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| 9/20/2010 12:00:00 AM

Debate interno en los 'verdes' por endurecimiento de penas a adolescentes

"Contrario" a los principios del Partido Verde, la representante Ángela Robledo pidió retirar el proyecto. La senadora Gilma Jiménez le responde: "No podemos quedarnos en una retórica que no funciona".

El debate sobre cómo resolver el problema de los adolescentes infractores de la ley comenzó en el propio seno del Partido Verde. Esta semana, la representante Ángela María Robledo le pidió a la senadora Gilma Jiménez, también miembro de esa colectividad, que retire la iniciativa que busca aumentar las penas para los jóvenes de entre 14 y 18 años.

Tras hacer un análisis del proyecto propuesto por Jiménez, Robledo concluyó que la iniciativa “contraviene postulados fundamentales de nuestro Partido Verde”.

El proyecto de la senadora Jiménez, que fue radicado la semana pasada, busca aumentar hasta a 15 años de reclusión el castigo para adolescentes que cometan delitos graves. La propuesta implica una reforma al Código de Infancia y Adolescencia, pues, según la norma vigente, los adolescentes que cometen homicidio doloso, secuestro o extorsión, pagan entre dos y ocho años de detención en centros de atención especializados, que están a cargo del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF).

Robledo explicó a Semana.com que endurecer las penas va contra un principio filosófico del Partido Verde, que es procurar los cambios a partir de la cultura ciudadana, y no sólo mediante leyes; además, dice que la iniciativa desconoce que “con educación todo se puede”, base del programa de la organización, pues el endurecimiento de penas es contrario al fin pedagógico que deben tener las sanciones para adolescentes.

La senadora Jiménez le respondió que “el Partido Verde tiene por principio defender a los niños y a los adolescentes”, pero este principio, en su criterio, no se ha desarrollado, “por lo cual es inocuo el argumento”, dijo.

En la primera parte del análisis sobre la reforma propuesta, Robledo aduce que los delitos graves cometidos por adolescentes no representan una cantidad considerable como para atacar el problema planteando una reforma “estructural” al sistema penal.

Según datos del Sistema de Información Estadístico de la Rama Judicial, el homicidio y las lesiones personales y el acceso carnal a un menor de 14 años, representan cerca del 8 por ciento de los delitos cometidos por adolescentes.

Por esta razón, la representante considera que el proyecto es “efectista”, entre otras cosas, porque también se presentó en un momento en que salieron muchas noticias sobre delitos cometidos por adolescentes.

Jiménez, quien reconoció que sí es cierto que los delitos graves cometidos por adolescentes son una minoría, considera que no se debe esperar a que los delitos aumenten para que se tomen las decisiones políticas. También argumentó que delitos como el homicidio y las agresiones sexuales han ido en aumento. “Un solo homicidio, una sola violación, ya es grave. ¿Cuántos debemos esperar para tomar decisiones?”, dijo.

La representante Robledo argumentó que se sabe muy poco sobre los factores que determinan, facilitan o disuaden la comisión de delitos por parte de los adolescentes, por lo cual llamó a Jiménez a hacer propuestas basadas en la prudencia.

Hay que “aplicar el viejo proverbio que aconseja ‘ante la duda, abstente'”, agregó, y no promover una modificación radical cuyos resultados se desconocen.

Jiménez, por su parte, refutó que se desconozcan las causas de la delincuencia entre los adolescentes. “Detrás de cada criminal hay una historia y una causa. Nuestra sociedad no es la mejor. Pero no podemos quedarnos en una retórica académica que funciona en las universidades, pero no cuando toca tomar decisiones”, dijo.

La propuesta de la senadora Jiménez, quien fue una de las promotoras del referendo para instaurar la cadena perpetua para los abusadores de niños, incluye la construcción de centros de reclusión para separar a los jóvenes infractores que cometen delitos graves de los que cometen delitos menores. El argumento de fondo para ese trato diferencial es que unos “dañan a los otros”. Además contempla que estos centros de reclusión pasen a la administración del Ministerio del Interior, pues hoy están al cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

“No se puede poner en el mismo centro a un joven que se roba un celular con uno que haya violado y asesinado a un menor”, dijo la senadora Jiménez. En su criterio, el problema es que desde cuando se diseñó la política para sancionar a los adolescentes, se le entregó al ICBF una tarea “que no hace parte de su función misional, que entre otras cosas tampoco ha cumplido”.

Por el contrario, “hay que arrebatárselos de las manos (de los delincuentes), abriendo para ellos caminos de oportunidad, de inclusión y de esperanza, y no tan solo las puertas de las cárceles, así sean cárceles para adolescentes”, respondió Robledo.

La representante recordó que las convenciones internacionales exigen que haya un trato diferencial en las sanciones para los adolescentes de las que se aplican a los mayores, que garanticen “una segunda oportunidad” y no como las que plantea Jiménez, semejantes a las de los mayores.

“El problema es el funcionamiento del sistema”

La representante Ángela María Robledo, quien pertenece a la Alianza por la Niñez, considera que el problema medular de la criminalidad adolescente no es el que el Código de Infancia y Adolescencia sea garantista, sino que el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes no está funcionando.

Este sistema es el que rige en la comisión de delitos por los adolescentes y, por lo menos en la letra, se ajusta a los principios de diferenciar las sanciones a menores en relación con las de los mayores.

Sin embargo, “dos informes, uno de la Procuraduría y otro de la Alianza por la Niñez dan cuenta de las fallas del sistema”, aduce la representante. Por esta razón, Robledo citó a la directora del ICBF, Elvira Forero, a un debate para que explique las debilidades del funcionamiento del sistema.

Entre estas fallas se cuentan: que los funcionarios encargados de aplicar el Código de Infancia no han sido debidamente preparados; los vacíos en la interpretación de la norma por parte de los integrantes de la Fuerza Pública, la Personería y la Fiscalía, entre otros, y la falta de adecuación de instalaciones para que se haga efectiva la judicialización de los delitos cometidos por adolescentes, entre otras.

Jiménez coincidió con la representante en que el ICBF, además de otras instituciones, no ha cumplido su tarea para que el sistema funcione. Sin embargo, para ella, la razón es que el organismo tiene otras tareas como las de garantizar la protección de los derechos de los niños y los adolescentes, “que no puede descuidar”.

Según la propuesta de Jiménez, aumentar las penas podría tener un efecto disuasivo de los adolescentes potencialmente infractores. Sin embargo, para la representante Robledo, no tiene sentido reformar el sistema cuando ni siquiera se ha instrumentado el que está vigente.

“Busquemos otras salidas. Ésta es la más fácil y los problemas complejos siempre tienen soluciones complejas”, dijo.

No obstante, “en Soacha, el viernes pasado, en un centro de reclusión unos muchachos se rebelaron, golpearon al celador y destruyeron las rejas. Estamos tratando con personas muy difíciles”, respondió la senadora.

Robledo argumentó que no votará la iniciativa propuesta por Jiménez y que si el proyecto prospera, apelará a la objeción de conciencia para votar contra él.

Otro de los puntos coincidentes entre las dos congresistas es que se debe endurecer las penas contra los mayores que reclutan adolecentes para que cometan delitos. La representante sugiere que por ahí es por donde hay que comenzar la discusión, “no por el lado más débil de la cadena”.

Si bien es cierto que algunos adolescentes que han cometido delitos lo han hecho a sabiendas de que las sanciones no serán como las de los mayores, también es cierto que para muchos las oportunidades, el acceso a la educación, una buena alimentación, entre otras condiciones, les son esquivas. El debate entre los verdes, y también en el seno de la sociedad, sigue abierto. Y aunque aún no hay respuestas, es una señal positiva para la democracia que los partidos asuman estas discusiones.
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