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| 1/21/2012 12:00:00 AM

Debate bravo

Petro embiste contra las corridas. Ya puso banderillas. ¿Les dará la estocada?

Gustavo Petro, como candidato a la Alcaldía, siempre logró convertirse en noticia. Como alcalde recién posesionado, ha continuado esa tradición. Se estrenó en el cargo con la notificación de que tenía la intención de desarmar a la ciudadanía, lo cual generó su primera gran polémica. Y no menos controversial fue la segunda: su declaratoria como antitaurino. Esto en la práctica significa que quiere acabar con las corridas de toros, o por lo menos eliminarles el rito supremo de la muerte por espada.

Y ya puso la primera banderilla, no habrá soporte económico de parte de las empresas públicas de la ciudad para la temporada. Días antes, el también recién posesionado gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, prohibió que la Fábrica de Licores de Antioquia, tradicional patrocinador, estuviera vinculada a la Feria de la Macarena, que se cumple todos los años en Medellín por esta misma época.

Las consecuencias no se han hecho esperar. Las reacciones de los partidarios de la fiesta brava y las de sus opositores han ido mucho más allá del simple tinglado dominical. A lo largo de los últimos días, columnistas e, incluso, un editorial de El Tiempo, en el que se distancia frente a la decisión de Petro, han tomado partido sobre un tema en el que todos dicen tener la última palabra.

Ese parece ser el punto que sigue en la agenda: si ninguna de las dos partes es dueña de la verdad absoluta, entonces ¿qué tanta razón tienen tanto detractores como defensores? Y más allá, ¿estarían dispuestos a ceder, los unos, algunas de sus exigencias para obtener su propósito de una actividad menos cruenta? Y ¿darían algún paso en ese sentido, los otros, para permitir la sobrevivencia de una actividad cada vez más cuestionada, pero que para ellos significa, antes que un rito, arte puro?

No son nuevos los intentos en la historia de la humanidad de prohibir la lidia de los toros de casta (la lidia no es otra cosa que la preparación para la muerte del animal). Han buscado erradicarla o condenarla, entre otros y con poca suerte, el papa Pío V, con su intento de mandarlas a la hoguera en 1567; Carlos IV y los borbones, recién instaurados en España, en 1805; y dictadores como Fulgencio Batista en Cuba y Antonio de Oliveira Salazar en Portugal. A decir verdad, solo estos dos últimos han logrado algo. Batista en la isla, para complacer a su esposa, y Salazar, a medias, por cuanto se siguen dando corridas en Portugal en las que el toro no muere en el ruedo.

Esa referencia sobre el hecho de que en otros países diferentes a Colombia el toro no muere en el ruedo no siempre es cierta y tampoco termina bien. Los toros mueren por estoque no solo en España y Colombia, sino también en México, Perú y Venezuela. Pero además en el sur de Francia, lugar que en los últimos años se ha convertido en un importante bastión de las corridas, en donde la única diferencia con los espectáculos taurinos que se dan en otras partes es que el público prefiere muchas veces no gritar ¡olé! sino aplaudir.

En Ecuador fracasó la reforma propuesta en un referendo del presidente Rafael Correa para hacer incruentas las corridas. Solo prosperó en Quito y quedó claro que en el interés del mandatario primaba el populismo sobre la protección de los toros. Al fin y al cabo, aunque en esa ciudad se eliminó el uso de la espada, se mantuvieron tanto la pica como las banderillas. Después de la faena en el ruedo, los ejemplares toreados son matados a mansalva, en la oscuridad de los corrales, apenas retornan de la arena. En otras palabras, la principal diferencia es que la muerte no es frente al público. 

Y algo aún más complicado sucede en Portugal, país que con frecuencia es presentado como el ejemplo de la protección del toro. Paradójicamente, en ese país el animal puede acabar sufriendo aun más, pues es castigado muy duro con rejones y, en lugar de ser muerto inmediatamente, es sometido a un absurdo trámite burocrático que le prolonga el dolor, entre 24 y 48 horas, hasta que se autoriza su ejecución. 

Quizás el único caso moderno en que las corridas pasaron a mejor vida es el reciente en Cataluña, que cerró las puertas de la emblemática Plaza de Barcelona (una de las de primera categoría en España), en septiembre pasado. Para algunos, fue un premio a la lucha antitaurina. Pero el consenso general es que se trató de una decisión política ligada a la rivalidad entre Cataluña y el gobierno central de España. Pero ni siquiera ese capítulo está cerrado. El recién elegido presidente de gobierno, Mariano Rajoy, y el Partido Popular, han aceptado jugarse la carta que les queda para echar atrás el fallo que sepultó los festejos en Barcelona.

Los anteriores son los antecedentes de la cruzada en que se acaba de embarcar Gustavo Petro y de pronto también el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. No hay duda de que enarbolar la bandera antitaurina produce dividendos políticos. El 90 por ciento de la población no ha ido ni irá nunca a toros y si el debate abierto por Petro es percibido en términos de maltrato al animal o como un mano a mano entre el culto a la vida y el culto a la muerte, obviamente la causa de los taurinos está perdida.

Pero la cosa es mucho más compleja. El toreo tiene sustentos de orden cultural y una vieja tradición que se remonta a más de cinco siglos de historia en Europa y en América. Para constitucionalistas y legisladores, más allá de los seguidores de la tauromaquia, a la hora de tomar decisiones priman consideraciones tanto institucionales como jurídicas. Es por esto que el año pasado la Corte Constitucional sentó jurisprudencia autorizando las prácticas taurinas, aunque limitó su radio de acción al restringirlas, por ejemplo, a lugares donde siempre han existido.

Se rumora que Petro, después de haber prohibido los aportes financieros del Distrito a las corridas, tiene la intención de que se convoque a una consulta popular sobre el maltrato animal que incluiría las corridas de toros. Este referendo podría incluir elementos como morigerar el sufrimiento del animal, restringir el ingreso de menores de edad y no permitir festejos en épocas no tradicionales.

Esto querría decir que su verdadero objetivo no es eliminar las corridas sino proteger a los animales. Es decir, toreo sin la suerte final. Entre las fórmulas intermedias que buscan mantener las corridas minimizando el maltrato del animal podrían ser objeto de discusión los siguientes aspectos: 1) Reducir el número de pares de banderillas que obliga el reglamento. 2) Hacer más pequeño el tamaño de la pica. 3) Limitar el número de intentos en que el torero entra a buscar la muerte del animal con la espada.

¿Estarían dispuestos los taurinos a aceptar fórmulas de esa naturaleza? En principio, no. Los aficionados a la tauromaquia son en cierta forma fanáticos puristas. La corrida para ellos tiene tres segmentos: capote, muleta y estoque. Si les quitan este último para ellos ya no es corrida. Eso ha sido demostrado en los países donde hay lidia de toros sin muerte, en los cuales la afición ha disminuido considerablemente y el espectáculo ha perdido su importancia.

En el trasfondo de toda la cruzada antitaurina de Petro hay mucho de política. Y como donde hay política generalmente hay hipocresía, tampoco esta podía faltar. Cuando Álvaro Uribe buscó la reelección, Petro se opuso con el argumento de que el presidente estaba tratando de imponer el "Estado de opinión". Proponer ahora una consulta popular para enterrar la tauromaquia en el fondo no es más que recurrir a ese mismo Estado de opinión que tanto combatió y que ahora le gusta. Y tampoco es muy lógico que él, que ha luchado toda la vida por la defensa de las libertades individuales, les haya recomendado a los funcionarios del Distrito no asistir a las corridas.

Los defensores de la fiesta brava, por su parte, además de los argumentos jurídicos y filosóficos, esgrimen argumentos económicos. Los toros le aportan a la ciudad cuantiosos recursos. Entre 2000 y 2011 la Corporación Taurina de Bogotá le ha girado al Distrito 10.646 millones de pesos. Se calcula que los pagos de la actual temporada se acercarán a los 1.300 millones de pesos. A esto se sumaría que de desaparecer las corridas tendría que desaparecer también el ganado de lidia. Esta variedad de ejemplares de casta requiere de condiciones muy especiales y es muy poco rentable. Pero en los países donde hay corridas existe también una infraestructura de recursos humanos y de grandes extensiones de tierras que son necesarios para mantener esta especie.

El tema de los toros es tan explosivo como lo fue el de la expropiación del Country Club en la Alcaldía de Enrique Peñalosa. Pero dentro de la enorme problemática de Bogotá, tanto el uno como el otro son temas marginales. Al alcalde se le asoman en el horizonte desafíos gigantescos como el de la terminación de las obras inconclusas del carrusel de la contratación, el caos de la movilidad, la inseguridad y los desafíos en educación y salud, para citar solo algunos. Con esa agenda entre las manos, el debate sobre los toros es una discusión apasionada, pero definitivamente no prioritaria.

Una vez más, como siempre a lo largo de su agitada historia, el toreo está en el centro de una infinita discusión que se enciende y se apaga, atizada no solo desde afuera sino en su seno. No hay la menor duda de que abrir esa polémica ha aumentado la popularidad de Petro. En encuestas, la proporción entre enemigos y partidarios de la lidia es del orden de 90-10. Cabalgar encima de esa mayoría produce aplausos. Pero no todo se puede definir por encuestas. Si fuera así habría pena de muerte en Colombia por delitos como el secuestro y la violación de menores, que producen indignación entre la ciudadanía.

En ese caso, como en el de la fiesta brava, hay consideraciones de tanto peso como las mayorías en las encuestas. El más importante, tal vez, es el del respeto a los derechos de las minorías. Este es uno de los principales pilares de la democracia y seguramente fue una de las causas por las cuales Gustavo Petro combatió toda su vida antes de llegar a la Alcaldía de Bogotá. La fiesta brava no es una institución sagrada ni tiene por qué ser subsidiada por el Estado. Pero tampoco tiene por qué ser eliminada por decreto. Su suerte debería estar en manos de la afición. Si esta deja de asistir y las plazas dejan de llenarse, su muerte llegaría por causas naturales. En esas circunstancias nadie podría protestar. 
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