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| 6/8/2011 12:00:00 AM

Debate en el gobierno por crimen de Ana Fabricia Córdoba

Para el vicepresidente la muerte de esta líder se pudo evitar y merece reorientar los procedimientos de protección a las víctimas. Entretanto, el ministro del Interior reveló cartas en las que se evidencia que la mujer renunció a esquemas de protección.

El crimen de Ana Fabricia Córdoba, una líder que se destacó por reclamar los derechos de las víctimas en Antioquia, asesinada el pasado martes, volvió a encender las alarmas en el Gobierno.
 
El éxito del proceso de restitución de tierras, como lo afirmó Naciones Unidas, en buena medida pasa por las medidas de protección a víctimas y testigos, especialmente aquellos que llevan años de lucha reclamando las tierras de las que fueron despojadas.

Ana Fabricia es una de las cientos de líderes defensoras de las víctimas que encontró la muerte en esa causa. Su crimen, aunque generó indignación en el Gobierno, también despertó un debate interno entre las instituciones.

El vicepresidente Angelino Garzón no sólo consideró que el crimen de Ana Fabricia “pudo haberse evitado”, sino que cuestionó que la gente amenazada esté siendo abandonada. “Cuando hay una denuncia perentoria, hay que actuar”.

Garzón también puso el ‘dedo en la llaga’ sobre los procedimientos del programa de protección a las víctimas del Ministerio del Interior. En criterio del vicepresidente los trámites, en ocasiones, “son demasiado engorrosos”.

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, controvirtió la tesis de Garzón y consideró que lo engorroso no debe ser “resistirse” al estudio de riesgo que adelanta el programa de protección. Para Vargas, eso fue lo que sucedió en el caso de Ana Fabricia.

El funcionario reveló dos cartas, con firma y huella, en la que Ana Fabricia Córdoba se resistió a que evaluaran su condición de riesgo. Por lo tanto, los esquemas de protección previstos por el Gobierno no pudieron ser utilizados por la líder antioqueña.

Una postura que también defendió el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, quien además añadió que hubo llamadas reiteradas por parte del Gobierno para proveerle su servicio de seguridad “esas llamadas no habían sido respondidas por ella”.

El superintendente de notariado y registro, Jorge Enrique Vélez, por quien pasa en buena medida el éxito de la política de restitución de tierras, admitió que algunos de los registros que tiene en su despacho, y que tienen relación con predios en el sur de Bolívar, La Mojana, Montes de María, Urabá antioqueño y chocoano, Bajo Cauca, Córdoba, Meta y Guaviare, son zonas “muy complicadas”.

Una de las medidas de protección que se instrumentarán en el registro de tierras es la protección de la identidad de aquellos quienes realicen trámites y diligencias en las oficinas de registro. Esas zonas complicadas serán manejadas directamente en Bogotá, dijo Vélez.

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