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| 11/27/2017 10:24:00 PM

De la JEP de La Habana a la JEP de Bogotá

La Cámara de Representantes aprobó en último debate la espina dorsal del proceso de paz con las Farc. Aunque se mantiene la esencia de lo negociado, el Congreso colombiano impuso nuevas condiciones a la antigua guerrilla.

En una maratónica jornada de doce horas, la Cámara de Representantes aprobó el último debate de la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, la instancia encargada de investigar y sancionar los graves crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado. El texto de esta futura ley, considerada la espina dorsal del proceso de paz con las Farc, pasará a la conciliación con el Senado, trámite que deberá surtirse antes del jueves 30 de noviembre, día en que culmina el procedimiento legislativo abreviado conocido como el fast track.

La aprobación de la JEP venía siendo reclamada con urgencia por el Gobierno, ante la atenta mirada de los desmovilizados de las Farc quienes se mantenían expectantes a las decisiones del Congreso. No en vano serán los principales actores del conflicto en acogerse a los beneficios de esta jurisdicción transicional.

Y tal como lo aprobó la Cámara de Representantes en el último debate, la JEP, tal como fue pactada en la mesa de negociación de La Habana, sufrió varias modificaciones, que seguramente no caerán en gracia a las Farc. Sin embargo mantiene su esencia, pues no solo garantiza los derechos de las victimad a la verdad, la reparación y la no repetición, también mantuvo los subrogados penales como lo son las sanciones restaurativas, y las penas de entre 5 y 8 años de restricción efectiva de la libertad para quienes confiesen sus delitos.

La puerta a la metamorfosis de la JEP quedó abierta desde meses atrás cuando la Corte Constitucional, en el fallo que declaró exequible el fast track, estableció que los congresistas podían presentar proposiciones para modificar los textos presentados por el Gobierno, ya que en La Habana había quedado establecido que los congresistas solo podrían aprobar lo propuesto por el ejecutivo. Fue el primer cambio entre lo acordado en la isla, y que permitió que la JEP sufriera modificaciones. La primera de ellas tuvo relación con los terceros civiles. Las Farc esperaban que, como se acordó en La Habana, la JEP investigara a todos los actores del conflicto armado. El Congreso, sin embargo, aprobó que los terceros podrán comparecer a esta jurisdicción de forma voluntaria. Esta decisión no gustó a los desmovilizados de la guerrilla.

La Cámara de Representantes también impuso una condición añadida a la participación en política de las Farc. Quedó establecido que se podrán presentar como candidatos a las próximas elecciones, pero solo podrán posesionarse si se someten a la sala de verdad y reparación de la JEP. Para ello el presidente de este nuevo tribunal deberá expedir un certificado para que todas las inhabilidades queden suspendidas.

El tema de la participación en política fue uno de los asuntos más álgidos. Partidos como Centro Democrático, Cambio Radical y un sector de los conservadores exigieron que ningún desmovilizado pudiera participar en política hasta que cumplieran los cinco años de pena alternativa contemplada en la JEP. Al final esta propuesta fue negada.

También supuso un intenso debate el régimen de inhabilidades a los magistrados de la JEP. Cambio Radical y el Centro Democrático habían conseguido aprobar en el Senado una norma que podría impedir posesionarse a los magistrados nombrados recientemente, pues establecía que quienes hubieran sido abogados en procesos contra el Estado, o que hubieran defendido a algunos actores del conflicto, o hubiesen pronunciado opiniones de carácter ideológico, no podrían hacer parte de estos tribunales.

Tan polémica era esa decisión que estuvo a punto de poner en el limbo a la JEP. La Cámara de Representantes decidió eliminar este régimen de inhabilidades propuesto en el Senado, y en cambio estableció un régimen de impedimentos y recusaciones, en caso de presentarse algún conflicto de interés. Con esta decisión, en todo caso, los magistrados de la JEP podrán posesionarse. En este debate perdió Cambio Radical.

La participación en política ya había quedado garantizada en el acto legislativo que dio vía libre a la JEP, pero solo con la condición de haber dejado las armas. A diferencia de lo pactado en La Habana, en Bogotá el Congreso colombiano impuso una nueva condición a los desmovilizados.

Pero el debate más intenso de la jornada tuvo que ver con la propuesta del representante Efraín Torres (la U) de que los autores de delitos sexuales contra menores de edad quedaran excluidos de los beneficios de la JEP. Un escenario que no fue contemplado en La Habana cuando se aprobó el sistema de justician verdad y reparación, pero que el en Congreso tuvo pleno consenso, pues la votaron hasta el Centro Democrático y Cambio Radical, los partidos más críticos al proyecto.

El tema de los delitos sexuales contra menores fue un pulso que libraron los congresistas y el Gobierno. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, se opuso a que esta disposición se incluyera en el proyecto de la JEP incluso planteo una norma que modificara el código penal. Pero en este debate fue el gran perdedor y su sugerencia no fue atendida. La Cámara de Representantes decidió que aquellos autores de delitos sexuales contra menores de edad en el marco del conflicto perderán sus beneficios y pagarán los mismos años de cárcel que establece el código penal para violadores de menores.
En La Habana el Gobierno y las Farc habían acordado que solo los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad serian investigados y sancionados por la JEP. En Bogotá, la Cámara de Representantes, por sugerencia del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, determinó que todo aquel que haya cometido un delito grave debe ser investigado, independientemente de si se es máximo responsable o no.

“Entregamos a Colombia una JEP mejor a la que nos radicaron”, dijo el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara (Cambio Radical). Falta esperar el pronunciamiento de las Farc cuyos voceros no ocultaron su preocupación por lo aprobado por el Senado y por las condiciones impuestas por la Corte Constitucional. En todo caso la JEP que se aprobó en La Habana es diferente a la JEP que se aprobó en Bogotá.

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