Domingo, 22 de enero de 2017

| 1992/04/20 00:00

DE QUIEN ES LA CULPA?

Desesperados con los racionamientos de energía, los colombianos empiezan a hacer juicios de responsabilidad.

DE QUIEN ES LA CULPA?

EN 1986, EL ENTONCES MINIStro de Minas, Guillermo Perry Rubio, anunció que en materia de energía eléctrica, Colombia estaba sobredimensionada. A pesar de que sus afirmaciones causaron cierto revuelo entre los expertos y entre liberales y conservadores pues estos últimos sentían que se trataba de una crítica a su gestión y a la política de megaproyectos y grandes invesiones, la Opinión pública quedó convencida de que los apagones diarios del año 81 eran cosa del pasado. Hoy, seis años después, los colombianos sometidos a racionamientos que en la Costa llegan a las 10 horas, no logran explicarse qué fue lo que sucedió, ni cómo fue que se pasó de la "sobredimensión" a un ahorro forzoso de energía que ha puesto en jaque al país.

Cuando hace un par de semanas el actual ministro de Minas, Juan Camilo Restrepo, anunció que los sectores residenciales deberían someterse a cortes de luz de dos horas diarias, el tímido invierno de fin de año y el verano fueron suficientes para que la opinión comprendiera que había problemas en los embalses. Pero cuando los racionamientos fueron aumentando de semana en semana, el fenómeno del Niño ya no bastó para justificarlos. El Gobierno, no, que había tratado de tapar el Sol con las manos tuvo que decidirse a dar más explicaciones. Los funcionarios comenzaron a pasar al teléfono y a admitir que el problema no era tan coyuntural como parecía, y que detrás del Niño había un verdadero caos.

El fenómeno del Niño consiste en un movimiento de aguas cálidas hacia las costas del océano Pacífico suramericano, que crea una barrera de aire caliente al nivel de la línea ecuatorial y trastorna los períodos de lluvias y sequías. inundando la parte sur e impidiendo que la humedad llegue al norte. En Colombia, el Niño perturba la complementariedad hidrológica, que hace que cuando llueve en una región en la otra haya sequía, y que, por lo tanto, se compense el bajo nivel de algunos embalses con el alto nivel de otros. El fenómeno ocasiona una sequía generalizada en todo el territorio, como sucedió en 1982-1983, pero se trata de un fenómeno periódico y, por lo tanto, previsible.

En realidad, no es que al Niño le haya dado una pataleta. Lo que sucede es que la sequía coincidió con el desbordamiento de los problemas estructurales del sector eléctrico. Si bien es cierto que el país tiene una capacidad nominal para generar 8.400 megavatios, que teóricamente es suficiente para satisfacer una demanda que en Colombia no supera los 6.500 megavatios, una cosa es lo que está instalado y otra distinta lo que se produce. No solamente hay que tomar en cuenta que el sistema nunca funciona a 100 por ciento de su capacidad, sino que además existe un porcentaje que se pierde por fugas, plantas inactivas y obsolencencia del material. El 78 por ciento de la infraestructura instalada corresponde a las centrales hidroeléctricas que, obviamente, han sido afectadas por el bajo caudal de los ríos. El 22 por ciento de electricidad restante se genera por plantas térmicas activadas por carbón o por gas. Pero gran parte del problema radica en que éstas tampoco están funcionando como deberían. Los movimientos sindicales del sector "quienes presentaron un pliego único de peticiones que el Gobierno rechazó a principios de año, decidieron emprender una operacion tortuga en el mantenimiento y la operación de algunas plantas. El resultado es que ahora, cuando el nivel de los embalses no supera el 24 por ciento en promedio y el potencial hidroeléctrico no da abasto para satisfacer la demanda de energía, las instalaciones térmicas están funcionando a media marcha.

Además del bajo nivel de embalse y de las deficiencias en la generación térmica, el retraso en los dos grandes proyectos que están en curso ha hecho que la única solución sea el racionamiento. Si la central hidroeléctrica del Guavio no tuviera más de cinco años de retraso, si no se hubieran cometido tantos errores técnicos, ni se hubiera incurrido en sobrecostos que superan los 1.300 millones de dólares, el nivel de embalse sería bajo pero los colombianos tendrían fluido eléctrico. Si las licencias de importación de las turbinas de la central de Rio Grande no se hubieran demorado casi dos años en algún escritorio del Incomex, el sistema eléctrico nacional tendría varios cientos de megavatios que harían el racionamiento menos drástico. Finalmente, si el proyecto de Urrá no se hubiera quedado en el papel después que el Conpes lo aprobó hace ocho años, con seguridad hoy el país no estaría a media luz. Pero el hecho es que nada de eso ha sucedido y ya se han anunciado nuevos racionamientos, sin que nadie sepa a ciencia cierta cuánto van a durar.

A pesar de que casi todos estos fenómenos eran calculables, nadie previó que el Niño iba a sorprender una infraestructura eléctrica sin agua, sin termoeléctricas, sin Guavio y sin el margen de seguridad necesario. Ahora todos culpan al ex ministro Perry por haber hablado de sobredimensionamiento y por haber trancado, en 1986, el plan de expansión del sector eléctrico. Perry, por su parte, se defiende diciendo que en ese momento había un gran potencial de generación, y que sólo con continuar los proyectos en curso, el país saldría adelante sin contratiempos y sin inversiones cada vez más costosas y más difíciles de financiar. A los que nadie menciona es a los ministros posteriores, quienes no sólo dejaron el plan de expansión entre un cajón eternamente sino que además no cumplieron con la entrega de los proyectos en curso.

Juan Camilo Restrepo heredó una situación crítica, y ahora le está cayendo el agua sucia. El sector eléctrico es el responsable de cerca del 30 por ciento de la deuda externa del sector público, y no tiene ninguna posibilidad de solucionar su situación de insolvencia. El desgreño administrativo, las pérdidas que ascienden a 150 millones de dólares anuales, las excesivas concesiones a los sindicatos del sector, y el evidente desacierto de realizar megaproyectos en zonas geológicamente inadecuadas, son procesos que se han venido gestando desde años atrás. Pero lo que el país se pregunta es por qué se esperó hasta que el nivel de embalse llegara a niveles críticos y a que algunas centrales termoeléctricas estuvieran inhabilitadas, para tomar medidas. Algunos observadores atribuyen este retraso a un simple manejo político en temporada electoral.

Sea como fuere, lo que esta crisis ha sacado a flote es la vulnerabilidad del sector eléctrico, el carácter urgente de la diversificación de fuentes energéticas y la imperiosa necesidad de un verdadero revolcón. Carlos Rodado Noriega, ministro de Minas de la administración Betancur, advirtió hace cuatro años que, tal y como iban las cosas, los racionamientos serían inevitables en 1991. Sólo se demoraron algunos meses, y todo parece indicar que van para largo, porque así llueva, no sólo los embalses tardan años en llenarse sino que además la reestructuración que se propone llevar a cabo el ministro va a levantar ampolla en medios sindicales, acostumbrados a la comodidad del monopolio, al paternalismo y a tener un poder tan desproporcionado que es capaz de poner en jaque al país.

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