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| 1/19/1987 12:00:00 AM

¡DE PIE!

Después del asesinato de Guillermo Cano, el país no puede seguir siendo el mismo.

¡DE PIE! ¡DE PIE!
El domingo 14 en la tarde, cuando se anunció que el presidente Virgilio Barco había sancionado la ley 27, que en 1980 había aprobado el Tratado de Extradición con los Estados Unidos y que 48 horas antes, había sido declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia, se desencadenó un gran debate jurídico y político. Jurídico, pues gran cantidad de abogados aseguraba que la decisión del Primer Mandatario era inconstitucional y esgrimía media docena de argumentos que supuestamente lo demostraba. Para estos, la ley de extradición se había caído con la decisión tomada por la Corte el viernes 12 y la medida presidencial apenas lograba demorar un poco más el derrumbe definitivo del Tratado. Para otros sin embargo, el problema no estaba en el plano jurídico. Consideraban que la decisión del Presidente había sido fundamentalmente política y alababan no sólo su valentía, sino su celeridad. Pero más allá de todas estas discusiones, la gran mayoría de los colombianos sentía la inminencia de una guerra.
Sin embargo, nadie creyó en ese momento que la primera víctima de esta guerra, fuera a caer tan pronto. Tres días después, el miércoles a las 7 y 10 minutos de la noche, dos sicarios de la moto ejecutaron la orden de asesinar al director del diario El Espectador, Guillermo Cano Isaza. Cuando esta estremecedora noticia se dio a conocer, fueron muchos los que pensaron que, para el narcotráfico, esta era una víctima ideal.
El periódico que Cano dirigía, jamás ahorró editorial contra el narcotráfico. Pero más aún, el propio director escribía todos los domingos una columna llamada "Libreta de apuntes", donde con su firma, periódicamente fustigaba a los narcotraficantes, no sólo señalándolos con nombre propio, sino exigiendo para ellos todo el peso represivo de la ley y del Estado. Y como si fuera poco, la indefensión de Guillermo Cano hacía que su asesinato pudiera cometerse sin ninguna complicación.

SIN ESCOLTA NI CHOFER
Este fue el detalle que más impresionó a las últimas personas que entrevistaron al director de El Espectador, la noche antes de su muerte: los periodistas Cecilia Orozco y Amílkar Hernández. Por encargo del CPB, ellos venían preparando un programa especial con los más connotados periodistas del país sobre un tema que resultaba premonitorio: la presión que el narcotráfico ejerce en Colombia sobre el derecho de opinión. Cuando Cecilia y Amílkar terminaron la entrevista con Cano, lo acompañaron a tomar su automóvil en el parqueadero de El Espectador, y al ver que lo abordaba solo, Cecilia le comentó a Amílkar: "Mire como anda este señor, sin escolta ni chofer. ¿No le parece muy peligroso?".
Exactamente de la misma forma, sin escolta y sin chofer, habría de salir por esa misma puerta, 24 horas después, cuando ya los dos sicarios de la moto lo esperaban, al otro lado del separador de la avenida 68. Al hombre de baja estatura, de unos 27 años, vestido de blue jeans y chaqueta negra, que conducía la moto; y a su compañero alto y delgado, de jeans chaqueta azul, bufanda y cachucha roja, que llevaba un estuche semejante a los utilizados para guardar violines, las cosas les resultaron muy fáciles. Una sola ráfaga bastó para herir de muerte a la víctima. Salvo por un celador del periódico, que alcanzó a disparar su arma tardíamente, nadie reaccionó con prontitud. El hombre que disparó, tuvo tiempo de regresar a la moto, donde su compañero lo esperaba para escapar por la avenida 68 hacia el norte.
El Subaru de Cano, de placas AG5000, fue a estrellarse contra un poste cercano. Una señora que esperaba bus en la esquina, se acercó de inmediato al automóvil y, según relató horas después a la prensa, "le tomé el pulso y él alcanzó a levantar la cabeza, pero de inmediato volvió a quedar inconsciente". Mientras tanto, algunos empleados del periódico que se habían asomado a la entrada, ya estaban gritando: "Es don Guillermo, es don Guillermo".
Elkin Hernández, redactor de El Espectador y uno de los primeros en llegar al sitio, relató a El Tiempo: "Cuando yo llegué hasta ahí, hasta donde estaba la camioneta Subaru, ví que don Guillermo trataba de incorporarse. El se movía como si intentara salir del carro. Llevaba un vestido azul oscuro a rayas, y una camisa azul, y entre el carro tenía unos paquetes y unos documentos. Tenía la cabeza contra el asiento derecho y las manos como cruzadas. Estaba sangrando y la gente gritaba que si alguien sabía manejar, que cogiera el carro y que lo llevara rápido a una clínica".
Al lugar se acercaron velozmente después, el redactor económico Héctor Mario Rodríguez, junto con otros empleados del diario. Entre todos lo sacaron del Subaru, y lo trasladaron a un Renault 4 azul, en el cual lo llevaron a la clínica de la Caja Nacional de Previsión, en el CAN.
Según un comunicado del servicio de urgencias de este centro asistencial, "a las 19 y 40 horas, fue conducido a este servicio el distinguido periodista Guillermo Cano Isaza, director del diario El Espectador, en condición clínica de paro cardio respiratorio secundario, debido a múltiples heridas de proyectiles de arma de fuego. Inmediatamente, se procedió a prestarle toda la atención médica y paramédica indispensable para estos casos, y a pesar de los esfuerzos realizados, no fue posible rescatarlo de lesiones que definitivamente eran esencialmente mortales".

LA RABIA Y LAS REACCIONES
A las 7 y 23, se produjo el primer flash de la radio, cuando todavía Cano se encontraba con vida. En el Palacio de Nariño mientras tanto, el presidente Barco y su esposa recibían a los primeros invitados a una cena con empresarios y dirigentes políticos. Un edecán del Primer Mandatario interrumpió los saludos para informar a Barco del atentado. "Manténganme informado", pidió el Presidente. Y así fue. Poco antes de las ocho se le comunicó el fatal desenlace. E inmediatamente, como todos los gobiernos en circunstancias similares, el Presidente convocó a un consejo extraordinario de ministros.
A la misma hora, en Cajanal, comenzaban a hacerse presentes las primeras personalidades, que se mezclaban con la familia Cano y con empleados del periódico en un ambiente de estupor y de indignación. Hasta allí se acercó el ministro de Defensa general Rafael Samudio, quien, al ser abordado por un enjambre de periodistas, respondió enérgicamente: "Esta no es hora de dar declaraciones. Tengo que ponerme ya a trabajar. Debo ir al comando a dar instrucciones".
Una de las muestras más crudas del sentimiento que embargaba en esos momentos a los colombianos, la protagonizó uno de los hombres más duros e inconmovibles de la radio colombiana: Yamid Amat. A lágrima viva, y con la voz entrecortada entrevistó al aire al ex presidente Carlos Lleras Restrepo, quien evidentemente golpeado dirigió a los colombianos uno de los más crudos diagnósticos sobre los hechos: "Con el asesinato de Guillermo Cano, estamos teniendo la máxima prueba de que el narcotráfico no vacila en llegar a los mayores extremos. Ante esta actitud desafiante, el país debe reaccionar de manera vigorosa. Guillermo Cano ha sido víctima de su valor civil en defensa del bien común y de la República".
Con palabras más breves, pero igualmente contundentes, el ex candidato presidencial Alvaro Gómez afirmó indignado: "El país jamás volverá a ser el mismo después del asesinato de Guillermo Cano".
El ex presidente Alberto Lleras Camargo, eludiendo las consabidas frases de cajón, dijo que "dentro del desconcierto y la angustia nacional por tan horrendo crimen no quisiera -ni aun para aclarar mi espíritu abrumado por esta situación-, hacer declaraciones que contribuyan a calmar la conmoción nacional por la tragedia".
Y en realidad, nadie estaba en la tónica de calmar la conmoción nacional. Ciudadanos comunes y corrientes comenzaron a llamar a las emisoras de radio para expresar, ellos también, su voz de protesta, y proponer, incluso, formas concretas de rechazo. Se escuchó en una emisora, la voz angustiada de una señora que proponía que en todos los hogares del país se izara la bandera a media asta. Un señor propuso que todas las antenas de los carros llevaran cintas negras. Y un tercer oyente sugirió que todos los colombianos vistieran por lo menos una prenda negra en su indumentaria al día siguiente.
En la mañana del jueves, el país, efectivamente, amaneció de luto. Y si la labor de los periodistas había sido difícil la noche anterior, ahora lo era mucho más, por cuanto la gran mayoria se sentía más protagonista que informador de la tragedia. Sus preguntas a los personajes, iban cargadas con un sentimiento inocultable de dolor.
Una de las personalidades nacionales que más declaraciones se vio obligada a dar, fue el director de El Tiempo, Hernando Santos Castillo, quien además de homólogo de la víctima, era uno de sus mejores amigos. Según pudo establecer SEMANA con fuentes de El Tiempo y El Espectador, a ambos diarios se hicieron la noche del crimen y la mañana siguiente, innumerables llamadas en las que se anunciaba que la próxima víctima sería Hernando Santos. Por eso, las declaraciones que el director de El Tiempo entregó a los distintos medios de comunicación, en las que enérgicamente pidió la pena de muerte para los narcotraficantes, fueron recibidas por la opinión pública, como un acto de gran valor.
Por su parte, el ex presidente López propuso que como medida concreta del gobierno, se adoptara como prioridad, por encima de todas las demás necesidades del país, un estatuto antiterrorista, haciendo clara referencia a que la lucha contra el narcotráfico debería convertirse en la primera preocupación nacional.

Esa misma mañana en las instalaciones del diario El Espectador y luego en los Jardínes del Recuerdo se hizo presente medio país para expresar su solidaridad. Entre los asistentes -la plana mayor del Ejército y del gobierno, ex presidentes, políticos, empresarios y el grueso del periodismo nacional-, se respiraba un ambiente que podría ser calificado con media docena de sustantivos. Había indignación, tristeza, desconcierto y, claro, mucho miedo. Pero sobre todo, como lo expresó el ex canciller Carlos Lemos, "mucho miedo a que el miedo se apodere del país". En otras palabras, lo único que no había en el ambiente era resignación. Por el contrario, la gente parecía dispuesta a impedir que el sacrificio de Guillermo Cano corriera la misma suerte que el de Rodrigo Lara, que produjo la misma gran conmoción, pero que, sin resultados concretos, terminó diluyéndose en el tiempo.
Prueba de que en el ambiente había todo menos resignación, fue que de las banderas a media asta, se pasó a una gran jornada nacional de los medios de comunicación para suspender sus ediciones y silenciar sus canales. Durante 24 horas, Colombia habría de saber cómo era un país silenciado.
No se trataba de claudicar sino de impactar. Como lo expresó el jueves uno de los defensores de la idea, "lo que queremos es que manana hasta los niños tengan que preguntar a sus padres por qué no pueden ver "Dejémonos de vainas". A lo que los padres tendrán que responder: Porque mataron a un periodista".
Como lo expresara el director de Andiarios, Luis Guillermo Angel, al final de la jornada de protesta, "éste no fue un acto de rendición, sino un silencio beligerante. A lo Gandhi".

CINCO HORAS DE CONSEJO
A diferencia de los consejos extraordinarios de ministros convocados anteriormente por situaciones similares, el presidido por Virgilio Barco el miércoles por la noche, no podía recurrir al expediente tradicional de la declaratoria de estado de sitio. Y no podía hacerlo porque desde el asesinato de Rodrigo Lara, el país está bajo el estado de sitio.
Hacia las diez de la noche, comenzaron a llegar los primeros ministros a la oficina del consejero presidencial, Carlos Ossa Escobar. En compañía de este, Luis Guillermo Parra, ministro de Agricultura, César Gaviria, ministro de Hacienda y Fernando Cepeda, ministro de Gobierno, redactaron un borrador de lo que poco después sería la declaración del consejo de ministros y el decreto de honores.
Mientras tanto, funcionarios de la oficina jurídica y del Ministerio de Defensa estudiaban los decretos que debían aprobarse para apretarle las tuercas al crimen organizado. A las 10 y 30, cuando ya habían llegado los demás ministros, se trasladaron al despacho del consejo. El borrador de la declaración fue aprobado inmediatamente y el presidente alabó su brevedad y claridad. Se encontraba visiblemente impactado. Estaba callado, y muy "muy caliente". "Colombia está de luto", dijo antes de comenzar a pedirles, uno por uno, sus opiniones a los ministros.
El tema de la discusión giró en torno al posible móvil del crimen. Se estudiaron dos posibilidades. La primera, que se tratara de una reacción a la sanción, por parte del Presidente, de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición. La segunda, la campaña de El Espectador contra el narcotráfico, y en particular, una reciente publicación sobre el cartel de los narcos en Miami.
Sobre la primera opción, muchos opinaron que difícilmente el crimen se había podido planear y ejecutar en tan poco tiempo: escasamente 72 horas. Más adelante, los ministros retocaron los decretos sobre la elevación a delito de varias conductas que el Estatuto de Estupefacientes consideraba como meras contravenciones a la ley, y el de las penas de prisión por porte de armas de fuego.
Hacia las dos de la madrugada, el consejo de ministros concluyó que en esa única sesión no podían tomarse todas las medidas, pues otras más drásticas que se estaban estudiando debían ser consultadas más detenidamente en sus aspectos jurídicos, como en efecto sucedió al día siguiente, cuando el ministro de Justicia, Eduardo Suescún, sus colegas de Gobierno y Defensa, y el secretario jurídico de la Presidencia, se reunieron con el Consejo de Estado.
Hacia las tres de la mañana, la sesión se levantó, y el consejo se trasladó en pleno hacia las instalaciones de El Espectador, donde todo estaba dispuesto para velar a Guillermo Cano.

UNA GUERRA PARTICULAR
Al final de la semana, pasada la hora de las jornadas, las protestas, las declaraciones y los decretos, llegaba el momento de sacar conclusiones.
La primera de estas, y sobre la cual parecía haber un consenso absoluto, era que se trataba de una guerra que no podía librarse con medios convecionales. Según una fuente gubernamental consultada por SEMANA, horas antes del asesinato de Guillermo Cano, el Presidente de la República se reunió con los ministros de Defensa, Justicia y Gobierno, y con el comandante del DAS, general Miguel Maza Márquez. En esta reunión, el Presidente tuvo la oportunidad de enterarse de que el gobierno lleva dos meses buscando un juez que firme el auto de detención contra un importante extraditable, y no lo ha podido encontrar. Esta es una prueba más, si cabe, de que la estrategia de esta guerra no se puede ejecutar desde las barandas de los juzgados. Es posible que, como ha sucedido ya en países como Italia, sea necesario recurrir a la creación de tribunales especiales que cuenten con unos instrumentos jurídicos y de seguridad diferentes a los de la justicia corriente.
Pero la anterior no es la única característica particular de esta guerra. En ella se enfrentan medio centenar de narcotraficantes contra 27 millones de colombianos. Y este medio centenar de personas no puede reclamar, a diferencia de lo que pasa en las guerras civiles, la representatividad de ningún sector social, religioso o racial. Ellos sólo representan su poder, sus intereses y su dinero.
Una tercera conclusión es que los narcotraficantes, con quienes hasta hace apenas cuatro años el país convivía en medio de un ambiente de complicidad y tolerancia, han logrado radicalizar en su contra a la opinión pública, con la exhibición de la máxima maldad y cobardía que dieron con el asesinato de Guillermo Cano. No era posible encontrar una víctima más indefensa que el director de El Espectador, un hombre de 61 años, sin chofer y sin escolta, cuya única arma era su máquina de escribir. Como alguien muy gráficamente lo afirmó, "con el asesinato de Guillermo Cano le dispararon a una opinión".
Con este crimen, el narcotráfico le notificó algo muy claro al país. Que si se habían atrevido a dispararle a Guillermo Cano, lo podrían hacer con cualquiera. Y es que el periodismo colombiano recibió un disparo en su cabeza.
Por eso y por todo lo anterior, existía a nivel nacional la convicción de que si la muerte de Guillermo Cano no obliga al país a tomar una actitud que cambie el balance de esta guerra, el próximo muerto, probablemente, ya no conmoverá a nadie.
EL DELITO DE OPINION
"El Estado no puede entregárseles a quienes actúan al margen de la ley, contra la ley y a pesar del rigor de la ley. Sería tanto como entregar una fortaleza por la impotencia de luchar contra un enemigo que no se detiene ante nada, y que se está valiendo de todos los hilos para rendir a la autoridad y someterlo a sus caprichos, a su insolencia".
Con la misma franqueza de este párrafo, sin hacerle concesiones al eufemismo, Guillermo Cano escribió muchos otros editoriales en los que mantuvo una posición irreconciliable frente al narcotráfico. En el de la cita -del editorial titulado "Una declaración insólita" y publicado el pasado 5 de diciembre-, el director de El Espectador, con elegancia pero con severidad, se fue en contra del presidente del Consejo de Estado, quien días antes había propuesto la legalización del narcotráfico. "¿Legalizar el narcotráfico?", se preguntaba y remataba: "Sería tanto como legalizar, también, y justificarlas, las acciones colaterales: el lavado de dólares, los asesinatos de magistrados, de ministros de jueces y de tantas tras personas que, por cumplir con su deber, han sido víctimas de los sicarios a sueldó de los narcotraficantes".
La "institucionalización" de los sicarios lo aterraba. El 19 de noviembre, al comentar el asesinato del coronel Jaime Ramírez Gómez, decía que "la lista de los luchadores asesinados se hace cada vez más interminable sin que encontremos en la opinión pública, ni mucho menos en la dirigencia política en el gobierno, en el Congreso y en los partidos, una reacción eficaz e inmediata en la desventajosa condición en que se ha colocado a cuanto personaje se asoma con decisión de lucha, al siniestro mundo del cartel del narcotráfico". Y agregaba: "Son tantas ya las víctimas de los sicarios a sueldo de la mano invisible -aunque siempre visible- de los capos del narcotráfico en Colombia, que nos parece que hemos decidido convivir con el delito y declararnos en derrota, porque no existe voluntad decidida y firme de poner en manos de la justicia y entre rejas miéntras son juzgados, a los asesinos intelectuales de ministros, magistrados, jueces o autoridades que no se someten al soborno ni le temen a la intimidación. Los capos colombianos se pasean impunes en salones públicos y en fiestas privadas".
Tan directo -o más- que en sus editoriales ("no todos los escribo yo", dijo alguna vez), todos los domingos aparecía el Guillermo Cano de "Libreta de apuntes", columna con nombre propio. Ni por firmarla se agazapaba y en ella también se lamentaba de la impunidad y de la libertad con que caminan por las calles los acusados de narcotráfico. El 26 de abril de este año, fustigó así esa libertad:
"Pero la evidencia más notoria de que la guerra total contra la mafia de los estupefacientes se ha perdido, o se ha retirado en operación que no obedece a una táctica sino a un aflojamiento de toda la fuerza inicial que tuvo, es la de que los grandes clanes, con procesos delictivos múltiples sobre sus espaldas bien guardadas, andan por las calles de nuestras capitales para arriba y para abajo entrando y saliendo de lujosos hoteles y casinos y haciendo ostentación de su bonanza económica y de su impunidad ofensiva y oprobiosa... Nadie les pone la mano encima cuando hay mil ojos que los ven a diario en lugares públicos, con sus gorilas personales ante los cuales no se atreve nadie a levantar un arma oficial, ni siquiera la voz, porque toda autoridad está atemorizada o mucha de ella corrompida por el dinero que corre a manos llenas para pagar silencios, complicidades y hasta protección a los delincuentes".

CON NOMBRE PROPIO
Así como los llamaba delincuentes, otra vez sin eufemismos, los mencionaba con nombres propios. En editorial del 27 de octubre, a propósito del proyecto de ley para suprimir la extradición, escribió: "Es un proyecto brevísimo, de un solo artículo, pero de incalculables consecuencias de ser aprobado de manera precipitada o bajo la presión de las balas. Ese proyecto debe ser estudiado por la Comisión Primera de la Cámara en el caso de ser aprobado por el Senado. Es sabido de todos que como aspirante a la Comisión Primera figuró el nombre de un representante que fue suplente de Pablo Escobar Gaviria, el gran capo de los narcos colombianos quien logró hacerse elegir al Congreso de la República en momentos de ingrata recordación ".
Sobre la extradición, de la cual era defensor sin contemplaciones, escribió en muchas oportunidades. El 31 de agosto, en una "Libreta de apuntes" que tituló "La ley de la mafia", se preguntaba si el país iría a ceder ante la presión de los narcotraficantes, defendía la legitimidad de los convenios de extradición con Estados Unidos y otros países como "Austria y España (que nos acaba de hacer el disfavor de extraditarnos al señor Ochoa y al señor Rodríguez, mafiosos de amplio espectro, el primero de los cuales anda ya libre por tierras ignotas riéndose de nuestra laxa complicidad para su impunidad)..." Y se quejaba porque "hemos cedido en los últimos años demasiado territorio al siniestro enemigo de la sociedad que es el narcotráfico organizado, soberbio, asesino y cruel. Hemos pagado con sangre demasiado limpia y honesta, como para que a las diez y últimas cedamos a quienes con sevicia y alevosía la derraman a lo largo y ancho del territorio colombiano. Es hora de despertar del letargo, de rodear con todo el poder que sean capaces la sociedad y el Estado a sus jueces honestos y valerosos, y de señalar con el dedo vindicativo a quienes se han corrompido en la política, en la burocracia, en la justicia y hasta en los estamentos militares mediante la acción corrosiva del narcotráfico ".
Esa actitud ante la extradición, quedó ratificada en dos de los últimos editoriales que se le atribuyen al director de El Espectador. El publicado el lunes 15 de diciembre comentó el fallo de la Corte Suprema de Justicia al declarar la nulidad del convenio por un vicio de forma. Con respeto por la decisión de la Corte, Guillermo Cano lamentaba que el fallo "pueda ser interpretado también como una victoria de las presiones ejercidas contra la normal aplicación de la justicia. Y ya deben estar envalentonados los grandes capos del narcotráfico y los sicarios ejecutores de sus órdenes de muerte por los supuestos resultados obtenidos con el desencadenamiento de la violencia y el terror". Y al día siguiente, para comentar la decisión del presidente Barco de firmar el tratado para darle vigencia, la consideró "rápida y acertada".

PREMONICIONES EDITORIALES
Guillermo Cano no dejó pasar por alto ningún hecho sobresaliente en materia de narcotráfico. Una mirada vigilante sobre este tema se le reconoció siempre y se le admiró por su valentía y por su radicalidad. Entre todos los editoriales y las "Libreta de apuntes", muchos párrafos leídos ahora aparecen como premonitorios y su alcance puede tomarse como una herencia que dejó al país y al destino de El Espectador. La última frase que escribió (ver carátula) fue esa especie de testamento que había comenzado escribir hace muchos meses.
A pesar de que en algunos de sus escritos manifestó su convicción de una alianza entre el narcotráfico y sectores de la guerrilla el pasado 27 de agosto escribió: "Está establecido, con meridiana claridad, que los atentados y las muertes violentas del ministro Lara Bonilla y de varios magistrados de la Corte Suprema, así como de jueces y magistrados de tribunales de Antioquia y del Valle y de otras regiones del país no han tenido móviles políticos. Todos tienen el común denominador del narcotráfico como causa y efecto de todos esos crímenes. Como los de varios periodistas colombianos de conocida trayectoria en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. Que también han sido asesinados porque representan el llamado cuarto poder, el de opinar". "El cartel de la droga -dice el editorial del 19 de noviembre último-, se ha tomado a Colombia. Esa es la triste realidad que debería provocar en el cuerpo aún sano e incontaminado de nuestra sociedad una reacción que vaya mucho más allá de las frases de cajón de condolencias y lamentaciones para pasar de la acción pasiva que la atemoriza a la acción activa que se traduzca en hecho positivo para castigar a quienes desde la sombra dirigen las manos de mercenarios que matan por la paga...".
Y el pasado 25 de agosto, en un editorial titulado "El país se derrumba", analizaba los cien años de la Constitución colombiana y se lamentaba del imperio de la impunidad: "No es que la impunidad acabe con todo, es que ya acabó entre nosotros, cuando aceptar el encargo sagrado de impartir justicia es firmar la propia sentencia de muerte. Ante este panorama infernal nadie puede mostrarse indiferente, pensando que sólo afecta a los demás. Cuando desaparece la ley, nadie tiene nada. Y no se la restablece sino con la acción conjunta, decidida, como cuestión de vida o muerte. Tal es la horrenda realidad, traducida en la verguenza insoportable de un país que se derrumba".

AÑOS DE MUERTE
Desde el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en la Avenida 127, al norte de Bogotá, el 30 de abril de 1984, han muerto personas en crímenes atribuidos al narcotráfico:
-Tulio Manuel Castro Gil, juez que investigaba el crimen de Lara Bonilla, fue asesinado el 23 de julio de 1985 en una céntrica avenida de Bogotá.
-Luis Roberto Camacho Prada, corresponsal de El Espectador, asesinado en Leticia cerca a su casa el 16 de julio de 1986.
-Hernando Baquero Borda, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, asesinado el 31 de julio de 1986 en la misma calle en donde murió Lara Bonilla.
-Capitán Luis Alfredo Macana, dedicado a las labores antinarcóticos, asesinado el 17 de agosto de 1986 por un niño de Nocaima, Cundinamarca, también en la fatídica Avenida 127 de Bogotá.
-Raúl Echavarría Barrientos, subdirector del periódico Occidente, asesinado el 17 de septiembre de 1986 en el barrio San Fernando, de Cali.
-Gustavo Zuluaga Serna, magistrado del Tribunal Superior de Medellín asesinado el 30 de octubre de 1986 en el sector de Bulerías de esa ciudad.
-El coronel Jaime Ramírez Gómez, ex jefe de narcóticos de la Policía, asesinado el 17 de noviembre de 1986, en las afueras de Bogotá.
-Alba Lucía Ardila, fiscal segundo superior de Palmira, su esposo, Fernando Cuéllar Rodríguez, ex juez séptimo de Instrucción Criminal de Cali, y su cuñada, Claudia Patricia Cuéllar Rodríguez, asesinados en la madrugada del 17 de diciembre de 1986.
-Guillermo Cano Isaza, director del periódico El Espectador, asesinado al anochecer del miércoles 17 de diciembre de 1986.

EDICIÓN 1861

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Prieto en la mira

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