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| 4/1/2002 12:00:00 AM

De Washington para Colombia

El tema de Colombia no ha dejado de sonar en Washington. El presidente Bush presentó ante el Congreso un nuevo plan de ayuda que pretende quitar las restricciones de la ayuda militar americana, que hasta hoy sólo puede ser usada contra el narcotráfico.

Para nadie es un secreto que el presidente Andrés Pastrana Arango, con su insistente discurso de defender la existencia de una democracia, se ha ganado la confianza en Washington. Tampoco es confidencial que la guerra contra el terrorismo global declarada por el presidente estadounidense, George Bush, después de los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas y al Pentágono, ubican a Colombia en el mapa del Congreso y del Senado americano. Las Farc, el ELN y las AUC pasaron a ser considerados como grupos terroristas con el alcance y el deseo de atacar intereses americanos y por eso entraron en la lista de los 20 grupos terroristas que Bush quiere combatir.

En las últimas dos semanas el tema de Colombia no ha dejado de sonar en los pasillos de Washington. El presidente Bush presentó ante el Congreso un nuevo plan de ayuda para Colombia que, aparentemente, consiste en 374 millones de dólares en asistencia militar y 164 millones de dólares en asistencia económica y social. La propuesta pide quitar las restricciones para la ayuda militar americana, que hasta hoy sólo puede ser usada para operaciones contra el narcotráfico. Como este plan demanda una mirada más cercana al presupuesto, motivo de discusión en el Congreso americano la semana pasada, el debate sobre Colombia quedó aplazado para el 10 de abril.

A primera vista las cosas parecen estar a favor de que Washington apoye más a Colombia. En primer lugar, las Farc han sido declaradas narcoterroristas y con la solicitud de extradición de tres miembros de las Farc, incluyendo el jefe del frente 16, Tomás Molina, alias ’Negro Acacio’, la línea entre narcotraficantes y terroristas parece ser más borrosa para la capital estadounidense. En segundo lugar, Washington pasó la Resolución 358, en la que se declara: "El gobierno colombiano ha progresado en su esfuerzo para combatir y capturar miembros ilegales de las organizaciones paramilitares y ha dado pasos positivos para romper los enlaces entre miembros individuos de las fuerzas de seguridad y tales organizaciones". Por último, el 20 de marzo, el comandante del Ejército de Estados Unidos, el general Eric Shinseki, llegó a Colombia para pasar revista a los programas antinarcóticos de cooperación en adiestramiento, información y dotación de equipos. "La administración está abordando la situación en Colombia como si hubieran respuestas fáciles. No las hay. Nosotros queremos ayudar a Colombia, pero antes que decidamos meternos más a fondo de la guerra civil más vieja y sanguinaria de América Latina, tenemos que entender sus causas, estar claros de nuestras metas y el costo de cumplirlas, y tener confianza que nuestra ayuda no va contribuir a una guerra más grande, más desplazamiento, y más atrocidades contra los civiles", dijo a SEMANA el senador Patrick Leahy (Demócrata de Vermont) y presidente de la Subcomisión de Operaciones Extranjeras, que maneja la ayuda de Estados Unidos hacia Colombia.

En entrevistas con las oficinas de varios representantes estadounidenses, se deduce que la gran preocupación de los americanos sigue siendo la relación entre los militares y los paramilitares. Para varios congresistas aliarse con los militares colombianos puede llevar al fortalecimiento de las autodefensas. La otra gran preocupación tiene que ver con la falta de compromiso de los mismos colombianos. Por un lado, porque Pastrana no logró recolectar los 4 billones de dólares que había prometido poner en la mesa en el Plan Colombia diseñado en un principio. En segundo lugar, porque son los jóvenes de bajos recursos quienes tienen que combatir mientras los bachilleres prestan servicio militar detrás de un escritorio o pagan para evitarlo. Para los americanos no es muy claro por qué tienen que financiar una guerra ajena cuando los ricos colombianos no son capaces de hacerlo. Aunque Washington toma precauciones, el tema del IRA entrenando a las Farc no trasnocha a muchos ya que este grupo irlandés se ha ido pocisionando a nivel internacional como un partido político. Pruebas de lo que se presume pasa en Colombia, pueden causarle graves inconvenientes de imagen internacional al IRA.

El Plan Colombia empezó siendo una estrategia con planes sociales, igualmente importantes al militar, para aliviar el desplazamiento y fortalecer la justicia, entre otros. Pero el componente militar es lo único que sale adelante —y eso es alarmante para los americanos.

Mientras todos estos factores hacen parte de la ecuación, se estima que la "Iniciativa Andina" de la administración Bush daría a Colombia y a sus vecinos 1,1 billones de dólares en 2002, de los cuales 54 por ciento sería en asistencia militar y policial. Para Colombia, la nueva propuesta de 2002 dará 24 por ciento menos para agencias de seguridad, y 36 por ciento más en el área económica y social que en el año 2000-2001. Parece que no hay nuevos helicópteros o batallones antinarcóticos en la nueva propuesta y el plan sigue prohibiendo a militares estadounidenses combatir, manteniendo a la mayoría del personal militar en posiciones de asesores. Pero la falta militar en Colombia se compensa con un mayor incremento en ayuda militar para los países vecinos.

La propuesta de ayuda de los Estados Unidos también incluye 98 millones de dólares para proteger el oleoducto de Caño Limón en Arauca, operada por Occidental Petrolium de California, conocido como "Oxy." El oleoducto fue bombardeado por los rebeldes 170 veces el año pasado. La propuesta sería entrenar soldados para mejorar la seguridad en el área.

Los que apoyan

El secretario de Estado Collin Powell mostró su apoyo para la ayuda cuando habló ante el Congreso el 6 de marzo. "La nueva situación en Colombia significa que la administración Bush tiene que ‘reajustar’ su política para ayudar a combatir ‘terroristas y narcotraficantes’, dijo Powell.

Ese mismo día el congresista Ben Gilman (Republicano de Nueva York), dijo ante la Casa de Representantes: "Esta resolución hace un llamado para que nuestra administración se quite los lentes que el presidente Pastrana y nuestro Departamento de Estado han usado por mucho tiempo dejando que la democracia en Colombia se desvanezca. Es hora de que nos pongamos serios y luchemos contra terrorismo y las drogas ilícitas que lo financian y amenazan los intereses americanos nacionales en nuestro propio patio trasero. (..) Nuestra asistencia para los militares colombianos debe ser una asistencia antiterrorista y no operar bajo la fracasada ficción antidroga del pasado".

Los senadores Bob Graham (Demócrata de la Florida), Jesse Helms (Republicano de Carolina del Norte), y Mike DeWine (Republicano de Ohio) han apoyado una resolución de la ayuda en el Senado. Graham piensa que la situación en Colombia puede desestabilizar al resto de la región. Muchos lo apoyan, declarando alarmante la situación en las fronteras de Ecuador, Panamá y Venezuela.

"Los eventos del 11 de septiembre ilustran gráficamente la necesidad de hacer pasar hambre a la infraestructura de todas las organizaciones terroristas globales y de privarlas de las ganancias de la droga que pueden ser usadas para financiar actos terroristas", dijo Asa Hutchinson, administrador de la DEA, ante el Comité Judicial del Senado el 13 de marzo. Hutchinson manifestó su inquietud por acabar el Black Market Peso Exchange (BMPE), un sistema sofisticado usado por organizaciones terroristas para lavar billones de dólares cada año.

El 13 de marzo, Otto Reich, secretario asistente de Estado para Asuntos del Hemisferio Oeste, dijo: "En Colombia, el gobierno democráticamente elegido enfrenta una amenaza a su supervivencia … Nosotros tenemos una solemne obligación de ayudar a nuestros hermanos y hermanas de Colombia en sus esfuerzos para proteger y defender su democracia y crear condiciones en las cuales puedan recalcar innumerables retos que ese país enfrenta". Reich se refirió a terminar la producción de narcóticos, fortalecer la ley, respetar los derechos humanos, reducir la corrupción, y estimular la economía.

El congresista Jim Kolbe (Republicano de Arizona) también apoya el incremento en ayuda. "Pero no pueden haber escapatorias a las leyes. Todo debe ser abordado de una manera abierta y transparente", dijo a SEMANA a través de su vocera.

El congresista Kolbe alude a la Ley Leahy que prohibe aportar dinero a ejércitos que cometen violaciones de derechos humanos, pero no indica un mecanismo que permita apuntar con el dedo a los violadores porque en la mayoría de los casos los testigos son amenazados o silenciados. Es posible evitar esta ley ya que sí es legal recibir ayuda a través de un programa americano mantenido por operaciones extranjeras. En este programa, si se toman "medidas apropiadas" contra los acusados y aquellos son juzgados, califican para recibir ayuda. Existe otro programa del Departamento de Defensa americano que da ayuda a un batallón si se toman los pasos para corregir las violaciones de derechos humanos. Otra manera que hay para evitar la Ley Leahy es con la definición de "unidad militar". Los departamentos de Estado y Defensa estadounidenses han determinado que se puede ofrecer entrenamiento a los miembros que han sido absueltos de violaciones aun si la brigada entera no lo ha sido. Así una unidad puede tener miembros "sucios" pero aun recibir entrenamiento americano. En este caso la Ley Leahy sólo aplica a toda la unidad cuando se les da munición.

Algunos críticos aseguran que es peligroso crear conflicto dentro de los batallones, con algunos miembros acusados de violaciones de derechos humanos o de cómplices de las AUC, y otros no. Esto crea el peligro de generar un "ejército dentro de un ejército" que es mejor equipado y entrenado que el resto de la institución.

Bajo ley estadounidense, solo se pueden tener 400 militares y 400 civiles americanos en Colombia. Pero otra salida, según una fuente confidencial, es contratar empleados de otras nacionalidades.

Los que se oponen

El congresista James McGovern (Demócrata de Massachusetts) está en contra de dar ayuda adicional. "Yo creo muy fuertemente que el Congreso no se debe apurar para mostrar apoyo que incrementaría nuestro compromiso en la creciente guerra civil en Colombia", dijo el congresista McGovern en el Senado. "Colombia no es un nuevo frente en la guerra contra el terrorismo. Terribles actos de terror, asesinatos, secuestros, bombardeos y desapariciones, son parte de su guerra civil de 40 años. Pero Colombia no es parte de la campaña internacionalmente apoyada para desmantelar y destruir Al-Qaeda y otras redes terroristas internacionales". McGovern dijo que probablemente Alvaro Uribe, quien tiene el apoyo de los paramilitares, heredaría la ayuda, "los mismos grupos que estamos condenando hoy". También habló en contra del fiscal General Camilo Osorio, quien "no es un defensor de los derechos humanos. El ha despedido o parado investigaciones de muchos casos implicando a militares y oficiales de gobierno de alto nivel. Como resultado, la mayoría de oficiales y acusadores jurídicos en el Ministerio de Justicia responsables por investigar y procesar casos de derechos humanos y corrupción han resignado o sido forzados fuera de la oficina", dijo McGovern. "Yo simplemente no puedo apoyar esto, e incito a mis colegas a oponerse a la resolución". McGovern está circulando una carta al Presidente para que firmen los miembros del Congreso que oponen la expansión de la ayuda militar hacia Colombia.

La Congresista Jan Schakowsky (Demócrata de Illinois) también se opone fuertemente a la ayuda. "Los Estados Unidos deben buscar una forma de proteger a la gente de Colombia, buscando una solución pacifica a la guerra civil", dijo Schakowsky a SEMANA. Ella cree que la administración Bush está pasando reformas sin saber verdaderamente las consecuencias. "Los que piensan que los Estados Unidos van a mandar tropas o apoyo aéreo a Colombia están soñando. Están fuera de sus mentes", dijo un consejero de un congresista americano a SEMANA.

* Corresponsal de SEMANA en Nueva York.
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