Siete temas cruciales que dependerán de los nuevos magistrados

Hace siete años un fallo de la Corte Constitucional sepultó la posibilidad de que se realizara un referendo para la segunda reelección, el punto decisivo de la agenda del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La protagonista en ese entonces fue una magistrada María Victoria Calle que le dio la espalda al presidente que la ternó, dejando muy clara su independencia. 

La semana pasada, en el piso quinto del Palacio de Justicia se vivió un histórico déja vu. Sin que haya terminado la renovación de este alto tribunal, el voto de Carlos Bernal, ternado por el presidente Juan Manuel Santos, fue decisivo para inclinar la balanza hacia la decisión que limitó el fast track.

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El hecho dejó claro que en la Corte Constitucional un voto hace la diferencia y por eso encendió los reflectores sobre la elección de los dos magistrados que faltan para completar los nueve cupos de esa alta corporación. Después de una larga espera, la Corte Suprema ya eligió su primera terna (Diana Fajardo, Álvaro Motta y Alejandro Ramelli) y está en mora de presentar la segunda.

La renovación de la Corte -que  hasta ahora ha integrado a tres de los cinco magistrados nuevos- ya comenzó a incidir en los pesos que tienen las diferentes fuerzas en el alto tribunal. El presidente de la Corte, Luis Guillermo Guerrero, ha dado un parte de tranquilidad y asegura que no será fácil que los magistrados que lleguen hagan giros abruptos y cambios jurisprudenciales, ya que existe una tradición constitucional de creación de jurisprudencia sólida. Y aunque puede que tenga razón en muchos casos, en algunos temas fundamentales las fuerzas sí pueden cambiar. 

No es excepcional que decisiones claves que marcaron al país se tomen con un apretado 5-4: la adopción de parejas homosexuales, el fallo que le devolvió el poder de veto de entes territoriales frente a la minería o la bendición a la Ley de Zidres. Estos son los temas en donde un voto puede ser clave. 

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1. Acto Legislativo de la JEP: Para el constitucionalista Rodrigo Uprimny la corte viene aplicando la tesis de la sustitución de la Constitución de manera riesgosa.  Para él, un precedente negativo es la sentencia que tumbó la reforma a la justicia contenida en la Ley de Equilibrio de Poderes y ahora la decisión del ‘fast track‘. A su juicio, esto incrementa el temor de que bajo este mismo paraguas se revise el Acto Legislativo de la JEP. Y más cuando una de las talanqueras durante la firma del acuerdo final fue precisamente la indefinición de a qué Rama del Poder Público pertenece; hoy solamente está creado con plena autonomía administrativa y financiera. La alarma es roja porque frente a un Acto Legislativo el pero de la corte solo puede ir en dos vías: por vicios de trámite o por sustitución de la Constitución, con lo que el escenario de condicionar o modular cualquier fallo queda descartado. 

2. Ley de Amnistía y decreto reglamentario: Mientras en medio de polémica se comienzan a conceder las primeras libertades condicionales y de amnistía, la Corte puso en el congelador el estudio de estas leyes en tanto no se estudie, por orden de jerarquía, las normas que crean la JEP teniendo en cuenta que son las que crean todo el sistema de justicia transicional. Sin embargo, antes de suspender su estudio se dejaron planteados interrogantes que podrían poner a temblar este punto clave del acuerdo de paz. Se trata de si el trámite que se dio a la norma, como ley ordinaria, correspondía en realidad a que se ordena constitucionalmente. Para algunos magistrados, la amnistía y el procedimiento penal especial a agentes de Estado se debió tramitar a través de una Ley Estatutaria. También se plantearon algunos vacíos frente a los derechos de las víctimas en el marco de la concesión de beneficios de la justicia transicional. 

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3. Consulta previa: El tema genera pasiones y despierta controversias. En la protección de los derechos constitucionales de las minorías étnicas y comunidades indígenas, la Corte frenó megaproyectos mineros y de infraestructura, como la mina de oro de Marmato (en Caldas) o la extracción de petróleo en campo Quifa, uno de los principales de Pacific Rubiales en el Meta. Sin embargo, las sentencias que más impactaron son las que las que tumbaron disposiciones del Código de Minas y del Plan de Desarrollo y que tienen al gobierno prácticamente reformulando la política minera de Colombia.

Aunque la Corte ya estableció una línea jurídica al respecto, con órdenes precisas al Congreso para que reglamente el uso de este mecanismo de participación, aún hay un frente que no ha pasado por la Sala Plena. Este tiene que ver con el poder vinculante de la consulta previa. En un fallo reciente de Sala de Revisión (de tres magistrados), las comunidades afro de Buenaventura ganaron una tutela porque los resultados de la consulta previa de sus comunidades fue desatendida; a lo que la Corte respondió que la consulta previa tiene un carácter vinculante o de obligatorio cumplimiento. Se esperaría que sobre el particular exista un pronunciamiento de la Sala Plena que dicte un veredicto final.

En manos de la nueva corte quedarían decisiones tan importantes como la de suspender indefinidamente la extracción de 36.000 barriles de petróleo en el Putumayo, por falta de consulta previa a una comunidad indígena. A través de una tutela, el resguardo indígena Awá de La Cabaña pide echar abajo el proyecto petrolero de la empresa Colombia Energy. Aunque ya hubo votación -quedó 4-3 en la anterior corte y quedó en manos de los conjueces Rodrigo Uprimny y el exmagistrado Jesús María Carrillo Ballesteros- con la llegada de los nuevos se tendrá que definir si las cartas se vuelven a barajar. 

4. Consultas Mineras: En marzo se llevó a cabo la consulta antiminera más multitudinaria que ha presenciado Colombia. Se dio en el municipio de Cajamarca y el voto negativo alcanzó el 97 % de la población. Este acontecimiento, precedido por varios fallos de la Corte Constitucional que le devolvían el poder de veto a los entes territoriales, abrió otros interrogantes en esta materia que tendrán que ser resueltos a través de desarrollos legislativos y por ende nuevos estudios de la Corte.

En este sentido, el siguiente reto será definir de qué manera la manifestación del pueblo se incorpora en el ordenamiento legal, así como también se tendrán que crear mecanismos válidos constitucionalmente de coordinación nación-territorio para crear reglas que eviten frenar en absoluto la locomotora minera.

5. Medio Ambiente: En este tema vienen dos fallos cruciales. De un lado, en Sala Plena se deberá resolver la tutela de derechos fundamentales de los habitantes de seis poblaciones que habitan en el páramo de Santurbán y que alegan problemas en la delimitación. Esas comunidades han vivido históricamente de la explotacion de oro y rechazan que la declaratoria de los páramos les impida realizar actividades para su sustento. Por otro lado, está en Sala de Revisión el estudio del impacto ambiental y de salud de la mina de níquel de Cerro Matoso, en Montelíbano (Córdoba). Por los problemas de salud registrados en las comunidades aledañas, la corte estudia la solicitud de clausura de la única mina de níquel del país. 

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6. Salud: La salud sigue siendo el derecho fundamental que más tutelas concentra en el sistema de justicia. Actualmente cursan en la corte dos sentencias de unificación que tendrán su descenlance de la mano de la nueva corte. 

La primera es la que está proyectada con fines de proteger a los colombianos de bajos recursos para que puedan acceder a tratamientos de fertilidad. Se calcula que cada procedimiento médico puede estar por el orden de los 20 millones de pesos sin certeza de éxito. Aunque la ponencia limita la prestación de este servicio a personas de bajos recursos, cálculos iniciales del Ministerio de Salud aseguran que una medida como estas podría sobrepasar costos por los 3.8 billones de pesos. De otro lado, la corte también comenzará el estudio de una sentencia de unificación a 30 tutelas, con la que intenta tapar una vena rota de más de 400.000 tutelas de pacientes sin recursos que requieren de pañales y pañitos. La ponencia pide que sean incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. Sin embargo una decisión en este sentido podría tener un enorme impacto fiscal. 

7. La interrupción voluntaria del embarazo: Por lo pronto, los nuevos magistrados se tendrán que pronunciar este martes sobre uno de los temas más sensibles del país: el aborto. Aunque la Corte despenalizó esta práctica en tres causales específicas, en Colombia causa polémica el hecho de que se pueda practicar a cualquier edad de gestación. Con ponencia a favor de mantener este sin límite para la interrupción voluntaria del embarazo comenzará una nueva batalla en el alto tribunal.  

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