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| 11/8/2013 12:00:00 AM

Las mujeres que ahora son inocentes

El Tribunal Superior de Florencia revocó la condena de dos mujeres que habían sido sentenciadas a 16 años de cárcel.

El 13 de febrero del 2003 el país conoció la historia de un avión en el que se movilizaban cuatro estadounidenses y que fue derribado en la vereda Alejandría de Florencia (Caquetá). Se supo que las FARC lo impactaron. El saldo fue un extranjero muerto y tres de sus compatriotas secuestrados. En el hecho el suboficial del Ejército Colombiano también falleció.

Días después en un comunicado el secretariado de esa guerrilla admitió que tenía en su poder a Keith Donald Stansell, Marc D. Gonsalves y Thomas R. Howes. Afirmaron que serían devueltos una vez se materializara con el Gobierno Nacional un acuerdo para la liberación de los integrantes de ese grupo armado privados de la libertad en las cárceles.

El 29 de noviembre de 2007 fueron capturados en Bogotá Leidy Johana Ramírez Rivera, Briguidh Adriana Vega Poveda y Humberto Montaño Valencia. A los tres la Fiscalía los señaló de colaborar con las FARC, puesto que en su poder les fue encontrado un paquete con pruebas de supervivencia de los secuestrados, entre ellas las de los estadounidenses liberados años después en la operación 'Jaque'.

A los tres detenidos la Fiscalía los señaló de ser cómplices en la comisión del delito de secuestro extorsivo agravado a título de dolo en contra de los estadounidenses. Acogiendo estos argumentos el juzgado primero del circuito especializado de Florencia emitió fallo de primera instancia el 11 de febrero del 2011 en donde condenó a las dos mujeres a 16 años de cárcel, mientras Humberto fue declarado inocente.

En la revisión de la del fallo del juzgado que hizo el Tribunal Superior de Florencia analizó cada una de las pruebas y estimó revocar la condena a las Leidy y Briguidh, mientras a Humberto le mantuvo la determinación que lo absolvió.

En el fallo conocido en exclusiva por Semana.com el Tribunal hace un completo análisis de las pruebas presentadas en contra de las tres personas y de las fallas en las que pudo incurrir la Fiscalía a la hora de pretender demostrar la culpabilidad de los procesados.

Se criticó que solo se les vinculara con el secuestro de los tres estadounidenses, cuando “es de conocimiento público que el mismo grupo guerrillero, para la época de los hechos, tenía en su poder, ilegalmente, a un sinnúmero de personas, como políticos, policías y militares, respectó a los cuales al parecer, también se enviaron pruebas de supervivencia”.

El Tribunal estudió los elementos con los que el juez de primera instancia emitió la condena. En ese momento se dijo que Leidy le entregaba a Briguidh pruebas de supervivencia que al parecer iban a ser llevadas a Venezuela para que las diera a conocer el entonces presidente Hugo Chávez.

En ese momento el juez estableció que la primera residía en una zona de influencia de las FARC, como es Tomanchipán (Guaviare) y que además se cambió varias veces el nombre. De la segunda se dijo que el tribunal estudió sus constantes viajes al vecino país y que se le encontró varios bolívares.

Ahora el Tribunal Superior de Florencia negó los argumentos anteriores. Aseguró que ninguno es contundente para emitir una sentencia condenatoria, pues el hecho que se viva en región de influencia guerrillera, en el caso de Leidy, no la hace colaboradora del grupo armado ilegal.  Por el lado Briguidh el Tribunal indicó que la Fiscalía no pudo derrumbar la versión de la mujer, en la que manifestó que sus salidas del país eran por su deseo de ingresar a una universidad en Venezuela.

El Tribunal al entrar a hacer la misma valoración estimó que en primera medida que la memoria USB y los elementos incautados en el momento de la captura nunca fueron presentados al despacho para su análisis.

Además se valoró que en Colombia es normal que se le pida a otra persona que lleve una encomienda sin que esta conozca qué es lo que carga en el interior. También se analizó que las FARC pudieron haber utilizado a ciudadanos que no pertenezcan a sus filas para no exponer a sus integrantes a una captura.

“Unas cartas de los plagiados aparentemente dirigidas a sus familias y unos videos con mensajes elaborados por las víctimas, no necesariamente son pruebas, de que quienes los transportaban, son conocedores de su contenido y tiene la voluntad de colaborar con quienes  conocen el crimen”, aseveraron magistrados encargados de la sentencia.

Para el Tribunal el papel de Leidy no fue más allá que el transportar las pruebas desde Tomanchipá hasta Bogotá y por lo cual recibió un millón de pesos y aunque fue advertida de que si era descubierta tendría problemas el contenido del paquete que traía no la hace conocedora del tipo de correo que llevaba consigo.

Del caso de Briguidh el tribunal analizó que fue la persona que se desplazó a una sitio en Bogotá para recibir el paquete de manos de dos desconocidos, pero que por “error del fiscal que practicó la indagatoria y omitió preguntas importantes, no se supo qué iba a hacer ella con ese paquete, ni quién era Andrés Cote, el amigo que por mensajes de texto le pidió desde Maracaibo (Venezuela) que recogiera la encomienda”.

Al igual que la primea instancia el Tribunal determinó que Humberto es ajeno a lo sucedido, pues únicamente albergó a Leidy en su casa en Bogotá por petición de su hijo dado que la mujer no conocía la ciudad.
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