Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1983/06/13 00:00

DE LA INDUSTRIA DEL SECUESTRO A LA INDUSTRIA DE LA DELACION

El proyecto de la reforma penal empieza a levantar ampolla

DE LA INDUSTRIA DEL SECUESTRO A LA INDUSTRIA DE LA DELACION


Una de las críticas que se le han hecho al gobierno de Belisario Betancur es la de no haberse dotado con anticipación de los mecanismos legales y militares que permitieran enfrentar debidamente las consecuencias que previsiblemente se desprenderían de la amnistía. Se decía que una vez levantado el Estado de Sitio, y liberados antiguos combatientes guerrilleros de las cárceles, el país quedaría desarmado ante una nueva escalada de violencia. Esta efectivamente se dio, no sólo por parte de los grupos armados sino también, y en forma nunca antes vista, por parte de la más burda delincuencia común.

El ministro de Justicia ha elaborado un proyecto de reforma al Código Penal y al de Procedimiento Penal, que será propuesto esta semana ante el Congreso, y que de ser aprobado, implicaría un profundo remezón en la actual legislación del país.

Después de la ley de amnistía, el tema más polémico será probablemente esta propuesta, que es defendida por el ministro Gaitán Mahecha como la herramienta que podría evitar la recaída en el Estado de Sitio, mientras que algunos sectores lo empiezan a atacar por considerarlo mucho más regresivo que el Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay Ayala. En principio, se trataría de una reglamentación para erradicar drásticamente el secuestro y la extorsión, dotando a la justicia civil de amplias facultades y recursos que le permitan operar contra los criminales.

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es el referente a la delación remunerada. Quien entregue a un delincuente, o facilite su captura, será recompensado con dinero del Estado, y será virtualmente indultado en caso de estar implicado en el delito. Según el ministro Gaitán Mahecha, quien fue consultado por SEMANA, este es un metodo que ha sido utilizado en Italia y otros países con magníficos resultados, porque permite "penetrar en la invulnerable clandestinidad que el hampa logra mediante la amenaza y el chantaje a los cómplices". Según esta posición, se trataría de un mecanismo lógico en una sociedad atormentada por la delincuencia y por el secuestro. Sería, según esto, simplemente una manera de vencer el miedo de la ciudadanía, que no informa por temor a las represalias.

A pesar del optimismo del ministro, otros observadores no creen que el problema sea tan fácil. Consideran que este mecanismo puede sustituir, la "industria del secuestro" por otra nueva, la industria de la delación y que la consecuencia sería la proliferación, al mejor estilo del Far-West, de los "cazadores de hombres" como método de subsistencia. Un caso aleccionador de la dinámica incontrolable que podría tomar esta medida, se vió la semana pasada en el Caquetá, donde el Ejército distribuyó volantes ofreciendo una recompensa de $ 200.000 a quien entregue, "vivo o muerto", a Jairo Capera Díaz, el dirigente del M-19 que asesinara a sangre fría y en presencia de periodistas a dos soldados infiltrados en sus filas. Independientemente de la atrocidad de la conducta de Capera, con llamados del tipo descrito lo que se estaría haciendo sería, ni más ni menos, que establecer de hecho la pena de muerte a manos de los particulares.

Otra de las críticas consistiría en que el proyecto le adjudica al Ejército facultades propias de la Policía, como la captura y detención de cualquiera que haya cometido extorsión o secuestro. Según Enrique Parejo González, ponente del proyecto, esta facultad es peligrosa y viola la Constitución, la cual establece que nadie puede ser privado de libertad sino en virtud de una orden escrita, con excepción de casos de flagrancia, o sea cuando se encuentra al delincuente "con las manos en la masa". Añade que el proyecto se presta para que se detenga a las personas sobre la base de meros indicios. A esto, Humberto Criales de la Rosa añade el peligro de llegar a un ejército-policía, que podría incurrir en la tortura como medio de obtener confesiones, práctica de la que ha sido acusada la justicia penal militar. Según el ministro, esta crítica quedaría desvirtuada si se piensa la situación en términos pragmáticos: no tiene lógica que la autoridad militar, si se topa con una persona requerida por la ley, tenga que dejarla escapar por no tener boleta de captura. Sería un formalismo estéril que sólo contribuiría a la impunidad. Descartó el peligro de la tortura, argumentando que la ley aclara que el detenido debe ser puesto "inmediatamente" a disposición de la autoridad civil competente. Al no haber Estado de Sitio, los militares no juzgan dice Gaitán Mahecha; con esta nueva atribución de detener, simplemente se haría más efectiva su contribución a eliminar, por ejemplo, la extorsión, verdadero flagelo de las zonas rurales y que ahora empieza a generalizarse también en las ciudades.

El proyecto del ministro establece que el juez que investiga el proceso, será el mismo que juzgue y falle. Esto ha sido duramente criticado, pues tradicionalmente se ha considerado que quien instruye indefectiblemente se compromete con el caso, en perjuicio de su imparcialidad. Ante esto, el ministro afirma que la mayoría de ocupantes de las cárceles del país permanecen allí sin haber sido juzgados, a simple título de detención preventiva, a consecuencia de la fatiga y las muchas horas de trabajo que para un juez implica sentarse frente a un mamotrético expediente que le presenta el colega que hizo la investigación previa. La nueva medida tan sólo agilizaría lo que es uno de los mecanismos burocráticos que más entorpecen el funcionamiento de la justicia civil y que ha llevado a los peores atropellos. Con esta ley, saldrían automáticamente 1.100 detenidos de las cárceles.

El temor más extendido es que de ser aprobada, esta ley, que en teoría se limita a los delitos de secuestro, extorsión, terrorismo y conexos, se pueda convertir en la práctica en un instrumento para reprimir la acción reivindicativa de los sindicatos, la actividad de los partidos legales de oposición, o las movilizaciones, convirtiéndose así en un temible instrumento en contra de la democracia, consagrado de manera permanente como ley de la República. El ministro opina que, por el contrario, su proyecto, al fortalecer y agilizar la justicia ordinaria, no sólo es el único remedio para acabar con el secuestro y la extorsión, sino que además cumplirá con el papel histórico clave de desterrar para siempre de la mentalidad de los colombianos la panacea del Estado de Sitio y de la justicia penal militar como únicos remedios contra la inseguridad.

Las críticas que se han hecho hasta ahora, aunque han sido a sotto voce, han surtido efecto. Por ejemplo, se retiró del proyecto el artículo que declaraba inapelables el auto de detención, con lo cual se menoscababa el derecho de defensa. Además se aclaró el punto del cambio de apoderado, que según el proyecto inicial parecía ser un derecho que se perdía. Dijo el ministro a SEMANA que tal renovación de apoderado no se negaba, y que la confusión provenía de la pretensión del proyecto de que el abogado reconocido como tal en la diligencia de indagatoria pudiera seguir actuando sin mayores trámites burocráticos.

El debate queda abierto, y seguramente ocupará a la opinión pública durante un buen tiempo.-

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