Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2004/03/21 00:00

Debate tóxico

Hay toneladas de pesticidas almacenados en malas condiciones por todo el país. La salud de los colombianos está expuesta mientras el gobierno no resuelva esto de una vez por todas.

Durante siete años han estado abandonadas 170 toneladas de tóxicos en el Copey, Cesar . Sin embargo, esto es una parte mínima de lo que hay regado por todo el país.

Todas los días los tres pequeños hijos de Leonidas Paredes juegan en el cementerio de tóxicos más grande del país: las ruinas del Instituto Galo Lafourie, un colegio del municipio de Codazzi en Cesar. Ese colegio fue cerrado a mediados de los 90 porque luego de que se investigaron los constantes desmayos, dolores de cabeza y de estómago de varios de sus estudiantes, se descubrió que debajo estaban enterradas varias toneladas de plaguicidas obsoletos que habían contaminado la tierra. Además en un examen hecho a 40 estudiantes se comprobó que 38 estaban intoxicados.

El instituto fue trasladado pero Leonidas, un campesino raizal que trabajaba como vigilante del colegio, se tuvo que quedar pues aún no le pagan su liquidación. "Todo el mundo me dice que me vaya porque aquí nos estamos envenenando, pero no tengo más opción", dijo resignado a SEMANA.

Así mismo, sin más opción, llegaron al vecindario desde hace varios meses unas 40 familias de desplazados por la violencia. Ya algunas de ellas han hecho las paredes de sus humildes ranchos utilizando esta misma tierra contaminada para hacer el bahareque.

Pero este no es el único problema de sustancias tóxicas abandonadas en el país. Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente calculó de forma preliminar que en Colombia hay 436 toneladas de plaguicidas almacenados en diferentes puntos del país, y no siempre en condiciones seguras. Adicionalmente, el informe revela que hay 4.973 toneladas de tierras contaminadas por un número indefinido de tóxicos enterrados.

SEMANA encontró que muchos de estos elementos tóxicos están en medio de zonas industriales y residenciales. Por ejemplo, hay un entierro de tonelada y media de plaguicidas debajo de unas bodegas en uso en la zona industrial de Barranquilla, y otro en el barrio Las Nieves en esta misma ciudad, contiguo a donde se construye la nueva sede del Tránsito Distrital. También comprobó que en un taller de metalmecánica en el sector de veraneo en Turbaco, cerca de Cartagena, hay varias cajas del insecticida DDT abandonadas y en mal estado. Y que en la Universidad Nacional en Santafé de Antioquia, varios kilos de químicos que se desenterraron están en un rústico cambuche.

Otras 400 toneladas de productos tóxicos similares están almacenadas en Honda, El Copey, Manizales, Girardot, Guainía, Medellín e incluso, en el centro de Bogotá.

Aunque el informe de la FAO-Minambiente calificó esta situación de "extremadamente peligrosa", gobierno tras gobierno se han pasado la pelota sin aplicar la ley y sin definir una política clara sobre el asunto. (Ver recuadro).

Algo inaudito, por decir lo menos. Y aún más cuando está por entrar en vigencia la Convención de Estocolmo, que regula el manejo de tóxicos como los que están diseminados por el país, y de la que Colombia es firmante.

El último palo de ciego en el tema lo dieron las autoridades por la crisis desatada por los tóxicos que iban a ser trasladados a Boyacá desde El Copey, Cesar, donde están abandonados desde hace siete años. Forzado por un fallo judicial que le prohibió incinerar estos químicos en una planta altamente especializada para ello en Nobsa, Boyacá, el Ministerio del Medio Ambiente se ve en este momento en la obligación de exportarlos para destruirlos en una planta similar en Europa, al doble del costo del que hubiese tenido en Colombia.

El Copey, florero de Llorente

Mientras se organiza la tóxica exportación, en el corregimiento de Caracolicito del municipio de El Copey, la situación es dramática. A pocos metros de la Troncal del Caribe, sólo un letrero a punto de caerse advierte que se está entrando a un predio contaminado. Al atravesar la verja, un penetrante olor a químicos que tapa la nariz y quema la piel alerta sobre el riesgo que se corre en el lugar. Los vecinos aseguran que cuando llueve o hace brisa, el olor se alcanza a sentir en el casco urbano de El Copey, a dos kilómetros de allí.

La única restricción para entrar a estas ocho bodegas desvalijadas es una cinta amarilla. En el interior, cientos de canecas apiñadas, oxidadas y fisuradas dejan salir de sus entrañas un viscoso líquido que se mezcla con la tierra que invade el lugar. Otras que ya han sido reenvasadas y se ven en mejor estado están sólo protegidas por un plástico. En las etiquetas que aún subsisten se puede leer Toxafeno, uno de los llamados Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), que están en un grupo de tóxicos proscritos mundialmente a los que se les conoce como 'la docena sucia'. Se trata de nueve pesticidas, un producto industrial y dos subproductos de la incineración de materiales que contienen carbono y cloro. También en el depósito de ElCopey hay varias canecas de MethilParathion, un insecticida de alta toxicidad y que exige un manejo especial. (Ver recuadro).

El problema en Colombia es principalmente con los pesticidas. En las zonas algodoneras era tan común su uso, que incluso existía el oficio de banderilleros que indicaban por dónde debían pasar las avionetas fumigando. Estos químicos muy populares en los años 70, fueron utilizados por la Federación de Algodoneros en la Costa, por cafeteros en el Viejo Caldas, por cultivadores de papa en Boyacá y de caña en el Cauca. Debido a esto no se descarta que en estas tres últimas regiones existan similares cementerios de tóxicos y tierras contaminadas aún no contabilizadas. También el Ministerio de Salud utilizó masivamente el DDT para el control de la malaria. Muchos, en especial la Federación de Algodoneros, aprovecharon los años de bonanza y se aprovisionaron. Pero quedaron encartados cuando Colombia prohibió en 1993 los 'tóxicos sucios', por lo que los dejaron abandonados en lugares como El Copey y Codazzi.

Los COP son altamente tóxicos, su degradación natural puede tardar cientos de años y se acumulan en los tejidos grasos, por lo que el cuerpo no los elimina fácilmente. Aunque se esté expuesto a pequeñas dosis, con el tiempo se presentan los problemas.

Los daños a la salud incluyen irritaciones en la piel, enfermedades respiratorias, disminución de las defensas y la fertilidad, y pueden crear malformaciones genéticas.

Un estudio encomendado por el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Salud al oncólogo Rafael Cervantes ya revela cómo el cáncer de mama, al que se asocia con el DDT, ha ido en aumento en los últimos 10 años en el Cesar, especialmente en Codazzi.

No se descarta que los gigantescos entierros de químicos ocasionen otro tipo de cánceres, algo que ya está demostrado en animales, pero aún no hay estudios definitivos sobre el tema en seres humanos.

La batalla perdida de Boyacá

Luego de terminada la Federación de Algodoneros, sólo un fallo del Tribunal de Cesar obligó a los ministerios de Ambiente y Salud a resolver el problema.

Entre tanto, la multinacional suiza Holcim compró la planta de Cementos Boyacá en Nobsa y le hizo los ajustes necesarios para que en sus hornos también se pudieran incinerar algunos de estos tóxicos. Fue tal el impulso que le metieron al tema, que junto con el Ministerio del Medio Ambiente lograron en tres años expedir tres resoluciones sobre los requisitos para eliminar tierras y plásticos contaminados con plaguicidas.

El siguiente paso era hacer una prueba piloto incinerando 17 toneladas de los tóxicos de El Copey, mientras se trasladaban las 153 toneladas restantes de tóxicos a una bodega de Tunja .

Pero algo falló. El Ministerio no les informó claramente a los boyacenses lo que se estaba haciendo y algunos políticos pescaron en río revuelto. Ahí fue Troya. Las denuncias de la gente hicieron que el Tribunal de Boyacá ordenara parar la prueba piloto mientras se estudiaba el asunto. Algo que en los estrados judiciales puede tardar años en aclararse.

Por eso, la ministra del Medio Ambiente Sandra Suárez dice que quedó en un emparedado de fallos judiciales. El del Tribunal de Valledupar que le ordenaba sacar los plaguicidas de el Copey y el de Boyacá que no la dejaba llevarlos allí.

Según Suárez, la solución de lo de El Copey no le va a costar un peso al país, pues se van a utilizar recursos donados por el gobierno holandés. "Para nada se ha descartado la tecnología que hay en el país. Resuelto lo de El Copey vamos a continuar con las pruebas en Nobsa", dice. Y esta es la nuez del asunto.

Hay voces calificadas en el tema de plaguicidas que han expuesto sus argumentos en contra de utilizar los hornos de Boyacá para incinerar ciertos tóxicos. Sin embargo, expertos del Minambiente, de la agencia de cooperación alemana GTZ que asesoró el proceso de destrucción de los químicos de El Copey y de la empresa Holcim aseguran que muchos de estos tóxicos se queman hoy en hornos similares al de Nobsa en países desarrollados donde el control ambiental es muy riguroso.

Una opción entonces es hacer una prueba piloto en el horno de Holcim-con los controles que se deben tener en este tipo de trabajos- y dejar que sean los resultados técnicos los que definan la solución. Si la prueba sale bien, Colombia tendría por fin una solución menos costosa y más viable para resolver el problema de estos tóxicos que hoy hacen tanto daño.

Mientras este debate se destraba, el gobierno tiene casi listo un decreto en el que delega la responsabilidad de la limpieza ambiental de estos químicos a productores, importadores o incluso a los dueños de los predios donde hoy estén enterrados o almacenados. En él también estipula que las corporaciones autónomas regionales vigilen que cumplan la norma, algo que no han hecho hasta ahora.

Esto deja, en la práctica, a las víctimas sin sin solución pronta a la vista, pues sólo definir quién debe eliminar los tóxicos será un nuevo debate. Mientras tanto, a Leonidas y a los desplazados de Codazzi, a los obreros de Turbaco, a los vecinos de Santa Fé de Antioquia y a muchos sólo les queda rezar para que los tóxicos con los que conviven no los estén matando.

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