Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1993/08/23 00:00

DEBATE CALIENTE

Un concepto de la Procuraduría revive la discusion sobre la ley antisecuestro y revela que no hay consenso sobre cómo combatir este delito.

DEBATE CALIENTE

LEY ANTISECUESTRO Debate caliente
CUANDO A FINALES DEL año pasado se promulgó la Ley Antisecuestro, sus características represivas y su tinte más bien de derecha hicieron pensar que la clase dirigente cerraría filas en torno a ella. Pero no fue así. La semana pasada el procurador general encargado Mauricio Echeverri, dejó desconcertado a más de uno al pedir a la Corte Constitucional que declarara inexequible el grueso del articulado de la ley.
Según el concepto de Echeverri no solamente la eficacia de la norma ha sido marginal, sino que, además, la congelación de los bienes de los familiares de la víctima y la penalización del pago de rescates, atenta contra los derechos inalienables a la vida, la libertad y la propiedad. En su opinión, impedir el pago de un secuestro equivale a poner en peligro la vida de la víctima, y la penalización del pago de rescates habría convertido los familiares del secuestrado en delincuentes perseguidos por el Estado.
Las reacciones ante el concepto de la Procuraduría no se han hecho esperar. Para algunos sectores, el concepto que Echeverri presentó a la Corte puede echar por tierra los esfuerzos realizados hasta ahora. Y es que para muchos, la norma se había convertido en uno de los principales instrumentos para poner punto final a la indefensión en la que se encontraba la sociedad ante el secuestro.
Por iniciativa popular y con el respaldo de más de un millón de colombianos, la ley 40 pretendía acabar con el negocio del secuestro por medio de una elevada penalizaci6n del delito, el no pago de rescates y sanciones a quienes intervengan en la negociación con los plagiarios. Y de hecho, la ley funcionó. De enero a junio de este año, los índices de secuestro fueron 40 por ciento menores a los del mismo período del año 92. Las intervenciones de los grupos Unase alcanzaron índices de éxito del 90 por ciento y la gran mayoría de delincuentes capturados habían sido vinculados a procesos judiciales sólidos.
Los partidarios de la norma, liderados por Francisco Santos y la Fundación País Libre, han esgrimido argumentos de bastante fuerza en favor de las medidas contenidas en la ley. Para ellos, resulta obvio que en un país donde la gran mayoría de los secuestros se realizan por dinero, lo lógico es impedir que el negocio siga alimentándose. Agregan que para proteger los derechos no se puede recurrir al pago de rescates, pues ello equivaldría a legitimar a quienes suplantan al Estado en sus funciones, como es el caso de los grupos paramilitares. Finalmente, argumentan que lo que busca la ley es evitar que más y más colombianos se conviertan en víctimas del secuestro en el futuro, y que ello corresponde al deber que tiene el Estado de garantizar el bienestar de la sociedad, asi sea por encima de los intereses de unos pocos.
Sea como fuere, al final de la semana la polémica había adquirido los visos del eterno debate jurídico que surge cuando entran en conflicto el interés común y el particular. Y a pesar de que el concepto del Procurador no es de obligatorio acatamiento para la Corte Constitucional, lo que se anticipa es un forcejeo después del cual y cuando el alto tribunal tome una decisión definitiva, se sabrá si el país sigue dispuesto a hacer grandes sacrificios individuales para resolver uno de los mayores problemas delincuenciales que enfrenta, o, si por el contrario, cuando la ley se aprobó el año pasado, los colombianos mataron el tigre y se asustaron con el cuero. -

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