Martes, 24 de enero de 2017

| 2007/05/19 00:00

De sospechoso a director

Óscar Naranjo estuvo a punto de ser sacado de la Policía por el escándalo de las interceptaciones telefónicas. ¿Cómo hizo para ser nombrado director 24 horas después?

El viernes de la semana pasada, el general Óscar Naranjo asumió oficialmente como nuevo director de la Policía. La ceremonia estuvo presidida por el vicepresidente, Francisco Santos; el presidente, Álvaro Uribe, y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos

Cuando el general Óscar Naranjo se levantó el pasado domingo 13 de mayo, prácticamente estaba por fuera de la Policía Nacional. Cuando se acostó el lunes 14, lo hizo como el nuevo director de esa institución. En menos de 36 horas pasó del infierno al cielo.

La historia de ese dramático giro comenzó muy temprano esa mañana de domingo, cuando el oficial recibió varias llamadas del presidente, Álvaro Uribe, y del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Los dos estaban profundamente molestos y lo habían citado para una reunión unas horas más tarde. La indisposición de Uribe y Santos había sido producto de una portada de SEMANA en la que se revelaron, entre otras cosas, varias conversaciones e irregularidades que venían ocurriendo con los paramilitares detenidos en la cárcel de Itagüí. La denuncia enfureció y sorprendió a Uribe y a Santos.

Los molestó porque desde cuando los ex jefes paramilitares fueron recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí pedían constantes reportes a los organismos de inteligencia del Estado, con el fin de verificar y garantizar que los ex jefes paras no estuvieran delinquiendo desde la cárcel. Por eso, cuando SEMANA publicó la historia, quedó en evidencia que efectivamente algo irregular estaba pasando en Itagüí. Pero, por encima de eso, la mayor indisposición para el gobierno corrió por cuenta del hecho de haberse enterado por un medio de comunicación de lo que estaba ocurriendo.

El sospechoso de siempre

La primera persona en ser señalada como responsable fue justamente Naranjo. Aunque sin duda era injusto, especialmente porque no había ninguna prueba, hasta cierto punto era relativamente entendible que todas las miradas recayeran sobre él. La razón es muy sencilla. Naranjo es tal vez el oficial más respetado en toda la Fuerza Pública en el área de inteligencia. Y en ese campo, gran parte de los resultados se obtiene por cuenta de interceptaciones.

Desde cuando era subteniente, hace 30 años, ha trabajado en esa especialidad. Gracias a su labor en inteligencia, el Estado se anotó éxitos tan contundentes como el desmantelamiento de toda la estructura de los carteles de Medellín, Cali y la Costa, entre otros. Naranjo fue también el primer director que tuvo la Central de Inteligencia de la Policía y la convirtió en una de las entidades más avanzadas y profesionales en Latinoamérica. Cuando asumió la jefatura de la Dirección Central de Policía Judicial (Dijín), hace un poco más de tres años, continuó con grandes éxitos como la lucha contra el cartel del norte del Valle y la persecución a los paramilitares.

Todas sus victorias contra la delincuencia han estado basadas en labores de inteligencia. Paradójicamente, eso lo hizo temible entre los bandidos, pero también le hizo ganar una injusta fama de ser el hombre que 'chuza' a todo el mundo. Por eso fue el primer sospechoso esa mañana del pasado domingo.

Hacia el medio día de ese 13 de mayo, la decisión de 'sacrificar' a Naranjo seguía firme. El gobierno sabía que no era una decisión fácil. El general no sólo se ha convertido en el miembro de la Fuerza Pública que mejores resultados le ha entregado al gobierno, sino que, además, cuenta con el respaldo incondicional de las principales agencias antinarcóticos y de inteligencia de Estados Unidos. Por eso, antes de adoptar una medida sobre el futuro del oficial que podría ser injusta, el gobierno empezó a hacer un sondeo en las diferentes agencias de seguridad que tuvieran la capacidad y la tecnología para haber recolectado, entre otras, la información sobre los ex paramilitares de Itagüí. "Hasta ahora los directivos del DAS, de la Policía Judicial y de la Fiscalía han manifestado no tener esas grabaciones... El gobierno avanza en la investigación para conocer quién hizo las grabaciones, con qué autorización judicial y por qué no se informó al gobierno de eventuales conductas delictivas realizadas desde la cárcel de Itagüí", decían algunos de los apartes del comunicado que expidió el Palacio de Nariño hacia las 5 de la tarde del domingo.

En la mañana del lunes, mientras el ministro del Interior, Carlos Holguín; el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, y el director del Inpec, general (r) Eduardo Morales, trataban de explicar en todos los medios de comunicación la situación de los ex paramilitares recluidos en Itagüí, Santos continuaba con pesquisas para tratar de establecer quién tenía la información que había sido revelada por SEMANA. A las 5 de la tarde, Santos salió de su despacho rumbo al Palacio de Nariño.

Después de cuatro horas de reunión con el Presidente, a las 9 de la noche, Santos leyó un sorpresivo comunicado: que debido a las grabaciones reveladas por SEMANA, el gobierno había tomado la decisión de nombrar a Naranjo como nuevo director de la Policía, lo cual implicaba el retiro de 12 generales de esa institución, algo sin precedentes en la historia no sólo de la Policía, sino de todas las Fuerzas Militares. No tanto porque Naranjo no grababa, sino porque siempre ha quedado claro que sus interceptaciones se han llevado a cabo dentro de los parámetros legales.

Vientos de crisis

La respuesta del gobierno al destape de las interceptaciones fue rápida, sorprendente y fulminante. El estilo Uribe en plena expresión, aunque en esta ocasión hubo una innegable sobredimensión. Que en un país con larga historia de 'chuzadas', y en el que todo el mundo se siente interceptado, rueden las cabezas de 12 generales porque se descubren estas prácticas, resulta casi insólito.

Pero había razones. El presidente Uribe y su Ministro de Defensa querían dejar claro que eran víctimas y no ejecutores de las interceptaciones. El panorama era particularmente difícil, tanto si en el alto gobierno se conocían las 'chuzadas', como si se ignoraban. Lo último se asocia con una falta de control de las oficinas de inteligencia, tan inexplicable como peligrosa. Peor aun, la sospecha de que el espionaje tenía la bendición de las más altas esferas proyectaría una crítica imagen de abuso y despotismo. "Algo parecido al Perú de Montesinos", como dijo el ex senador liberal Rafael Pardo.

El presidente Uribe había negado dos veces en las últimas semanas que su gobierno permite 'chuzar' los teléfonos a la oposición. Lo hizo incluso durante su reciente viaje a Washington, a raíz de la tormenta que despertaron sus propias declaraciones en la famosa rueda de prensa con la que respondió al debate del senador Gustavo Petro sobre el paramilitarismo en Antioquia. En esa ocasión le había atribuido a la "inteligencia militar y policiva" la versión que le había llegado sobre las gestiones de la oposición para torpedear la aprobación del TLC en el Congreso de ese país. Por todo lo anterior, es lógico que el gobierno haya puesto todo el empeño en evitar la sospecha de que patrocinaba las 'chuzadas'.

La descabezada general tiene otra explicación. El alto número de generales purgados no significa que todos sean sospechosos de haber participado en las interceptaciones telefónicas. Sólo dos -el ex director de la Policía, Jorge Daniel Castro, y el ex director de inteligencia, Guillermo Chávez- tienen relación con los hechos. Pero nueve de los descabezados se fueron de la institución porque eran más antiguos que el nuevo jefe, Óscar Naranjo. Al ascender a este último se tuvieron que ir los que estaban por delante en la fila. Sus salidas no tienen que ver con las 'chuzadas', sino con la intención de precipitar el ascenso de Naranjo, a quien todo el mundo veía de director, pero dentro de dos o tres años.

La salida masiva de los miembros de la cúpula tiene un costo institucional muy grande, pero le dejó al gobierno dos puntos a favor: el buen recibo en Washington y en los medios de comunicación al nombramiento de Naranjo, y la imagen de capacidad de reacción para evitar una crisis. Y concentró el debate público en el tema de las interceptaciones y sus filtraciones a los medios, en vez de los incómodos indicios de que en la cárcel de alta seguridad de Itagüí, donde están recluidos los paras que se han acogido a la Ley de Justicia y Paz, se podría estar reeditando la indignante figura de La Catedral de Pablo Escobar.

En otras palabras, que la reclusión de los paras no detuvo su participación en hechos delictivos de la gravedad de homicidios, narcotráfico y conformación de grupos paramilitares. Las declaraciones de varios funcionarios para desestimar estos indicios es incoherente con la desproporcionada descabezada de 12 generales. Pero la inconsistencia era preferible que alimentar la idea de que se forjó una nueva 'Catedral', que agudizaría la polémica sobre las condiciones de la desmovilización de las AUC.

Las recientes revelaciones dejan graves interrogantes en dos frentes: en el de la situación de la cárcel de Itagüí y en el de las interceptaciones telefónicas masivas realizadas en despachos del Estado colombiano. En relación con los paras detenidos, ¿qué implicaciones tendría la demostración de que siguen delinquiendo? ¿Se acabaría el proceso de paz? ¿Se asumiría una responsabilidad individual y se les quitarían los beneficios previstos en la ley para los desmovilizados? Ambas posibilidades significarían una prueba muy difícil para el proceso de paz.

Y no son menos serias las inquietudes que deja el destape de las 'chuzadas'. ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Quién dio la orden? ¿Cómo se determinaba a quién se le aplicaba el espionaje? ¿Qué funcionarios tenían acceso a la información y qué hacían con ella? Ante semejantes preguntas, no es de extrañar que la semana pasada haya habido más artículos sobre Colombia en la prensa extranjera que en cualquier momento en varios meses. Las respuestas del gobierno van a determinar muchas cosas. En el plano internacional, que se ha vuelto cada vez más movedizo, y en el interno, que ha llegado al mayor nivel de zozobra desde cuando Álvaro Uribe llegó al poder.

La salida del atolladero es difícil. A pesar de la alta popularidad del Presidente, la semana pasada hubo un ambiente de incertidumbre. El director del Partido Liberal, César Gaviria, en carta al Fiscal General pidió una investigación. La oposición hará un debate en el Congreso en las próximas semanas. En la prensa internacional se intensifican las versiones sobre una crisis creciente que se acerca al Palacio de Nariño. Lo cual es exagerado, pero significa que el gobierno Uribe, sin duda, atraviesa por su momento más difícil. La audaz carta del nombramiento de Óscar Naranjo para enfrentar la situación es, sin duda, una medida drástica que entrañó injusticias individuales con los generales retirados. Sin embargo, tal vez se necesitaba un remezón de esa dimensión.

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