episodio una interpretación de antecedente importante.

INJUSTICIA
Por todo lo anterior, el gobierno de Estados Unidos está a punto de iniciar un proceso penal contra Gustavo de Greiff. El viernes pasado el embajador de Colombia en Washington, Carlos Lleras de la Fuente, solicitó una cita al subsecretario de narcóticos, Robert Gelbard, con el objeto de obtener una respuesta oficial sobre estos rumores. Gelbard confirmó que se iba a abrir una investigación en el Departamento de Justicia sobre el asunto y que con base en los resultados de ésta se decidirían las siguientes etapas.
Estados Unidos valora tanto el asunto que de manera reservada ha informado al gobierno mexicano sobre sus intenciones en contra de De Greiff, quien actualmente es embajador de Colombia en Ciudad de México. La conclusión es que la cosa contra De Greiff va en serio y por esa razón las autoridades colombianas y los medios de comunicación deberán tomar cartas en este asunto, pues constituiría una enorme injusticia y un precedente peligrosísimo que el caso desembocara en un juicio, aunque hay que reconocer que existe una serie de coincidencias en los antecedentes analizados por los norteamericanos que a primera vista tienen mala presentación.
Pero no existe nada en la hoja de vida de Gustavo De Greiff que permita poner en tela de juicio su integridad personal. Analizadas cuidadosamente sus supuestas vinculaciones comerciales con el narcotráfico, carecen de toda trascendencia. Ninguna de las sociedades cumplió su objeto social. Por lo tanto tuvieron que ser canceladas. Ambas tenían alrededor de una docena de socios y nadie puede responder por la trayectoria de cada una de esas personas en los años posteriores a la liquidación de una sociedad. Los dos negocios datan de más de 15 años y en ambos había otros socios de altísima respetabilidad a quienes nadie les está imputando nada hoy.
Lo otro que le indilga Estados Unidos a De Greiff son las negociaciones con el cartel de Cali. ¿Cuál es la verdadera historia detrás de esto? Es de conocimiento público que tuvo lugar un enfrentamiento entre el entonces fiscal y el entonces presidente César Gaviria sobre el tratamiento que se debería dar al cartel de Cali. De Greiff ha manifestado públicamente que cree que la única solución a largo plazo es la legalización de los estupefacientes. No cree que la represión haya dado los resultados esperados y es gran partidario del sometimiento a la justicia instaurado por César Gaviria.
Por todo esto De Greiff se embarcó en un proceso de negociación cuya meta era la entrega masiva del cartel de Cali. Su filosofía detrás de este arreglo era que si los narcotraficantes suministraban información que permitiera desmontar el negocio en forma efectiva podía otorgárseles penas reducidas. El entonces presidente Gaviria y su ministro de Justicia, Andrés González, se opusieron a esta entrega por considerarla demasiada 'blanda'. Calificaron a De Greiff de ingenuo y de mesiánico por comprometerse con un proyecto utópico basado en la palabra de unos narcotraficantes, que en asuntos como el prometido desmonte del negocio, iba a ser absolutamente imposible de verificar.
De Greiff a su turno acusó a Gaviria de estar afectado por el 'síndrome de la Catedral' y de estar haciéndose el de la línea dura con Estados Unidos para que lo apoyaran en su aspiración de ser secretario de la OEA. Esta última acusación puede no ser válida si se tiene en cuenta que las disputas entre De Greiff y Gaviria comenzaron meses antes de que el presidente pensara en su elección a la OEA.
Independientemente de cuál de los bandos tenía la razón, no hay duda de que De Greiff estaba actuando en todo momento con base en sus convicciones personales. Su opinión puede ser hoy valorada como ingenua y hasta equivocada, aunque hay importantes sectores de opinión que la siguen defendiendo. Estados Unidos, obviamente, no compartía sus posiciones, pero es muy preocupante que una diferencia conceptual como ésta vaya ahora a traducirse en un proceso penal. Sobre todo que esto suceda en un país como Estados Unidos, cuyo sistema político se ha basado en el respeto al pluralismo.
Pero tal vez lo más grave es que se abra camino el precedente de que la gestión de los funcionarios de un país soberano tenga que ser del agrado de Estados Unidos. Cualquier gestión, y sobre todo la administración de justicia, tiene facultades discrecionales que deben ser respetadas. Un fiscal tiene que tomar docenas de decisiones diarias que obviamente dejan insatisfechos a muchos. Un ejemplo de ello es el actual caso en el que la Fiscalía le otorgó la casa por cárcel a Santiago Medina. Lo importante no es que las decisiones judiciales gusten, sino que se ajusten a la ley. Todas las determinaciones jurídicas tomadas por Gustavo de Greiff, incluso si fueron objeto de controversia, se ajustaron a la ley colombiana. Y sería simple y llanamente un esperpento que estas decisiones pudieran ser objeto de revisión judicial por parte de un tercer país y bajo otra legislación.

LA CARTA DEL ESCANDALO
ESTE ES EL texto de la carta de De Greiff al juez Johnson, que indignó a las autoridades norteamericanas:
Honorable juez Sterling Johnson:
Le escribo esta carta en respuesta a las reuniones que tuve con el abogado Joseph A. Bondy, quien afirmó que la firma de abogados de Richard Jasper representa al señor Dandenys Muñoz Mosquera.
Tengo entendido, según el Sr. Bondy, que Ud. es el juez que preside el juicio del Sr. Muñoz Mosquera por su papel, entre otras cosas, en el trágico atentado del vuelo 203 de Avianca.
Su señoria, en la República de Colombia, mi oficina tiene detenido actualmente a un individuo, el señor Carlos Mario Alzate Urquijo, por su participación en el atentado anteriormente mencionando, entre otros crímenes. Este individuo no ha implicado, ni en su confesión, ni en sus declaraciones, al hombre que aparecerá ante su despacho en el curso de este mes, Dandenys Muñoz Mosquera.
Desafortunadamente, la confesión del Sr. Alzate Urquijo, alias Arete, por el atentado al vuelo 203 de Avianca está sellada bajo la ley colombiana, durante esta etapa del proceso que se adelanta contra él y no puede ser enviada a Ud. para su revisión.
Además no tenemos ninguna otra evidencia que vincule al Sr. Muñoz Mosquera a ese atentado.
Tan pronto como podamos suministrarle la evidencia que tenemos sobre este asunto, procederemos a hacerlo.
Consideré que era necesario informarle de la situación anteriormente mencionada con el fin de evitar que se cometa una posible injusticia en el caso bajo su consideración.
Atentamente, Gustavo De Greiff Fiscal General de la República de Colombia.
cc. Richard Jasper.
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