Decisiones de alto riesgo

El pasado viernes el auditorio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano estaba lleno. Por fin estaba presentándose en sociedad una de las propuestas más promocionadas de la gestión de Luis Eduardo Garzón: el Plan Maestro de Espacio Público. Por eso, cuando la directora de Planeación Distrital, Carmenza Saldías, explicó los objetivos del plan, el auditorio irrumpió en un prolongado aplauso del que se abstuvieron unos pocos.

Pero no todos los bogotanos comparten el entusiasmo de los asistentes al lanzamiento del plan. Paradójicamente, al tiempo que este plan busca hacer de Bogotá una ciudad más ordenada, según dijo Saldías, la administración distrital puso en marcha dos medidas que contradicen sus objetivos.

La primera contradicción que pone en riesgo casi una década de esfuerzos de las administraciones anteriores para recuperar 1.742 kilómetros de andenes, parques, plazas y alamedas para el disfrute de la gente se evidenció cuando la administración anunció un decreto que reglamenta los cerramientos en conjuntos cerrados. La medida vuelve a abrir la posibilidad de que los barrios bloqueen sus calles y parques, cuando puedan demostrar problemas de inseguridad. Esta iniciativa, además de implicar un reversazo en el ordenamiento urbano, es inconsistente con el discurso de equidad e integración social que promueve el alcalde Garzón. Los cerramientos privatizan los espacios públicos y les quitan a los más pobres la posibilidad de usarlos. Tampoco implican una mejoría en las condiciones de seguridad. Por el contrario, si se permite que los bogotanos busquen en ellos formas alternativas de protección, la administración está reconociendo su incapacidad para proteger a los ciudadanos con la Fuerza Pública.

El segundo reversazo es la decisión de firmar un acta de compromiso con los vendedores ambulantes de la carrera séptima para el uso temporal del espacio público. Aunque el Alcalde señaló que los vendedores podrán utilizar los andenes como vitrinas mientras no vendan contrabando, no manipulen alimentos en la calle y no promuevan el trabajo infantil, la iniciativa puede ser nefasta. El primer problema será hacer cumplir este pacto, en una ciudad donde la escasa policía no da abasto ni para las labores propias de la seguridad. ¿Cómo se podrá vigilar cada puesto ambulante para revisar lo que venden?

De otra parte, al igual que en el tema de los cerramientos, evade la responsabilidad del Distrito de defender el interés de las mayorías, cediendo a las necesidades de los vendedores informales. A esto se suma el desestímulo para quienes trabajan en el comercio formal y pagan sus servicios e impuestos. Es que abre una compuerta peligrosa para que en un futuro los ambulantes se amparen en el derecho de 'legítima confianza' para ocupar indefinidamente la vía pública que les fue entregada por el propio Alcalde.

Si bien el defensor del espacio público, Germán Darío Rodríguez, dice que la concesión de la carrera séptima a los vendedores ambulantes es "un acto de gobernabilidad que demuestra que es posible ordenar el uso del espacio público", esta iniciativa y la de los cerramientos generan una ambigüedad normativa. Lo más preocupante es que esta vaguedad también está implícita en los apartes del nuevo Plan Maestro que se refieren al "aprovechamiento" del espacio público. En la rueda de prensa que se ofreció después del lanzamiento, Garzón dijo que "para entender lo que se piensa hacer es necesario diferenciar entre arrendamiento y aprovechamiento". Y la diferencia, según él, radica en que mientras en el primero un particular paga por tener un lugar, en el segundo se paga para usarlo, sin que eso signifique la tenencia de éste. Sin embargo, es difícil entender la diferencia.

Bogotá ha invertido 300.000 millones de pesos desde 1998 para mejorar su espacio público, con miles de kilómetros de ciclovías, andenes ampliados, plazas recuperadas y nuevas alamedas. Esto ha redundado en una calidad de vida mejor para sus habitantes y una disminución de la inseguridad. Es demasiado lo que está en riesgo con medidas como las de esta semana que además se contradicen con los propios propósitos sociales de la alcaldía de Garzón. De ahí que valdría la pena que las autoridades locales se aseguren de que estas concesiones a unas minorías no terminen sacrificando el bienestar de todos.