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| 8/26/1985 12:00:00 AM

DEBER ANTES QUE VIDA

El asesinato del juez del caso Lara pone de presente la indefensión judicial

"Mientras el presidente Belisario Betancur recibe a Lucho Herrera, nosotros enterramos aquí a otro de nuestros compañeros asesinados", dijo el ex magistrado Gregorio Rodríguez Vásquez frente al cadáver del juez Tulio Manuel Castro Gil, acribillado el martes 23 de julio en una céntrica avenida de Bogotá.
La expresión recogía el sentimiento de indignación que reinaba entre los asistentes, en su mayoría miembros de la rama jurisdiccional, alarmados por el elevado número de jueces --30, incluidos 6 magistrados, que han sido asesinados en los últimos 5 años. Sin embargo, la indignación no sólo se limitaba a la cifra de un juez asesinado cada dos meses en Colombia, sino al hecho de que Castro Gil era, ni más ni menos, que el juez encargado de la investigación del asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla.
No se explican los jueces, ni tampoco se lo explica la opinión pública, cómo es posible que un juez con semejante responsabilidad y quien había sido amenazado reiteradas veces, no tuviera un mínimo de seguridad personal. La respuesta que dio el DAS fue que el propio Castro Gil había soIicitado que se le retirara la escolta. El Espectador reproduce el viernes 26, la carta fechada el 28 de octubre de 1984 en la cual el juez hacía esta petición y en la que además, decía: "Sólo Dios dispone de la vida del hombre. Nada se hace sin su voluntad. Creo en El.
He cumplido con una misión encomendada a mi sagrada función". Como si lo presintiera y aceptando en forma trágica lo que parecía su destino ineludible, el pasado 25 de abril en una entrevista que sostuvo con SEMANA a raíz del primer aniversario de la muerte de Lara Bonilla, había dicho: "Estoy seguro de que me quieren matar". Curiosamente, Rodrigo Lara Bonilla, días antes de ser asesinadoj había dicho en una reunión con periodistas: "Esos tipos me quieren matar", refiriéndose a la mafia del narcotráfico.
Paradójicamente, para estas muertes anunciadas, que en la mayoría de los casos van precedidas de un número considerable de amenazas, no es aplicable el refrán popular según el cual "soldado avisado no muere en guerra" .
La juez Nubia Serrano, de Asonal, interrogada por SEMANA dijo:
"Los jueces hemos aprendido a tener alma de mártires, porque si no nos acaban con la muerte física, nos matan con el desempleo, que es la única alternativa que tenemos frente a las amenazas, porque el Estado no brinda ninguna protección". Por otra parte, Jaime Pardo Leal, presidente de Asonal sostiene que "no es la protección que uno mismo se puede dar, es que el Estado está en la obligación de protegernos. A Tulio Manuel Castro le tocó suspender la escolta, porque no tenía cómo pagar. Como el Estado no protege, el juez tiene que dejarse matar o prevaricar".
Y Tulio Castro Gil escogió la primera alternativa. La pregunta que surge ahora es quiénes lo mataron. La reacción primera e instintiva que compartieron jueces y opinión fue la de responsabilizar a la mafia. Sin embargo, horas después empezaron a oirse versiones en el sentido de que no solamente la mafia tendría interés en eliminar al juez, sino personas vinculadas con el sonado "crimen del quinto piso", cuyos acusados han sido condenados a 15 años de prisión. En torno de este caso se han presentado varias muertes, entre ellas la de parlamentario José Antonio Vargas Ríos, quien había formado parte de la comisión que investigaba el robo de los 13 millones de dólares. Tampoco se ha descartado la posibilidad de que hubiera más personas interesadas el eliminarlo y se ha hablado de otro delicado caso que manejó, el del asesinato del jefe de bodegas de la Aduana de Eldorado, delito por el cual llamó a juicio a los hermanos Hernández Pacheco.
Castro Gil, presionado por la amenazas que había recibido, tomó la decisión de salir de la capital. "No veo la hora de salir de Bogotá, las amenazas continúan", dijo cuando efectuaba el inventario de su oficina para entregarla a su sucesor cuando preparaba maletas para viajar a Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), en donde había sido nombrado magistrado de la sala penal del Tribunal. Sin embargo, tomó una última providencia relacionada con personas vinculadas al caso Lara Bonilla, días antes de ser asesinado: levantó las órdenes de captura sobre una hermana de Pablo Escobar, y sobre los tres hermanos Ochoa, pero les fijó a cada uno una caución de dos millones de pesos. Esta fue su última actuación judicial.
El caso del juez Castro Gil queda ahora en manos de la justicia. Pero una cosa es cierta: independientemete de quién o quiénes hayan sido los autores del vil asesinato, lo que queda claro es que los jueces viven con la vida pendiendo de un hilo, en estado de absoluta indefensión.
Jueces asesinados
(Lista parcial)
Eduardo Moya Tovar, Cali
Juan Fortunato Sarmiento, Caquetá
Gustavo Adolfo Guzmán, Meta
Betty Perla U. de Prada, Cúcuta
Efraín Córdoba Castillo, Valledupar
Jairo Marín Jaramillo, Medellín
Ana Cecilia Cartagena H., Medellín
Esperanza Restrepo, Pereira
Rodrigo Bastidas, Bogotá
César Charry Rivas, Neiva
Amparo Castillo, Cali
Lalo Alfredo Becerra G., Sogamoso
Oscar Marín Madrid, Cali
Luis A. Obando C., Anserma (Cdas)
Alvaro Medina Ochoa, Medellín
Tulio Manuel Castro Gil
Jairo Restrepo Osorio
Hernando Villegas R., Medellín
Fernando Uribe Senior, Medellín--
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